Desde la oposición legislativa, el diputado Hugo Romero (UCR Córdoba) consideró que el proyecto de modificación del Monotributo del oficialismo se convertirá en un mecanismo para expulsar contribuyentes del régimen simplificado.
Esto se debe, de acuerdo a Romero, a que la actualización de los ingresos brutos que marcan la exclusión del Monotributo es exigua y, aunque se prevea un mecanismo para hacer menos gravosa la salida, ésta será masiva.
Romero dijo que la falta de actualización del Monotributo queda patente si se compara lo que significaban los ingresos brutos máximos en términos de Salario Mínimo Vital y Móvil en 1998, cuando el régimen se creó, y lo que representa ahora.
En concreto, el diputado radical puntualizó que, en las categorías que van hasta la C, los ingresos brutos quedan por debajo de la línea de pobreza.
Además, en 2020, con la inflación que hubo, no se actualizaron las escalas, recordó Romero.
Lo primero que hay que debatir es cómo hacer para que el Monotributo sirva para incentivar el cumplimiento tributario, y no el enanismo fiscal o la subfacturación, recalcó Romero.
Para eso, consideró Romero, hay que debatir una nueva actualización más allá del 35,2% del índice jubilatorio que prevé el proyecto.
Se necesita una mayor actualización para potenciar que más gente pueda acogerse al Monotributo, enfatizó el legislador.
El costo del pase al Régimen General
Esta ley en parte está tratando de solucionar el costo que tiene para el monotributista el pase al Régimen General de IVA y Ganancias, reconoció Romero.
Pero lo que hay que discutir es el procedimiento que se propone, advirtió Romero, y agregó que debe ser menos engorroso.
Sin una mejor herramienta y una mayor actualización, esta ley lo que estará potenciando es que más monotributistas pasen al Régimen General, afirmó Romero.
El mejor índice para la actualización
Por su parte, Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt, recordó que el Monotributo es un régimen simplificado, para la AFIP y los contribuyentes, que permite trabajar dentro de la economía formal con una carga administrativa baja y un costo impositivo casi nulo.
Tanto que aquellos que en 2020 facturaron $145.000 por mes, pagaron $7.000 de impuestos y $2.500 por aporte jubilatorio. Es decir, menos del 7% de la facturación para cancelar todas las obligaciones con el Estado nacional, calculó Laiún.
Los montos de facturación y de aportes al Monotributo se actualizaban anualmente a través del índice de movilidad jubilatoria, dijo Laiún.
Ahora bien, cuando el Gobierno suspendió la aplicación de la movilidad jubilatoria a principios de 2020, el Monotributo quedó sin posibilidad de actualización de ninguno de sus importes, indicó Laiún.
Fue hace pocos días que ante el inminente vencimiento de la recategorización anual se envió un proyecto de ley al Congreso que debe tratarse en sesiones extraordinarias y que propone ajustar los importes por el nuevo índice de variación de las jubilaciones, comentó Laiún.
Ajustar el Monotributo por la variación de las jubilaciones merece críticas, porque las jubilaciones están atadas a la recaudación y a la variación de salarios, definido así porque está pensado desde la disponibilidad de caja del Estado, aseveró Laiún.
Los topes de facturación del Monotributo deberían seguir el pulso de la economía real, por lo que el índice más razonable para mantenerlo en valores constantes con el paso del tiempo es usar un índice de inflación, afirmó Laiún.
La propuesta del gobierno al Congreso condena al Monotributo a una disminución en términos reales, enfatizó Laiún.
Complejidad de la propuesta
El resto del proyecto propone por primera vez un puente entre el simplismo extremo del Monotributo y la realidad de los impuestos nacionales y los aportes jubilatorios, expresó Laiún.
La simpleza del Monotributo tiene que ver con la carga administrativa y con su costo, remarcó Laiún.
En el pasaje al Régimen General, el costo crece de un día para el otro, y la única posibilidad de morigerarlo sería que el Estado se haga cargo de las liquidaciones mensuales de los contribuyentes por el IVA, comentó Laiún.
Este proceso ya está en parte iniciado con el Libro IVA digital, añadió Laiún.
Sin embargo, lo mismo debería verificarse en el Impuesto a las Ganancias, y ese proceso está muy lejos, por la complejidad de las normas y por la información necesaria, advirtió Laiún.
Los legisladores podrían trabajar por una estructura impositiva más simple y para clarificar la legislación, propuso Laiún
Además, deberían llevar los proyectos a los especialistas y aprobarlos con un año o más de anticipación, indicó Laiún.
Por otra parte, se debería dar más recursos a la AFIP para que pueda implementar rápido los cambios, evitando el “mal y tarde” al que estamos sometidos, enfatizó Laiún.
De esa forma, la AFIP podría utilizar la información de la que ya dispone para armar declaraciones juradas proforma (aportadas por el propio fisco), que los contribuyentes puedan evaluar y eventualmente conformar, concluyó Laiún.
Se duplica el trabajo
El asesor de pymes Vicente Lourenzo dijo que el proyecto denominado Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes también contempla un régimen transitorio para aquel que se encuentra por fuera del sistema.
Esto es para aquellos contribuyentes que excedieron los parámetros 2020 en un 25% sobre la máxima categoría, de modo que puedan regresar al Monotributo abonando las diferencias resultantes entre la categoría correcta y la inscripta, comentó Lourenzo.
Asimismo establece un Régimen transitorio para aquel monotributista que haya pasado al régimen general tanto de oficio como voluntario y que no haya superado el 50 % del límite de ventas anuales de las microempresas, añadió Lourenzo.
Es de suponer que una vez aprobado este proyecto su reglamentación establecerá los mecanismos de cálculo y fijará las nuevas categorías establecidas teniendo en cuenta la variación del haber mínimo jubilatorio, sostuvo Lourenzo.
Sin embargo, hubiera sido más conveniente fijar una prórroga en el vencimiento de la recategorización hasta tanto esté sancionada la ley, enfatizó Lourenzo.
En cambio, la no actualización generará para el contribuyente y su asesor impositivo la tarea de establecer una recategorización que en breve será corregida y que obligará a una nueva recategorización incurriendo en mayores costos, concluyó Lourenzo.
Fuente: iprofesional.com
