Desde el MONAPY destacan que las pequeñas y medianas empresas generan el 42% del PBI. Promueven el desendeudamiento total, reducción del costo laboral no salarial y resolver la problemática de los despidos, entre los puntos centrales.
“Las pymes generamos el 42% del PBI de la Argentina, somos el verdadero motor económico del país”, dice Alejandro Bestani, empresario pyme, actual presidente de la empresa familiar Inca, y titular del departamento pyme de la Copal. Además, forma parte del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) desde donde toma impulso un proyecto de ley que apunta a darles a las pymes un lugar central en la economía argentina.
El proyecto de la “Ley Federal de Fomento Pyme” se sustenta en un minucioso repaso de la actualidad pyme a partir del cual surgen una serie de propuestas “superadoras de los programas pymes que se han venido realizando en los últimos 30 años”, explica Bestani.
Para profundizar en su línea de pensamiento, el presidente de productos Inca sostiene que en la actualidad el país se sostiene en dos grandes patas: el Estado y las grandes empresas. Al respecto analiza que “ese es el error que tiene al país en esta situación de fracaso permanente”, y apuesta a que “cambie esa dinámica a una realidad en donde una pata esté conformada por el Estado y las grandes empresas, y la otra pata integrada por las pymes, que no existe en el país desde un punto de vista conceptual”.
La propuesta contempla los números que Bestani tiene en carpeta luego de un trabajo de relevamiento realizado con la Fundación Contemporánea. Según esos datos, a diciembre de 2019, el Estado genera 3,6 millones de puestos de trabajo y las grandes empresas 3 millones. Por su parte las pymes dan empleo a 3 millones de personas, a lo que se les deben sumar 4 millones del empleo informal, lo que arroja un total de 7 millones de empleos. Conceptualmente, podría incorporarse el universo de 4 millones de monotributistas y autónomos.
Siguiendo esa lógica, las pymes generan 11 millones de empleos sobre un total de 14 millones lo que equivale al 78,5%, y el 62,5% del empleo total si se lo compara con los 17,6 millones de puestos de trabajo totales que hay en la Argentina.
Además, desde el MONAPY resaltan el impacto de las pymes en el reparto del PBI, tomado a diciembre de 2019 con un dólar a $60. De un total de u$s400.000 millones, el Estado genera u$s180.000 lo que representa el 45%, y las grandes compañías producen u$s52.000 que equivalen a 13%. Mientras que las pymes producen u$s168.000 millones, es decir, el 42% del PBI. “Las pymes producen casi lo mismo que el Estado. En la Argentina nos faltó esa mirada en los últimos 30 años en la conducción económica para comprender el real impacto que las pequeñas y medianas empresas pueden tener en la economía argentina”, considera Bestani, y agrega: “Después del Estado, hay una sola economía que es la más importante”.
El tercer eje analizado desde MONAPY es el apalancamiento de cada sector sobre el aporte al PBI. De ahí surge que el Estado está endeudado en casi un PBI, por lo que para generar u$s180.000 millones necesita el doble de deuda. En el caso de las grandes empresas producen por u$s52.000 millones y tienen una deuda de u$s24.000 millones, lo que arroja que generan 2,1 veces sobre el financiamiento al que acceden. Pero en el caso de las pymes que generan u$s168.000 millones, la deuda financiera es de u$s6.500 millones, es decir, que multiplican 25,8 veces el financiamiento recibido. “Las pymes somos por lejos el sector más eficiente. Proponemos una verdadera revolución pyme, tenemos mucho para aportar para terminar con la pobreza en la Argentina”, explica Bestani.
Con la radiografía en mano, Bestani arriba al diagnóstico: “El 95% de los problemas que tenemos son los mismos, el endeudamiento que nos quedó de estos cuatro años de tasas altísimas y una presión tributaria bestial, la falta de financiamiento a tasas razonables, equilibro en la carga impositiva y laboral, y la resolución de la problemática de los despidos”.
El proyecto de la “Ley Federal de Fomento Pyme” busca ser “sencillo y entendible para todos. A largo del tiempo se han ido sancionando leyes y beneficios para las pymes, que terminan siendo impracticables, nadie los entiende”, considera Bestani. Es por eso que el borrador al que accedió Ámbito posee siete puntos centrales. El primero es la creación de la Agencia Nacional y Federal Pyme, con presencia federal y una conducción mixta entre el Estado y los representantes pymes.
El segundo es el desendeudamiento financiero y fiscal de las pymes, que en total ronda los u$s8.000 millones, mediante una moratoria con una tasa máxima del 10% y una quita importante, considerando que la deuda total es de apenas el 2% del PBI. En esa línea, el proyecto promueve una mayor financiación y plantea “destinar 5% del PBI al financiamiento global de nuestras pymes, sea a través de los bancos oficiales y/u organismos financieros provinciales”. Esos créditos deberán ser de 24 a 60 meses, con una tasa que no supere el 12%.
En cuanto a la presión tributaria, el cuarto eje plantea una “reducción de la carga tributaria y tasas de servicios mediante una nueva legislación que, sin desfinanciar al Estado, comprenda la capacidad de pago real de las pequeñas empresas”. Es por eso, que entre otros aspectos impositivos bosqueja una “reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, al 1% en todas las jurisdicciones”.
En ese sentido, el proyecto busca achicar el costo laboral no salarial con el siguiente esquema: “Reducir el costo laboral no salarial y según el convenio que legisle cada actividad, en un 50%, en forma gradual para el stock actual de empleados, estableciéndose costo 0% para los nuevos empleados que se generen. Buscando un valor de convergencia para ambos grupos en un plazo estimado de cuatro años, pudiendo ser el 50%”. También promueve resolver la problemática de los despidos para lo que propone la creación de un Fondo de Desempleo que permita agilidad en la desvinculación laboral, destinando un 5% de aportes. Además, de un “blanqueo laboral, que permita la correcta registración del empleo informal y exima a las empresas de reclamos anteriores”, y en el caso de los juicios laborales la fijación de topes indemnizatorios.
Por último, el proyecto delinea un gran programa de compre nacional para la esfera pública, en donde se disponga “un 30% mínimo como participación de las mipymes en la compra pública, siempre y cuando las pymes la puedan proveer”.
Fuente: ambito.com
