La semana pasada se conoció un Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) que propone la aplicación del alícuotas progresivas en el impuesto a las ganancias que pagan las sociedades de nuestro país, fijando la alícuota máxima en el 35% y manteniendo el impuesto sobre los dividendos en el 7%.
Uno de los argumentos esgrimidos remite a “diversos estudios” –los cuales no son citados, ni mencionados ni referenciados– que supuestamente demuestran que la inversión en nuestro país “…no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las ganancias…”, indicándose que “…está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico…”.
El otro, es de neto corte recaudatorio. Tan sencillo como subir la alícuota que pagan las sociedades para incrementar los fondos que ingresan a las cuentas públicas por este gravamen.
Señala el Mensaje de elevación del proyecto de ley al Congreso que nuestro país exhibe un nivel de recaudación menor en este impuesto que otros países con un nivel de desarrollo similar. La comparación es realizada con Chile, Uruguay, México y Colombia.
Ganancias sociedades: la mayoría de las empresas quedarían alcanzadas al 39,55%.
Para sanear la situación descripta, se pretenden introducir modificaciones permanentes a la alícuota de sociedades, mediante un “nuevo esquema innovador en la historia del sistema tributario argentino”, estableciendo un tratamiento diferencial en beneficio de las sociedades de menor tamaño.
Acorde al proyecto en cuestión, las sociedades abonarán el gravamen empleando la escala que se detalla debajo, según la ganancia acumulada que posean al cierre del año fiscal:
Veamos así que el primer tramo se aplicará con ganancias netas mensuales -antes de impuesto– que no superen los $108.333. Se trata de una ganancia anual de USD14.500 al tipo de cambio según el Banco Nación o a USD8.700 según la cotización CCL.
La alícuota del 30% se aplicará con ganancias mensuales de hasta $216.667, que equivalen a ganancias anuales de USD28.889, medidas al dólar ofical, o de USD17.333 consideradas al dólar financiero.
Entonces, surge a simple vista que la alícuota del 35% se aplicará para las “grandes empresas”, pero en realidad, convivirán en esta situación las PyME más medianas.
También es llamativo que el Mensaje de elevación pregona que con las alícuotas propuestas “el Poder Ejecutivo Nacional se hace eco de una demanda histórica de las pequeñas y medianas empresa, concediendo así más progresividad al tributo y al sistema general”. Lo que nos llama la atención es que existe una desconexión total entre las alícuotas propuestas y la categorización PyME dispuesta por la Resolución 69/2020 de la SEPYME.
Si es cierto lo que dice el Mensaje, y la mayoría de las empresas de nuestro país obtienen ganancias anuales que no superan los $2.6 millones, estamos en serios problemas. Y las alícuotas progresivas en el impuesto a las ganancias no son la forma de solucionarlo.
Las empresas necesitan un escenario económico para crecer, que otorgue un panorama de estabilidad para sus inversiones y confiabilidad en las normas para operar.
El Mensaje efectúa una remisión a la experiencia de otros países en la aplicación de alícuotas progresivas, pero se trata de países con situaciones muy diferentes (nivel de actividad, de empleo, de inflación, de inversiones, entre otras cuestiones).
Hoy, cuando muchas empresas deciden abandonar nuestro país y otras no lo eligen como plaza de inversión, la suba de la presión fiscal en el impuesto a las ganancias, más que traer una solución, parece ignorar un problema.
El Proyecto parece más preocupado por diferenciarse de la orientación política que concibió la reforma fiscal del año 2017 que por atraer inversiones y dar impulso a la actividad económica en nuestro país, de forma tal que ambos impacten positivamente en la vida de ciudadanos y empresas.
No existe mención alguna sobre las proyecciones económicas que produciría la implementación de la reforma.
Estando inmersos en una crisis macroeconómica reconocida por el propio Estado Nacional, que produjo el cierre de varias empresas y la mudanza de otras, los ciudadanos somos rehenes de la reiteración de medidas impositivas que insisten en una medida que no ha traído resultados favorables: aumentar los impuestos.
Mientras tanto, quienes tengan que invertir en nuestro país, revisarán la certidumbre de nuestro sistema tributario y verán que, en los últimos diez años, el panorama lejos está de ser claro y consistente…
Para concluir, no tenemos dudas de que la solución no pasa por “más impuestos”. Algo que se viene ignorando es la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, “gastar mejor” y con transparencia.
Es cierto que las PyME podrían beneficiarse con alícuotas diferenciales, pero difícilmente ello suceda con estos niveles de escalas. Así planteado, más bien parece que la mayoría experimentaría una suba y quedando gravadas al 39,55%.
Pero mucho antes que un “nuevo esquema innovador en la historia del sistema tributario argentino”, las PyME y las restantes empresas necesitan que se corrijan las distorsiones existentes. Entre ellas, la pésima atención al flagelo inflacionario que actualmente dispone la normativa vigente.
Fuente: iprofesional.com
