La acumulación de las malas noticias en la economía lleva a un único destino: la necesidad de buscar mayores recursos fiscales para financiar una mayor asistencia social. De esto se está discutiendo por estos días en la interna del Gobierno, y ya hay quienes están planteando ideas concretas, en el sentido de cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos o que se estén beneficiando de “rentas extraordinarias”.
Entre las propuestas que se debaten internamente figura una nueva suba a Bienes Personales -que ya en diciembre de 2019 había sido objeto de un incremento por dos años de duración para quienes tuvieran bienes fuera del país-. Por las dudas, ya hay aportantes que se ven venir la situación y están haciendo consultas al respecto.
También se analiza la forma de hacer tributar más a aquellos sectores que, como resultado de la pandemia, se hayan beneficiado por un incremento en su producto o servicio. Allí entran desde los productores agrícolas que están viviendo un boom de precios hasta los peso-pesados del delivery.
Todos tienen claro que existe el riesgo de judicialización ante un intento de incrementar la presión impositiva. Y, de hecho, el polémico aporte extraordinario de las Grandes Fortunas lleva apenas una recaudación de $30.000 millones, algo así como la décima parte de lo que se esperaba que pudiera ingresar en esta etapa del año.
El argumento de que ese tipo de imposición resulta confiscatoria y que se duplica con otros impuestos ha sido planteado por una larga lista de millonarios, que incluyen desde empresarios de la construcción hasta Carlitos Tévez.
Pero el sector más radicalizado del Gobierno, el que marca el programa económico de Cristina Kirchner, siente que esta vez tiene un poderoso argumento para justificar su voracidad fiscal: el hecho de que en muchos países desarrollados se esté aplicando un impuesto extraordinario a los ricos y que, por si fuera poco, el propio Fondo Monetario Internacional lo ve con buenos ojos.
El kirchnerismo argumenta con el discurso del FMI
Algunos de estos argumentos han sido expuestos por los economistas más cercanos a Cristina Kirchner, que marcan la necesidad de seguir los ejemplos internacionales justo cuando la situación social en Argentina empieza a complicarse por las restricciones ante la segunda ola del Covid.
Son posturas que llegan incluso a chocar contra la disciplina fiscal que ha venido defendiendo el ministro Martín Guzmán. Por caso, hasta hace pocas semanas, cuando se conoció el dato que la recaudación impositiva había crecido por séptimo mes consecutivo por encima de la inflación, y que además el crecimiento del PBI llegaría como mínimo al 7%, comenzaron las insinuaciones en el sentido de que eso dejaría un “sobrante” en la caja de la AFIP, que debería ser canalizada directamente a la ayuda social.
La advertencia del sector ultra K era que no había que permitir que Guzmán cediera a la tentación de llevar el déficit fiscal de 4,5% del PBI a una cifra más baja para congraciarse con los técnicos del FMI, sino que había que sostener ese déficit y aprovechar la mayor recaudación para fomentar el consumo.
Luego, cuando la segunda ola del Covid, la aceleración inflacionaria y las complicaciones para tomar deuda en el mercado local se hicieron evidentes, la presión no sólo no disminuyó sino que se hizo más intensa.
La portavoz más elocuente de esa iniciativa es la diputada Fernanda Vallejos, una de las economistas cercanas a Cristina, que ya el año pasado había causado revuelo con su propuesta de que el Estado capitalizara las ayudas a las empresas que recibían el ATP y se transformara en accionista de esas firmas.
Ahora planteó la necesidad de “avanzar en una política redistributiva en materia tributaria”, con foco en el aporte de corporaciones y élites económicas.
“La manera de saldar la tensión entre la necesidad de un mayor gasto social por parte del Estado en esta emergencia sanitaria y las restricciones fiscales en las que ponen el acento quienes están cuidando las cuentas públicas, es avanzar en una política redistributiva drástica en materia tributaria para que el mayor aporte de los más ricos o de las corporaciones que tienen ganancias extraordinarias -aun en la crisis– compense esos desequilibrios reduciendo la ampliación del déficit fiscal y la necesidades de emisión”, fue la definición de Vallejos.
Concretamente, apuntó a dos objetivos: primero, el impuesto a los Bienes Personales, donde ve margen como para que profundizar la escala como también la estructura alicuotaria para que haya una mayor carga sobre los sectores más ricos, como ocurre en los países desarrollados”.Y, segundo, instó a “pensar en tributos que observen la situación de las ganancias extraordinarias que algunos sectores han tenido, y esto lo observamos mirando los balances de esas grandes empresas”.
Mencionó el ejemplo que se aplica en Europa con la llamada “tasa Google”, algo que por estas latitudes se ha interpretado como el intento de gravar con impuestos extra a los servicios que han desarrollado un crecimiento explosivo en la pandemia, como Mercado Libre y otras empresas de servicios digitales.
Otro economista preferido de Cristina, Alfredo Zaiat, también tomó como base de análisis el reciente informe del FMI, apoyado por Kristalina Georgieva, para contraponerlo a la actitud del empresariado local, que masivamente ha considerado excesivo el aporte a las Grandes Fortunas.
Destaca que el FMI está de acuerdo con un impuesto global a las multinacionales y, sobre todo, que postula la expansión fiscal orientada a los grupos vulnerables, al tiempo que critica los efectos de la concentración de la economía.
Música para los oídos del kirchnerismo, que desconfía de los métodos dialoguistas de Alberto Fernández y está reclamando medidas más drásticas de intervención en las cadenas comerciales, un ejemplo de lo cual se vio con las amenazas de Paula Español al cierre de la exportación de carne y en el establecimiento de nuevos contralores.
Otro referente del kirchnerismo que aboga por “un shock redistributivo” es el ex viceministro Roberto Feletti, que argumenta que el hecho de que la canasta básica alimentaria haya aumentado un 46% en un en que la economía se contrajo un 9,9% es una prueba de que existe un mercado monopólico que actúa sin restricciones.
“El mercado de alimentos monopólico en la producción y la comercialización impone precios al consumo apoyándose en dos factores: la demanda rígida de los bienes -porque no comer no es una opción- y que el Estado deberá cubrir la insuficiencia de ingresos populares para evitar el hambre y la conmoción social resultante”.
Una asistencia que no alcanza
Mientras este tipo de quejas se plantean dentro del Gobierno, a Guzmán se le complica su plan financiero. No solamente nadie cree en su meta inflacionaria del 29% -los gremios más poderosos piden un 35% con cláusula de revisión- sino que además se le complica su plan para financiarse con el mercado financiero y depender menos de la asistencia del Banco Central.
En la última licitación, buscaba renovar vencimientos por $70.000 millones y apenas logró tomar $37.000. Lo cual pone al Gobierno ante la disyuntiva de subir las tasas de interés -arriesgando un efecto de enfriamiento de la economía- o tener que volver a emitir dinero para tapar los agujeros fiscales, lo cual echa combustible a la inflación y puede desestabilizar al dólar.
Es por eso que cada vez gana más fuerza el reclamo de los que piden “una reforma impositiva con mayor progresividad”. Es una presión que aumenta a medida que queda en evidencia que los nuevos planes de asistencia social se quedan cortos para cubrir las situaciones de emergencia social en la segunda ola de la pandemia y vuelve la presión para que se reinstauren asistencias monetarias directas, al estilo del IFE.
La suba en la cobertura del programa REPRO no llega compensar a las empresas que recibían el ATP y siguen con sus niveles de actividad restringidos. Pero, sobre todo, las nuevas ayudas, como el refuerzo en la AUH o la mayor carga en la tarjeta alimentaria, no tienen punto de comparación con un programa como el IFE, que el año pasado asistió a 9 millones de personas. En comparación, los programas organizados desde el ministerio de Desarrollo Social por Daniel Arroyo no llegan a cubrir a dos millones de personas.
Claro, entre el IFE y el ATP se llevaron más de 3% del PBI, un costo fiscal que Guzmán no está dispuesto a asumir nuevamente.
Aportantes de Bienes Personales, a la defensiva
En definitiva, ya no se habla de implantar un Ingreso Ciudadano Universal, como se había llegado a fantasear el año pasado. Ahora, el Gobierno tiene claras sus limitaciones fiscales, pero también es consciente de que un 42% de pobreza, en un contexto de nuevos cierres de actividad por la pandemia, requiere otras medidas excepcionales.
En otras palabras, se está analizando dónde se puede rascar la olla para obtener más recursos fiscales. Y hay quienes saben que son candidatos. No por casualidad, en estos días los mayores estudios de asesoría tributaria hierven de consultas sobre la posibilidad de modificaciones que incrementen la presión impositiva.
“Algo que nos consultan todo el tiempo es por Bienes Personales. Porque la última reforma, que llevó la tasa de 1,25% a 2,25%, estaba pensada para dos años. Y todos dan por descontado que habrá una reforma para extender el régimen y posiblemente con una alícuota mayor”, comenta Fernando López Chiesa, especialista del estudio Lisicki Litvin.
Explica el experto que, tras el cierre de la declaración del 2020, que será en junio, el fisco empieza a percibir los adelantos por Bienes Personales a cuenta del 2021. Y si no se modifica la ley, esa suma irá decreciendo porque se volverá a las tasas anteriores.
Es decir, el efecto totalmente opuesto al planteado por la diputada Vallejo. Lo que implica que seguramente se impulsará un debate en el Congreso, para subir las alícuotas de Bienes Personales. O, como mínimo, se podría subir la actual alícuota de 2,25% a 2,50%, para lo cual no es necesario sancionar una nueva ley.
“En el Gobierno siempre piensan primero en este impuesto cuando hablan de progresividad. Somos uno de los únicos países con impuesto al patrimonio basado en los bienes; en el mundo debe haber unos 15 países que lo aplican. Otros gravarán la herencia. Y no se aplica mucho en el mundo porque se supone que es un impuesto que castiga la inversión“, apunta López Chiesa.
En la visión de los tributaristas, ese es el motivo por el cual en otros países se está hablando de un impuesto solidario ante la situación de la pandemia: precisamente, por la no existencia de un impuesto de tipo patrimonial como Bienes Personales.
Lo cierto es que este impuesto no representa más de un 3% del total recaudado, aunque se encuentra entre los que están creciendo a más velocidad; en el primer trimestre, hubo una variación nominal de 344% respecto del año pasado. Y si bien los $207.000 millones recaudados el año pasado podría parecer una suma no muy impactante frente a otros impuestos, tiene potencial para atender las urgencias del Gobierno hoy.
Hay que recordar que cada IFE implicó el pago de $90.000 millones, todos salidos de la asistencia del Banco Central al Tesoro. De manera que una reforma impositiva es vista como muy probable por los mayores aportantes, que por las dudas están estudiando medidas defensivas.
“Si llegara a salir un nuevo aumento en la alícuota de Bienes Personales, le asignó una alta chance de que el tema se judicialice. Con el nivel de presión impositiva que hay, se puede argumentar que es confiscatorio“, señala López Chiesa.
Mientras tanto, los datos oficiales siguen dando malas noticias y la usina de economistas del Gobierno avanzan en su obsesión por conseguir más recursos.
Fuente: iprofesional.com
