Será a partir del 1° de enero de 2022, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía. Se “corrige una distorsión que dañaba el dinamismo del sector”, indicaron fuentes del Gobierno. La medida apunta a “fomentar la creación de empleo, generar divisas e impulsar la agregación de valor”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este viernes la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios, una medida que apunta a fortalecer el desempeño y la competitividad del sector de la economía del conocimiento como segundo complejo exportador del país.
Así lo comunicó el ministro Guzmán junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una reunión con representantes de Argencon, Accenture, Globant, PWC, Ernest & Young, Tax&Legal, Laboratorios Bagó y el INVAP, informó la cartera económica.
La industria de servicios es el segundo complejo exportador, sólo superado por el complejo oleaginoso-cerealero y en 2018, por primera vez en la historia, el sector comenzó a pagar retenciones de hasta 12%, a partir de una medida aplicada por el Gobierno de Juntos por el Cambio.
Esta medida que baja a cero las retenciones, “corrige una distorsión que dañaba el dinamismo del sector”, se explicó oficialmente al señalar que el primer paso se dio con la ley de Solidaridad que bajó significativamente el porcentaje de retenciones.
La medida apunta a fomentar la creación de empleo, generar divisas e impulsar la agregación de valor, por lo cual a partir del 1° de enero de 2022, el Gobierno eliminará por completo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior.
“Esta medida fortalece al sector de la economía del conocimiento, clave en la construcción de una Argentina con más dinamismo productivo, trabajo y estabilidad macroeconómica”, afirmó Guzmán en su cuenta de Twitter al anunciar la reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios.
Para el ministro, el de hoy es “otro paso más hacia una política tributaria que favorece la agregación de valor y el empleo” al entender que “la eliminación de estas retenciones revierte la decisión fiscalista y anti-productiva adoptada en 2018 que por primera vez en la historia imponía impuestos aduaneros al sector”.
El camino de reducción de los derechos de exportación
La Ley de Solidaridad Social estableció una política de reducción de los derechos referidos a las exportaciones de mayor valor agregado (industria, economías regionales y servicios), “con el objetivo de cuidar la sostenibilidad fiscal, promover el empleo y el dinamismo productivo con un sentido federal”, indicó Economía.
Para el caso de los servicios, se estableció en primer lugar una reducción de la alícuota al 5% que rigió durante todo el año 2020 (durante 2019 había sido entre 11% y 7%).
En diciembre de 2020, el decreto N° 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento estableció que a partir de 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación.
Ahora, a partir de 2022, tanto las empresas inscriptas como las que aún no lo están pagarán cero.
Las exportaciones de servicios son una fuente de generación de valor novedosa: fomentan la creación de puestos de trabajo en todo el país y el incremento de divisas.
La industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó durante 2020 un total de u$s5.700 millones anuales. Los principales destinos fueron EE.UU. y la Unión Europea.
La política de JxC
En 2018 se dispuso un derecho de exportación de $4 por dólar exportado (en ese momento equivalente a una alícuota de 12%) a las prestaciones de servicios producidas en el país y consumidas en el exterior.
De esta manera, por primera vez en la historia de nuestro sistema tributario, comenzaron a aplicarse derechos de exportación a los servicios. La medida implicó una modificación del Código Aduanero para incluir a los servicios como mercadería susceptible de ser importada o exportada.
“Aplicar derechos de exportación a los servicios fue una política errada consecuencia de una mirada exclusivamente fiscalista sobre los derechos de exportación durante el período 2015-2019, cuando se resolvió aplicar alícuotas a todos los bienes y servicios (independientemente del nivel de valor agregado) y con poca diferenciación entre bienes primarios, industriales, servicios, etc.”, remarcaron fuentes oficiales.
Fuente: ambito.com
