El 8 de octubre pasado, un total de 136 países, entre los que se encuentra Argentina, llegaron a un acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para cambiar la forma de gravar a las grandes compañías multinacionales y empresas en el mundo. El acuerdo pretende que estas grandes empresas paguen impuestos por los beneficios que generan, en cada Estado o territorio donde tienen sede, así como una tasa mínima para los impuestos de sociedades.
La profunda reforma del sistema fiscal internacional que se ha acordado en la OCDE garantizará que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% a partir de 2023.
La solución está basada en dos grandes pilares y será presentada a los ministros de Finanzas del G-20 en Washington DC, el 13 de octubre y, a finales de octubre en la Cumbre del G-20 en Roma.
Según lo informado por OCDE, el Primer Pilar garantizará una distribución más justa entre países de los beneficios y derechos de imposición relativos a las mayores y más rentables empresas multinacionales. De este modo, se reasignarán algunos derechos de gravamen sobre las multinacionales desde sus países de origen hacia los mercados en los que estas empresas realizan su actividad económica y obtienen beneficios, con independencia de si tienen, o no, presencia física en ellos.
Las empresas multinacionales cuyas ventas mundiales superen los 20.000 millones de euros y su rentabilidad exceda del 10% —que pueden considerarse las más favorecidas por la globalización—, estarán sometidas a las nuevas normas, de modo que se reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25% del beneficio que supere el umbral del 10%.
En el marco del Pilar Uno, la OCDE informó que se espera reasignar a estas jurisdicciones de mercado, el derecho de imposición sobre más de 125.000 millones de dólares estadounidenses de beneficios anuales. Se espera que, en los países en desarrollo, el aumento de la recaudación tributaria sea proporcionalmente mayor que en las economías más avanzadas, en relación con los ingresos actuales.
El Segundo Pilar introduce un impuesto mínimo global sobre sociedades del 15 %. El nuevo tipo impositivo mínimo se aplicará a las empresas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros, con lo que se calcula que generará una recaudación tributaria adicional, en todo el mundo, de unos 150.000 millones de dólares estadounidenses anuales.
Los países esperan firmar una convención multilateral en 2022, cuya aplicación sea efectiva en 2023. La convención ya se encuentra en fase de elaboración y constituirá el vehículo para implementar los nuevos derechos de imposición pactados en el marco del Pilar Uno, así como para suspender y suprimir disposiciones relativas a todos los impuestos sobre los servicios digitales y otras medidas unilaterales existentes.
Interrogantes
Los países que más se beneficiaban con las maniobras fiscales de las grandes empresas, fueron los primeros en intentar trabar el acuerdo. Siempre han esbozado, como principal argumento, que la competencia fiscal entre países es algo bueno, y que sin competencia internacional los gobiernos se transforman en monopolios. Es decir, de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios favorables a la eficiencia entre países.
Como contrapartida a estos argumentos, se pueden pensar en otros mecanismos de atracción e incentivo que podrían implementar las jurisdicciones, en teoría, perjudicadas. Exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de modifiquen la tasa efectiva que pagan las empresas.
También queda abierto el interrogante sobre qué estrategias aplicarán, de ahora en más, los paraísos fiscales ante este nuevo escenario.
En definitiva, empresas y países tienen el desafío de readaptar sus políticas fiscales con miras al año 2023. La firma de 136 países es un logro en sí mismo, pero sin lugar a duda habrá perdedores y ganadores.
Fuente: iprofesional.com
