La reciente norma del BCRA para evitar una mayor sangría de dólares generó un profundo malestar en el sector empresario. Muchos advierten que no podrán seguir operando por la dificultad de conseguir crédito del exterior.
Desconcierto, temor y una fuerte incertidumbre. Este es el sentimiento que prima en el sector empresario a partir de las últimas medidas que restringieron aún más las importaciones, en un contexto de escasez de divisas que se agrava día a día. Miedo a no poder continuar con su negocio, en los casos de importadores netos, y muchas dudas entre los industriales sobre el abastecimiento de los insumos que requieren para la producción. ¿Las consecuencias en la vida cotidiana? Menos oferta de productos, nacionales e importados, y una fuerte presión sobre los precios.
La norma 7532, que el Banco Central (BCRA) sacó este lunes en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, generaliza las restricciones que ya rigen desde comienzos de marzo en cuanto al acceso al dólar oficial para los importadores. Concretamente, la medida que establecía un cupo para el acceso al mercado de cambios de todos los productos bajo Licencia Automática ahora incluyó a todos aquellos bienes que, como se producen en la Argentina, tienen Licencia No Automática (LNA) y deben contar, primero, con la aprobación de la cartera productiva para poder ingresar al país. Hasta la publicación de esta última norma, estas posiciones arancelarias, una vez que obtenían la llamada SIMI, no tenían restricciones para el acceso a los dólares oficiales. Pero ahora, salvo excepciones como la energía, bienes de capital y medicamentos, todo quedó incluido en el cepo. Fuentes del comercio exterior explicaron que la medida afecta al 17% de las importaciones (todo lo que está bajo LNA), que en 2021 explicaron compras por USD 1.300 millones mensuales.
Por ende, para todas las importaciones que superen en 5% las de 2021 o en 70% las de 2020 no habrá acceso al mercado de cambios y las empresas deberán conseguir el financiamiento para poder realizarlas. En la medida solo hubo una flexibilización para las pymes cuyas importaciones el año pasado no hayan superado el USD 1 millón. En esos casos, podrán acceder a los dólares oficiales por hasta un 15% más que lo ingresado en 2021. El resto, también deberá ser financiado a 180 días.
“Yo voy a tratar de sentarme lo más posible encima de la mercadería a esperar septiembre a ver si vuelven a la situación anterior. Tengo que cuidar mi mercadería como si fuese oro”, se sinceró otro importador
Ocurre que son pocas empresas las que pueden conseguir crédito en el exterior, y menos en este momento, con el riesgo país por encima de los 2.500 puntos y la gran incertidumbre macroeconómica inherente a la Argentina. “Como nunca necesité financiamiento, no indagué. Pero como mucho, te pueden dar crédito por 90 días desde que salió la mercadería. Y el BCRA ahora te da 180 días desde que entró el producto al país. Con la norma de febrero, ya muchos proveedores me dejaron de entregar. El resultado de todos estos meses es muy negativo y nada indica que esta medida se termine el 30 de septiembre”, manifestó, con mucha molestia y preocupación, un importador de bazar.
El empresario dijo que cuenta con stock para tres o cuatro meses y que si bien en estas situaciones las ventas se aceleran, “lo más probable es que esto se resuelva con un fuerte aumento de precios para bajar la demanda y cuidar la mercadería”. Contó además que muchos colegas suspendieron por algunos días las operaciones hasta no tener claro cómo proceder y que si bien algunos consiguen financiamiento, muchos de Brasil, se resisten porque tienen muchas dudas sobre lo que sucederá en los próximos seis meses. “¿A qué precio lo vendo?”, se preguntan, ya que a fin de año nadie puede prever lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio oficial, y menos aún en el actual escenario de amplia brecha cambiaria y escasez de reservas. Sumado a ello, los mayores costos financieros que implica un crédito a seis meses.
Una gran preocupación que hay en el sector importador por estas horas son todos los contenedores que están en tránsito al país y que deberían ser cancelados una vez que ingresen al país. Con esta medida, deberán decirle a su proveedor que no podrán pagarle hasta diciembre.
“Va a haber mucho ajuste de las cantidades importadas y la demanda va a seguir sostenida porque la gente no quiere quedarse con los pesos. Eso va a presionar al alza los precios, además del factor incertidumbre del costo de reposición”, afirmó otro empresario importador.
Consultado al respecto, Diego Kravetz, uno de los socios de MacStation, el principal distribuidor de Apple en la Argentina, se mostró preocupado por la reciente medida del BCRA, ya que los obligará a conseguir más financiamiento externo del que ya estaban obligados desde marzo, además de que ello tendrá impacto en los precios. Sin embargo, también confía en que desde la cartera que dirige Daniel Scioli no frenará las autorizaciones de SIMIs, necesarias para el desarrollo de la economía del conocimiento.
“Desde el 2019, el Ministerio de Producción nos recibió y consideró nuestros productos como insumos de la producción, esenciales e insustituibles para muchos segmentos de empresas que exportan servicios al exterior. Somos optimistas en que seguirán haciéndolo y que lograremos conseguir crédito en el exterior”, dijo el empresario. “Yo voy a tratar de sentarme lo más posible encima de la mercadería a esperar septiembre a ver si vuelven a la situación anterior. Tengo que cuidar mi mercadería como si fuese oro”, se sinceró otro importador.
“Las posibilidades de obtener financiamiento de proveedores del exterior son muy limitadas y a costos elevados, máxime cuando se enfrenta un escenario de escasez de diversos productos a nivel global”, dijo la Cámara Argentina de Comercio
De acuerdo con datos del comercio exterior, las 20 principales firmas importadoras requirieron USD 15.320 millones de los casi U$S 64.000 millones comprados al exterior en 2021. Y la mitad de lo importado fue consumido por 292 empresas. Eso quiere decir que la otra mitad la explican más de 8.300 empresas. La mitad de estas firmas, que tienen más difícil el acceso al financiamiento en el exterior, compraron en 2021 por hasta USD 1 millón; es decir, que lograron ahora una flexibilización.
Entre las empresas afectadas, se encuentran algunas que son contratistas del Estado. Es el caso de Army Technologies, que le provee de hardware, acaba de ganar varias licitaciones y no puede pagarle a sus proveedores del exterior para que le fabriquen los equipos. “Estamos evaluando cómo pedir la suspensión o inaplicabilidad del régimen para este tipo de operaciones, sobre todo con productos complejos del sector de hardware”, adelantó a este medio el abogado Julio Fonrouge Echagüe, del estudio JP O´Farrell. Lo que evalúa presentar es una impugnación administrativa, ya que los productos involucrados son esenciales para la actividad del Estado.
En otros sectores analizarán medidas a adoptar, pero el abogado anticipó que “va a haber mucho planteo impugnatorio administrativo y judicial” contra esta reciente norma, que “resulta ser un obstáculo más sumado al CEF, a la norma 7466 del BCRA, a las DJCP del sector textil, y a las SIMIs, que afectó a sectores en competencia que están pagando los platos rotos de la pasividad observada por la administración nacional en lo que respecta al sector energético”, principal problema del desbalance.
Las 20 principales firmas importadoras requirieron USD 15.320 millones de los casi U$S 64.000 millones comprados al exterior en 2021. Y la mitad de lo importado fue consumido por 292 empresas. Eso quiere decir que la otra mitad la explican más de 8.300 empresas.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también cuestionó la medida y remarcó que “habida cuenta de la situación macroeconómica vigente en Argentina, con un elevadísimo nivel de riesgo país y un historial crediticio que dista de ser inmaculado, las posibilidades de obtener financiamiento de proveedores del exterior son muy limitadas y a costos elevados, máxime cuando se enfrenta un escenario de escasez de diversos productos a nivel global”. “Esto hace que imponer está exigencia sea muy similar a condenar a numerosas empresas argentinas a reducir drásticamente –o incluso suprimir– sus compras del exterior”, sostuvo la entidad.
Además, remarcó que esta decisión “amenaza con paralizar las operaciones de múltiples ramas de la actividad, dañando severamente a la economía en su conjunto, con su consiguiente perjuicio en materia de empleo, recaudación tributaria y tantas otras variables”, además de que “la menor oferta de bienes agrega una presión adicional sobre los precios, agravando así el fenómeno inflacionario”.
