El acuerdo con el FMI había previsto su debut en junio. La demora en la aprobación del decreto y las resoluciones reglamentarias trasladaron su inicio a julio. Tras la renuncia de Martín Guzmán y el desembarco de Silvina Batakis en el ministerio de Economía se pospuso para agosto. Y ahora, para darle más tiempo a los usuarios que no se inscribieron todavía en el registro de acceso a los subsidios y por acuerdos pendientes con las provincias, la segmentación tarifaria en los servicios de energía eléctrica y gas va camino a sumar una nueva postergación.
Tras no haber alcanzado la cantidad de usuarios residenciales que esperaban tener anotados en el inicio de la última semana de julio en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), los funcionarios de Energía y de la cartera económica acordaron extender los plazos de inscripción, en principio, hasta mediados de agosto tanto para las declaraciones efectuadas por vía digital, como para las tramitaciones presenciales en las oficinas de la ANSES.
Con esta prórroga, los primeros aumentos para los hogares que se queden sin subsidios y pasen a abonar las tarifas plenas de luz y gas comenzarán a reflejarse en las boletas que se emitan a partir de septiembre.
La nueva dilación en la implementación del nuevo esquema de segmentación tarifaria y de subsidios obedece, básicamente, a tres motivos.
Pocos inscriptos para mantener los subsidios
El primero de ellos es que las autoridades del área energética conducida por el neuquino Darío Martínez no lograron llegar al nivel de inscriptos en el RASE que tenían como meta para poder arrancar con la segmentación y los incrementos de tarifas sin mayores complicaciones, ni reclamos de los usuarios.
Según anunciado por el Gobierno, la quita inicial de subsidios iba a afectar al 10% de la clientela residencial que posee mayores recursos económicos.
Ahora bien, para que se diera ese escenario, en el sector eléctrico los funcionarios necesitaban que de los 16 millones de hogares que tienen acceso a ese servicio en todo el país se anoten como mínimo 14,4 millones de ellos. Al cierre del lunes, los números del RASE mostraron que sólo se habían inscriptos 5,5 millones de usuarios, es decir apenas el 37% del total que calculaban los técnicos oficiales.
De haberse puesto en vigencia la segmentación con esos guarismos, a los 1,6 millones de usuarios identificados de entrada que iban a perder los subsidios se iban a sumar otros 9 millones de usuarios que no se registraron para seguir manteniendo las bonificaciones tarifarias
En el caso del gas, de un total de 9,5 millones de hogares, tendrían que haberse incorporado al RASE unos 8,5 millones de usuarios para que el 10% de esa clientela pasará a perder de los subsidios. En este caso, los anotados totalizaron 5,5 millones de usuarios, el 64% del total que estiman en Energía. De esta manera, si hubiera arrancado la segmentación esta semana, a los 850.000 hogares iniciales que iban a quedarse sin subsidios se le habrían sumado otros 3,2 millones de usuarios que no ingresaron al registro oficial.
Ante esos números y el cálculo de que en la región metropolitana del AMBA sólo se habrían inscripto el 55% de los usuarios residenciales en condiciones de mantener los subsidios, la decisión del Gobierno fue estirar más los plazos de inscripción al RASE y patear hasta septiembre la entrada en vigencia de los aumentos en juego para los que afrontarán las tarifas plenas de luz y gas.
Definición de los precios mayoristas
La segunda cuestión que influyó en la postergación del nuevo esquema tarifario es la demora que arrastra la Secretaría de Energía en la definición de los precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas natural que se tomarán en cuenta para la facturación a los usuarios que pierdan los subsidios.
Se trata de los nuevos valores para el gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) y el precio estacional del mercado mayorista eléctrico (PEST) que deberán tomar en cuenta los entes reguladores y las empresas distribuidoras para facturar los consumos sin subsidios.
En el caso del servicio eléctrico, el ENRE ya avisó que autorizará en forma directa el traslado de los nuevos precios mayoristas que deben aplicar Edenor y Edesur.
En cambio, desde el Enargas anticiparon que deberán convocar a una audiencia pública para tratar los nuevos cuadros tarifarios y convalidar el traspaso a los usuarios finales.
Segmentación tarifaria: no se cerraron los convenios las provincias
Y, por último, el tercer factor del retraso de la segmentación tarifaria es que aún la administración de Alberto Fernández no ha avanzado con la firma de los convenios específicos que debe cerrar con los gobiernos y entes reguladores del interior para poder aplicar los cambios en juego en el servicio eléctrico que depende de cada jurisdicción provincial.
En este caso, a la demora que arrastran los funcionarios nacionales encargados de esa tarea se agrega la reticencia de las autoridades provinciales a compartir la información referida a la situación económica y social de sus usuarios y sobre los regímenes de tarifas sociales que vienen aplicando.
A eso hay añadirle el hecho de que la mayoría de los gobernadores no quieren ponerle el gancho a la autorización de nuevos aumentos de tarifas justo en medio de la actual tormenta económica y disparada inflacionaria que impacta de lleno en los bolsillos de los usuarios.
El problema que se presenta con este punto es que, si no se logran firmar los acuerdos con todas las provincias en el transcurso de agosto, la segmentación tarifaria en el servicio eléctrico no podrá ponerse en marcha en septiembre y tendría que volver a postergarse para el último trimestre del año.
Problemas operativos
Los problemas operativos que enfrenta el Gobierno quedaron más expuestos todavía con la entrada de escena de un bloque de 30 entidades defensoras de consumidores.
Tras toma nota de las múltiples quejas de las personas que no pudieron completar el trámite de inscripción, las asociaciones que integran las comisiones de usuarios del ENRE y el Enargas -entre las que se encuentran Adecua, Cepis, Consumidores Libres, Deuco y Unión de Usuarios y Consumidores- salieron a reclamar que extiendan los plazos del registro hasta fines de setiembre y que los funcionarios informen con claridad cuáles van a ser las tarifas y los aumentos para los que pierdan los subsidios.
Advirtieron, además, que a muchos usuarios que acudieron a la ANSES les dan turno para fechas que exceden los plazos fijados hasta ahora por el Gobierno y que resulta incomprensible que los entes reguladores nacionales y provinciales no hayan sido habilitados para atender a los usuarios y llevar adelante los trámites de inscripción en el RASE.
Fuente: iprofesional
