Se trabaja en el diseño el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, contemplando las variables acordadas con el Fondo Monetario Internacional cuando se firmó en marzo el acuerdo de Facilidades Extendidas.
El experimentado Raúl Rigo diseñó desde la Secretaría de Hacienda la primera definición económica importante para el próximo ejercicio. Argentina se comprometerá frente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ante los operadores económicos locales, a que en el 2023 se respetará la idea de un déficit fiscal de 1,9% del PBI; acatando lo firmado y negociado con el organismo financiero para el próximo ejercicio. El dato figurará en el proyecto de ley de Presupuesto que en septiembre se presentará oficialmente en sociedad, que tendrá en el funcionario su principal referente, veedor y defensor. Todo esto junto con el compromiso de un crecimiento general de 3%, una acumulación de reservas de u$s4.000 millones y una emisión monetaria no superior al 0,6%. En síntesis, todo lo mismo que fue firmado y cerrado en la negociación de Martín Guzmán con el FMI para el acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado por el Board del organismo el 25 de marzo pasado.
Rigo armó este esquema al saber que el FMI dejó en claro durante la visita de Silvina Batakis de julio a Estados Unidos algo que Sergio Massa aceptó como una realidad. El organismo dejó claro que no se aceptará una renegociación de las metas y objetivos planteados en el acuerdo vigente, y que, en todo caso, lo que deberá tener en cuenta el Palacio de Hacienda es la manera de armonizar y articular el resto de las variables macroeconómicas para el año próximo, con el norte de las metas ya fijadas en el Facilidades Extendidas. Al menos no durante este 2022. Recién a comienzos del año que viene, y si Argentina mostrara mucha buena voluntad en lograr las metas pero por algún motivo (como la invasión de Rusia a Ucrania) algunas de ellas no se terminaran de cumplir, podría negociarse un waiver (perdón o desvío). Esto sería recién en el primer trimestre del 2023. No antes. Mientras tanto, y hasta que Massa se reúna con los funcionarios en Washington y comience una relación directa con las autoridades actuales, desde el FMI no habrá opiniones duras ni presiones extras. Incluso se especula con una segunda misión del año con la aceptación sin mayores cuestionamientos de las metas del período abril-junio, recomendando desde el staff técnico la liberación de los fondos para cubrir los pagos del período; con el objetivo de darle a la Argentina un respiro para reacomodar los desequilibrios macroeconómicos para el último tramo del año.
Cuando esto ocurra, será un guiño a la gestión de Martín Guzmán, quién no sólo había cerrado las cuentas en sintonía con lo que el FMI le reclamaría al país, sino que negoció un corrimiento de las evaluaciones finales sobre el cumplimiento de las metas para el comienzo del 2023 en lugar de las fiscalizaciones trimestrales vinculantes.
El entonces ministro de Economía buscó al cerrar su negociación por la primera misión, que la segunda se extendiera hacia septiembre (lo más lejos posible en el tiempo), para que la tercera se concretara hacia fin de año. Sin embargo, desde Washington hubo una visión diferente.
En la sede del Fondo se creyó que las misiones a la Argentina deberían ser lo más rápidas posible, una vez cerrado el período a fiscalizar, dadas las crónicas dificultades que muestra la economía criolla. Y que precisamente, la próxima misión terminara los controles correspondientes al primer semestre del año, período en el cual se inauguran las auditorías del Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado. En consecuencia, que fuera necesario cerrar la primera etapa de las misiones con el tiempo suficiente como para comenzar a realizar la tarea más importante desde la aprobación de Facilidades Extendidas: discutir metas y objetivos con posibilidad cierta de incumplimiento, y las condiciones en las que el país pueda manejar su economía para cerrar el 2022 aprobando el primer año del acuerdo.
Fuente: ambito.com
