La norma establece un conjunto de incentivos a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas para agregar valor a partir de procesos industriales.
Entre los objetivos, se busca fomentar el perfil exportador con una mejor inserción internacional; mejorar la integración de autopartes locales; generar puestos de trabajo de calidad, promover el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, e impulsar las nuevas motorizaciones con tecnologías híbridas, eléctricas, de hidrógeno, a gas y biocombustibles, entre otros tipos de motorizaciones.
La ley establece un conjunto de incentivos a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales.
Para ello, contempla beneficios para las inversiones que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2027, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las mismas, otorgando un saldo de libre disponibilidad para aplicar contra impuestos nacionales.
Además, la ley también introduce una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para los bienes muebles y para obras de infraestructura, y derechos de exportación del 0% hasta 2031 para los bienes producidos en el marco de dichos proyectos.
La norma busca, entre otras cosas, fomentar el perfil exportador con una mejor inserción internacional.
Sobre la norma
Las inversiones deberán tener un plazo de puesta en marcha de tres años desde su aprobación para recibir los beneficios previstos y presentar un porcentaje de Contenido Mínimo Nacional (CMN) que varía según el tipo de bien.
La norma, a su vez, crea dos nuevas entidades: el Instituto de la Movilidad y el Consejo Consultivo de dicho instituto.
El primero tiene por objeto coordinar los distintos eslabones de la cadena de valor automotriz con el sector público, el de los trabajadores y las instituciones de apoyo científico y tecnológico.
Las inversiones deberán tener un plazo de puesta en marcha de tres años desde su aprobación.
En tanto, su consejo consultivo, conformado por cuatro asesores –también ad honorem- de las agencias de Promoción de la Investigación, de Seguridad Vial, de Inversiones y Comercio Internacional y de la Asociación de Concesionarios (Acara); deberá recomendar cursos de acción para el Instituto de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad vial, tecnología y comercio internacional.
La industria automotriz representa alrededor del 7% del PBI industrial y el 8% de las exportaciones argentinas y el Gobierno proyecta que 2022 finalizará con una producción de vehículos 70% superior a la registrada en 2019.
