El impacto de la sequía, tanto por el efecto en la actividad como en la recaudación de impuestos a las exportaciones, es un golpe duro en el contexto del enfriamiento de la economía
Los últimos datos oficiales que reflejan el estado de la economía y las cuentas públicas son elocuentes: la actividad entró en una senda de fuerte desaceleración, producto de la escasez de divisas para importar agravada por el gran impacto de la sequía, no sólo en términos de ingreso de dólares sino también en desempeño de la actividad del sector agrícola que representa un motor.
En ese marco, no sólo los datos recientes de crecimiento del PBI en general y particularmente de la industria son desalentadores, sino también la evolución de las cuentas públicas. El déficit del Tesoro en enero dejó a las claras que, en pleno año electoral y con menos recursos que el año pasado, será compleja cumplir con el objetivo de reducir el rojo fiscal. Los analistas no descartan que, en parte, el mal resultado de enero se deba a gastos postergados durante el último mes del año pasado. Y advierten que de todos modos, el aumento del gasto podría ser una constante durante todo el año.
Esa previsible suba se contrapone, según advirtió el economista Joaquín Waldman en el último informe financiero de la consultora Equilibra, con 3 factores que determinarán una menor disponibilidad de ingresos tributarios para el Estado. A saber:
– Los impuestos al comercio exterior caerán por la merma de liquidaciones de la agroindustria, producto de la mentada sequía. También se reducirá la recaudación por los impuestos sobre las importaciones dada la caída de las compras al exterior en virtud de las restricciones por la falta de dólares.
– El resto de los impuestos estaría más que lejos de poder compensar esa merma. El PBI, según la consultora, sería igual o menor al de 2022, con lo cual tampoco la recaudación del resto de los tributos podría aliviar la situación. De hecho, tanto en enero como en febrero, la recaudación en su conjunto creció varios puntos por debajo de la inflación, lo que confirma el escenario de recursos mucho más acotados que el año pasado. En términos reales, la caída de recaudación fue de 9% el mes pasado.
– Finalmente, a los efectos de contabilizar recursos para cumplir con alguna meta del acuerdo con Fondo Monetario, el organismo no permite contabilizar como ingresos las rentas a la propiedad por la colocación de títulos. Ese recurso fue utilizado por el ex ministro Martín Guzmán el año pasado, cuando el FMI hizo la vista gorda pero puso limitaciones hacia adelante.
En ese contexto, el foco de la negociación con el FMI pasa no sólo por la meta de acumulación de reservas sino también por los objetivos fiscales. Es que difícilmente el gasto se adapte al nuevo y más reducido flujo de ingresos.
El informe de Equilibra señala que, a contramano de la evolución de la recaudación, el gasto en pago de salarios creció este año 9% real interanual, al tiempo que se mantuvo un pago adicional a las jubilaciones mínimas de $10.000, bono que a partir de marzo se eleva a $15.000. Es uno de los elementos “hacen pensar que el aumento de gastos tendrá un carácter más permanente” y que el resultado fiscal de enero no es algo aislado. Por caso, además de que es altamente probable que se mantenga la política de bonos para complementar el monto de las jubilaciones mínimas, la propia fórmula de movilidad implica que en el segundo semestre del año, el gasto en prestaciones aumentará 3%, siempre en términos reales, respecto a la primera parte del año.
Junto con los salarios del sector público, las jubilaciones y prestaciones sociales representan casi 70% de los gastos totales del Estado, es improbable que en pleno año electoral se recorten esas partidas que crecen en términos reales. En ese sentido, y más allá de las metas que se acuerden con el FMI, el panorama de las cuentas públicas luce complejo en los próximos meses, ante la falta de financiamiento genuino.
Fuente: infobae
