En lo que va del año, las jubilaciones y las prestaciones estatales vienen perdiendo contra la inflación. Entre enero y septiembre los beneficiarios perdieron casi 29 puntos.
Por la alta inflación, la fórmula de movilidad previsional viene siendo ampliamente perdedora para las jubilaciones y prestaciones sociales. Este año se amplió la brecha entre los aumentos de la fórmula y la suba de los precios. Con una inflación de enero a septiembre del 103,2%, los aumentos acumulados (marzo-junio-septiembre) sumaron 74,48%, una diferencia adversa a los beneficiarios de casi 29 puntos.
El 10 de noviembre (antes del balotaje) el Gobierno debe anunciar la movilidad de diciembre a febrero 2024, en base a los indicadores (salarios/recaudación que va a la Seguridad Social) del período julio-septiembre, que registró una inflación del 34,65%.
Aunque aún falta que se conozcan algunas variables de la fórmula, el aumento de las prestaciones rondaría entre el 23 y el 24%, unos 10 puntos menos que la inflación, sólo en apenas tres meses. Y nuevamente como viene sucediendo bajo el actual Gobierno la compensación para los que perciben haberes más bajos vendrá de la mano del valor de los bonos. Los que no reciben bonos deberán absorber toda la pérdida que ya acumulan con el anterior y actual Gobierno.
Actualmente, el haber mínimo bruto es $87.460 más un bono de $37.000: un ingreso total de $124.460. Para empatarle a la inflación del trimestre el ingreso total debería sumar $167.585 que se desdoblaría en un haber mínimo de aproximadamente $110.000 y un bono de $57.000.
Aún así esos jubilados tendrían una pérdida porque el bono no se toma en cuenta para el pago del medio aguinaldo que se cobra en diciembre (una pérdida de casi $30.000) y no se integra al haber corriente, lo que significa que no se toma en cuenta para los futuros aumentos.
El Gobierno podría argumentar que esos mismos jubilados de haberes más bajos tienen ahora el beneficio de la devolución del IVA con un tope de $18.800. Pero si decidiera restarlo del eventual bono, se anularía el beneficio del reintegro del IVA. Además, el tope debería ser ajustado mensualmente por la inflación.
Por su parte, el bono de $15.000 del Pami para los mayores de 60 años con haberes mínimos solo tiene vigencia hasta diciembre. Ese beneficio debería prorrogarse ampliado por la inflación.
Todo esto muestra que las fórmulas de movilidad –tanto la anterior durante el gobierno de Macri como la actual– sucumben ante la inflación porque se aplican con retraso y porque se basan en variables que no toman en forma directa la suba de los precios. Eso se ve con claridad en quienes no reciben bonos que acumulan entre septiembre de 2017 y septiembre de 2023 una pérdida en el poder adquisitivo de sus haberes del orden del 35%.
Esta pérdida involucra también a los que perciben prestaciones sociales, como salario familiar o la AUH, que también se ajustan por la fórmula de movilidad. En total son unas 18 millones de personas.
Hacia delante el futuro previsional es incierto porque se proponen reformas que apuntan a restringir o ajustar aún más los haberes en el marco de una inflación ascendente que viene haciendo una “tarea sucia” con los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales.
Fuente: aire de santa fe
