Según un informe del Iaraf, las transferencias automáticas bajaron 28% en marzo y 19% en el acumulado del año. Crece la tensión con la Nación por las Cajas. El gobierno comienza a cerrar fondos fiduciarios
Las transferencias automáticas a provincias por coparticipación y leyes especiales cayeron 28% anual en términos reales durante marzo y 19% en el acumulado del primer trimestre del año. El dato informado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) muestra una parte de los recursos que vienen perdiendo los distritos del interior en los últimos meses. A eso se suma la paralización o fuerte contracción de giros por obra pública, fondo de incentivo docente, fondo compensador del transporte y también de los aportes para paliar el déficit de las Cajas de Jubilaciones, en el caso de los Estados que no las transfirieron a la Nación. Cuestión esta última que promete calentar la próxima reunión de funcionarios nacionales con gobernadores.
En marzo de 2024, el gobierno nacional envió $2,22 billones a las provincias en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Descontada la inflación, esto se traduciría en una caída real de 28% interanual. Esta baja es explicada principalmente por la caída en la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) pero también de IVA (-18% real interanual).
La caída fue para todas las jurisdicciones. Santa Fe recibió 27,6% menos.
En el acumulado del primer trimestre del año, las transferencias automáticas alcanzaron los $ 6,72 billones, un 19% menos que en el mismo período del año anterior, al descontar la inflación del período. Es la peor marca para ese período de los últimos nueve años. En Santa Fe, la reducción fue del 18%.
La caja y las Cajas
Esta semana, la relación entre el gobierno nacional y las provincias volvió a crisparse con la decisión del presidente de Javier Milei de cortar las transferencias para financiar parte del déficit de las cajas jubilatorias de los distritos que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión.
Es que el gobierno de Javier Milei frenó desde el inicio los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, pero en la semana que pasó firmó un DNU que intenta dar marco legal a ese recorte. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales, ya que hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas fueron acordadas durante los pactos federales de los 90. Luego se fueron ajustando por ley los parámetros de transferencia.
Por ley, la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) debe transferir todos los meses un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, de cada Caja. Esto es un anticipo a cuenta del resultado definitivo y se actualiza por el índice de movilidad jubilatoria.
Hasta diciembre pasado, las provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley. Por esa situación, Santa Fe presentó un reclamo ante la Corte Suprema. Pero ahora la situación es más complicada porque, desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos.
Las partidas para las Cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se acordó el apoyo legislativo para el blanqueo y la llamada ley de reparación histórica de los jubilados. Desde 2023 se ajustan por la movilidad jubilatoria, aunque esa parte nunca se cumplió.
El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la ley de presupuesto de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.
El impacto es fuerte para las finanzas provinciales. Las deudas con Santa Fe, por caso, datan del año 2020. A principios de año se estimaban en $400 mil millones pero algunas fuentes indican que actualmente esa cifra podría casi duplicarse, en el caso de la provincia.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver. Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda pero la propuesta no fue aceptada.
Cierran fondos fiduciarios
En tanto, en otra provocación del gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que cerrará en las próximas horas un fondo fiduciario por $69 mil millones.
Los fondos fiduciarios, uno de los principales puntos de no consenso entre el oficialismo y la oposición “dialoguista” durante las negociaciones y los debates por la ley ómnibus, son aquellos ingresos recibidos por las provincias o programas económicos y sociales, y que sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de una año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público.
Los presupuestos afectan directamente a los gobernadores provinciales y, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Entre los distintos fondos o fideicomisos se encuentran Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario Procrear, Fondo Progresar, fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el fondo fiduciario de cobertura de salud.
“Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que dependen del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”, provocó Adorni en su cuenta de la red social X.
Fuente: la capital
