El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Bases impulsado por el gobierno de Javier Milei. El proyecto contiene una serie de artículos que modifican el sector del tabaco y que, fuentes de la cadena de valor, confían que ayudará a recuperar los ingresos de las provincias por coparticipación federal.
Según un informe publicado por ABECEB, de ser aprobado el Capítulo tabacalero, para el año 2024 se aumentaría la recaudación proveniente del sector por u$s600 millones a nivel nacional. En cifras totales, ABECEB estima que la recaudación para el período 2024-2026 se incrementaría en más de 2.700 millones de dólares: u$s2300 millones del Impuesto Interno que hoy 40% del mercado no paga y que es coparticipable; u$s207 millones del Fondo Especial del Tabaco para las siete provincias tabacaleras y u$s200 millones para la ANSES.
Al modificar la alícuota de impuestos internos, las provincias recaudarían u$s315 M extra provenientes de este sector. En el período 2024-2026 este número ascendería a más de u$s1400 millones. Con relación a las provincias tabacaleras (Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca) podrían aumentar sus ingresos en más de 42 millones de dólares en 2024 y, en el período 2024-2026, ese número ascendería a más de 200 millones de dólares.
Más allá del aumento de recaudación de las provincias, si la Ley Bases es aprobada, según las estimaciones, la ANSES cobrará en 2024 u$s46 millones adicionales y para el período 2024-2026 esa suma rondaría los u$s230 millones; para financiar una de las principales causas del déficit fiscal en Argentina. Estos fondos, según la Ley, tienen como finalidad financiar las jubilaciones en el país.
¿Qué propone la Ley de Bases que ya tuvo media sanción?
La Ley propone por un lado una suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos del 70% al 73% y por otro, elimina el Impuesto Mínimo para los cigarrillos. Esta modificación busca traer igualdad a un sector que desde hace casi 10 años se ve distorsionado por medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal que le permitieron a Tabacalera Sarandí comercializar sus productos a un precio muy bajo -un tercio del valor que pagan las empresas que sí cumplen los impuestos como indica la Ley-.
Esta diferencia de precios le permitió aumentar su participación de mercado de un 5% a más del 40% del total, en detrimento de las empresas que sí afrontan los tributos y afectando la recaudación del Estado Nacional.
ABECEB estima que el Estado Nacional ya perdió más de u$s5.800 millones en los últimos 8 años a fuerza de las empresas tabacaleras, principalmente Tabacalera Sarandí, que gracias a medidas cautelares no paga el principal impuesto del sector.
Denuncia penal a Sarandí
Hace unos días, la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET) presentó una denuncia penal por la comisión de los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir. La misma apunta al dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero; Carlos Castagneto, diputado nacional y ex titular de la AFIP; Ezequiel Lebed y Daniel Reposo, ambos funcionarios del organismo recaudatorio; el comandante general de Gendarmería Javier Lapalma, y el oficial de la Policía Federal Argentina Roberto Modia.
La presentación, que fue hecha por el titular de la cámara Luis Eugenio Guinle, refiere a la recepción de un correo en la casilla oficial del organismo, con copia a la Cámara de Industria del Tabaco y la Cámara de Salta, donde un anónimo daba cuenta de maniobras ilegales registradas en las últimas semanas relativas al presunto pago de coimas a diputados a fin de lograr que la reforma tributaria a la industria del tabaco fuera retirada de la ley ómnibus.
Fuente: iprofesional
