En este sentido, los estrategas gubernamentales están pensando en una exposición extensa ante los legisladores, semejante a la que el jefe de Estado realizó con motivo de la apertura de sesiones ordinarias el pasado primero de marzo. La fecha prevista para la presentación de la iniciativa es el lunes 16 de septiembre venidero.
Fuentes parlamentarias, en tanto y ante la consulta de Ámbito, señalan que el Presidente puede acompañar al ministro de Economía en las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto, pero señalan que el primer mandatario “no tiene atribuciones para convocar a una asamblea legislativa para tratar el presupuesto, no es parte ni de la formalidad ni de la tradición”.
Dudas
Tras las derrotas que viene sufriendo el Poder Ejecutivo en el Congreso, en el Gobierno Nacional existen dudas sobre que el Parlamento termine aprobando el proyecto de presupuesto que se aprestan a enviar. “En ese caso, se prorrogará el actual”, precisó un importante funcionario a este medio.
La evaluación oficial es que, en este escenario, el Ejecutivo tendrá un mayor margen de acción, porque las partidas se mantendrán conforme al presupuesto 2023 (con las modificaciones que ha registrado) y los recursos aumentarán en virtud de la esperada recuperación económica.
Cabe recordar que, tal como adelantó Ámbito, el Presidente se dedica personalmente a la elaboración de esta ley que considera fundamental para la consolidación de su programa de gobierno. “Diseñé un formato que no sea vulnerable a los cambios de la macro (economía)”, señaló Milei a su entorno en referencia a la elaboración del proyecto de presupuesto.
Desde este punto de vista, explican que la intención del primer mandatario es que, si por alguna razón los ingresos resultaran subestimados y en la práctica los recursos del Estado fueran superiores a los previstos, estos excedentes se destinarán a bajar impuestos y no a aumentar el gasto, como se hizo históricamente.
En el escenario contrario, es decir que la estimación de ingresos resulte inferior a la real, la decisión será recortar partidas porque, por supuesto, mantener en cero el déficit financiero (incluyendo el pago de intereses de la deuda) es un objetivo central, señalan en medios oficiales.
Pero adelantan que estos eventuales recortes no afectarán erogaciones que en el Gobierno consideran “rígidas”, como, por ejemplo, las jubilaciones o los recursos para los sectores más necesitados.
La iniciativa del Ejecutivo “planteará metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que apuntalan la demanda agregada y un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, del empleo y de los ingresos reales, dando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal”, según se informó a comienzos del julio último en el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.
Criterios
El Gobierno toma en cuenta cuatro criterios fundamentales: el mantenimiento del equilibrio fiscal, el otorgamiento de planes sociales sin intermediarios, la modernización y simplificación del Estado, y un aumento en las partidas para defensa y seguridad.
Las proyecciones de la Casa Rosada contemplan el equilibrio fiscal sostenido, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales.
Las autoridades señalan que es prioritario continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público y haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, el Ejecutivo ratifica las políticas diseñadas desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, orientadas a eliminar la intermediación en los planes, ampliar la asistencia social a madres y niños de los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
En cuanto al rol del Estado, la estrategia oficial se orienta a “hacer un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa”.
En tal sentido, se inscriben las tareas que realiza el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, que buscan simplificar acciones y procesos, digitalizando y simplificando trámites, desburocratizando y eliminando intermediarios.
En cuanto a las fuerzas de seguridad y defensa, se apunta a mejorar el equipamiento tanto para sostener la soberanía territorial como para mejorar la seguridad interior fortaleciendo la prevención del delito y la investigación del crimen organizado, según la argumentación oficial.
Las autoridades se encuentran elaborando además los datos cuantitativos que contendrá el proyecto (inflación y crecimiento, entre otros). En fuentes oficiales se señala que, con el antecedente de los logros alcanzados en materia fiscal en los últimos meses, el presupuesto 2025 “será por primera vez en muchos años una verdadera hoja de ruta”.
Fuente: ambito
