Santa Fe está entre los distritos más afectados. La ausencia de cuerpos forenses promueve peritajes cuyos honorarios dependen de la indemnización.
Entre enero y septiembre de 2024, Santa Fe fue la cuarta provincia con mayor litigiosidad laboral en el país según un informe del Ieral/Fundación Mediterránea. En base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, el reporte contabilizó 27 juicios iniciados por trabajadores de unidades productivas y casas particulares cada 1.000 trabajadores registrados en la provincia.
Fuente: IERAL“La creciente litigiosidad laboral en Argentina encarece la contratación, desincentiva la inversión y profundiza la incertidumbre. Mientras la siniestralidad laboral se mantiene estable, los juicios por riesgos del trabajo se disparan: en 2024 hubo más de 125.000 nuevas demandas, con costos que superan la inflación”, advirtió el reporte firmado por Laura Caullo, investigadora responsable Área de Empleo y Política Social.
La autora destaca “tres claves” en su análisis: “Argentina tiene una de las tasas de litigiosidad laboral más altas del mundo: 114 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 9,5 en España y 5,8 en Chile”; “la falta de peritajes médicos especializados y criterios dispares en la justicia incentivan los reclamos” y “un marco laboral más previsible”, dato este último que considera “clave para impulsar la formalización y la creación de empleo”.
En octubre de 2020 Santa Fe adhirió a la ley nacional de Riesgos del Trabajo. La norma redujo la litigiosidad en la provincia, pero la acción de las “comisiones médicas” en el marco de las ART bajó los promedios de incapacidad reconocida al accidente laboral, por lo que se reanudaron las instancias judiciales. El tema ha llegado a preocupar en la Casa Gris.
En el gobierno analizan la creación del cuerpo de peritos especializados, previsto en la ley nacional pero a lo que Santa Fe no adhirió. Sí hay en la provincia 13 comisiones médicas (8 fijas y 5 móviles) que actúan como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente ante cualquier litigio laboral.
Una ausencia “clave”
La economista cordobesa explicó que “uno de los principales factores que ha impulsado la litigiosidad es la ausencia de cuerpos médicos forenses especializados”. A eso añadió que “como consecuencia, se producen fallos contradictorios: personas que en la comisión médica son evaluadas sin incapacidad, pero que luego reciben un porcentaje de incapacidad por parte de un perito judicial sin un criterio uniforme. Este desbalance es una de las principales fuentes del incremento de la litigiosidad.
“Otro elemento que favorece el crecimiento de la litigiosidad es la ausencia de costos para el litigante en casos desestimados. En la mayoría de las situaciones, cuando una demanda laboral es rechazada, los costos judiciales no recaen sobre el demandante, facilitando la proliferación de reclamos sin fundamentos sólidos. Además, la forma en que se remunera a los peritos judiciales contribuye a distorsionar el sistema, ya que sus honorarios dependen de un porcentaje de la indemnización otorgada, generando incentivos para la sobrestimación de los daños”.
Concluye Caullo que “para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el riesgo de enfrentar un juicio laboral puede representar la diferencia entre contratar o no a un trabajador. La incertidumbre sobre los costos de una eventual demanda, sumada a la rigidez de los convenios colectivos vigentes, desalienta la formalización del empleo y fomenta la contratación en condiciones de informalidad”.
Bajó y subió:La Ley nacional de Riesgos del Trabajo de 2017 “fue concebida con el objetivo de reducir la cantidad de juicios mediante la implementación de procedimientos administrativos más eficientes y un esquema de compensaciones más previsible”. Laura Caullo destaca que “inicialmente, esta reforma logró disminuir el número anual de demandas laborales, pasando de 130.678 en 2017 a 44.586 en 2020. No obstante, la litigiosidad ha vuelto a incrementarse y, hacia finales de 2024, se registran más de 125.000 demandas laborales iniciadas en el último año”.
A revisión en la Región Centro
Gustavo Zignano, secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, no descarta que el tema se trate en la semana que viene en Rosario, en una nueva jornada de la Región Centro.
El año pasado, el Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas Jurisdiccionales (previsto en la ley) comenzó a analizar el fenómeno de que más del 50% de los casos que llegaban a esa instancia administrativa en la provincia, otorgaban 0% de incapacidad y a partir de ellos se generaban las acciones judiciales. Los datos son para 2023 en Santa Fe.
Respecto de la ausencia de peritos forenses en la provincia, el funcionario le señaló a El Litoral que están analizando el tema, pero apuntó el caso de Mendoza. En ese distrito los peritos existen pero la tasa de juicios está por encima de la de Santa Fe, con 34 juicios por cada mil trabajadores registrados.
Zignano también mencionó la necesidad de analizar casos de enfermedades no tabuladas por las ART que también terminan en la justicia, por lo que señaló la necesidad de “evaluar todo el sistema” para poder otorgar “previsibilidad y certeza al empleador y al empleado, en un marco de garantías a todas las partes intervinientes”.
El funcionario santafesino recordó que el mundo del empleo formal está hoy sometido a fuertes cambios en las modalidades laborales como consecuencia de la irrupción tecnológica, al cambio del régimen económico nacional y a posibles cambios en la legislación. Expuso que con la presente ley de ART, si bien las estadísticas no están actualizadas, es posible que Santa Fe haya terminado con más litigiosidad que la que tenía previo a la ley de riesgos del trabajo.
Un “sistema equilibrado”
“El desafío es claro: Argentina necesita un sistema laboral moderno, previsible y equitativo que brinde garantías tanto a los trabajadores como a los empleadores. En este sentido, la reciente reglamentación de los Títulos IV y V de la Ley de Bases (27.742), referidos a la Promoción del Empleo Registrado y la Modernización Laboral, representa un paso en la dirección correcta”, señala la analista del Ieral.
“Para lograr un crecimiento sostenido y una generación genuina de empleo formal -afirma Caullo- es imprescindible reducir los niveles de litigiosidad laboral y establecer un marco normativo predecible. Esto no implica desproteger a los trabajadores, sino construir un sistema equilibrado donde las reglas sean claras, su aplicación sea uniforme y se minimicen los incentivos que promuevan la judicialización innecesaria”.
Fuente: el litoral
