La comitiva encabezada por Cubeddu y Joshi llegó a Buenos Aires para monitorear las metas del programa por US$ 20.000 millones, con un desembolso de US$ 1.000 millones en juego, en medio de las tensiones generadas tras la salida de Lavagna.
Llegó al país la delegación del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de revisar el cumplimiento de las metas del programa sellado con la Argentina, en el marco del Servicio Ampliado del Fondo por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial récord de USD 12.000 millones y revisiones trimestrales posteriores.
La revisión se produce en medio de un ruido político-financiero de fondo que el Gobierno busca despejar: la salida de Marco Lavagna del Indec por la postergación del nuevo IPC con un rebote del riesgo país tras haber alcanzado mínimos.
Según lo confirmado por el organismo, si el país aprueba la auditoría de esta segunda revisión, el FMI enviará un desembolso de USD 1.000 millones, lo que funcionaría además como señal de continuidad en un año cargado de vencimientos y expectativas.
La delegación y las metas
La misión está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. Además de la revisión del programa, la agenda incluye la consulta del Artículo IV, el chequeo integral que el FMI hace sobre la economía de cada país.
La visita había tenido idas y vueltas de agenda: inicialmente se esperaba para los últimos días de enero, pero terminó corriéndose a febrero, en medio de tironeos por la falta de acumulación de divisas. En ese combo, cada día cuenta.
Cubeddu es un histórico técnico del FMI involucrado en el caso argentino. Fue jefe de misión y actualmente es subdirector del Hemisferio Occidental del FMI, un departamento que ahora dirige Nigel Chalk. Joshi, en tanto, fue designado a principios de 2025 como jefe de la comitiva que trabaja en las negociaciones con la Casa Rosada.
Del lado argentino, las conversaciones estarán lideradas por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Se especula que la delegación mantenga reuniones con referentes sindicales y del sector privado, en medio de la discusión por la reforma laboral, parte de la agenda de reformas que el organismo viene siguiendo.
En el rubro fiscal, el Gobierno llega con logros para mostrar. El resultado de 2025 marcó un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del PBI y un superávit primario cercano al 1,4% del PBI. Este último es el indicador que mira el FMI para evaluar el cumplimiento de la meta pactada en 1,3% del producto (aunque desde el equipo económico se había insinuado la chance de llegar a 1,6%).
El problema está en la otra pata: reservas. Si bien el BCRA registró compras sostenidas en enero, se mantiene aún muy lejos del objetivo acordado. Lo que la comitiva revisará es la brecha de reservas netas, que debían finalizar 2025 en US$2.400 millones, pero que distintas estimaciones ubican todavía negativas, en torno a los US$ 400 millones. El balance podría requerir un “waiver” que el organismo multilateral concederá a la luz de las evidencias de acumulación al comienzo de 2026.
Piedras en el zapato
La llegada de la misión ocurre a pocas horas del temblor institucional en el INDEC: la renuncia de Lavagna tras la decisión de postergar el cambio metodológico del IPC que se había anunciado aplicaría desde este año, afectando no solo a la medición de la inflación sino a distintas variables ancladas a este guarismo.
El dato que vuelve todo más sensible es que la actualización metodológica del IPC era una recomendación promovida por el FMI, que incluso brindó asistencia técnica para su puesta en marcha. En agosto pasado, en su último reporte, el organismo había anticipado que el índice nuevo estaría listo para publicarse a fines de 2025.
La credibilidad estadística motivó a la primera plana del gobierno, con Luis Caputo a la cabeza, a salir a relativizar la salida de Lavagna y la postergación del renovado Índice de Precios al Consumidor. Los argumentos del Jefe de Hacienda se centraron en que se optará por hacer el cambio metodológico “una vez que el proceso de desinflación esté totalmente consolidado”, los precios “se normalicen” y el estimador quede alejado del “ataque político”, poniendo énfasis en que la recomendación no es una meta del acuerdo.
En sus apariciones públicas, el ministro de Economía también explicó la operatoria que el Gobierno utilizó para pagar esta semana intereses al FMI y desmentir versiones sobre una nueva ayuda de Estados Unidos. Sostuvo que se realizó mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) que fueron comprados al Tesoro norteamericano, uno de los oferentes de DEGs. “Es una operación común, que se hace a precio de mercado”, dijo y consignó la operación por un monto equivalente a USD 808 millones para cubrir el vencimiento.
Rebote del riesgo país
Con la misión del Fondo llegando al país, se sumó otro ruido: el riesgo país volvió a subir tras haber registrado la semana pasada una caída que lo ubicó en su nivel más bajo desde junio de 2018.
Este jueves rebotó a los 516 puntos, impulsado por la apertura bajista de los bonos en dólares, con caídas de hasta 1,1%. Incluso con el anuncio de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos, las acciones argentinas en Wall Street mostraron rojos que llegaron a superar el 8% y el S&P Merval retrocedió 2,8% en pesos y 3,4% en dólares. Habrá que aguardar la ronda de este viernes para comprobar si el comportamiento se sostiene.
En tanto, el frente cambiario tuvo en el dólar oficial una nueva baja de $5 y terminó por cerrar a $1460 en el Banco Nación. El MEP se negoció a $1460,80 y el contado con liquidación a $1506,81. Mientras en el mercado informal, el blue bajó $15 y se ofreció a $1440, sosteniendo una brecha menor con la cotización oficial.
Para los analistas de la City, la postergación del IPC sugiere dificultades técnicas o políticas para reflejar el impacto real de los precios, lo que afecta directamente la credibilidad de las estadísticas oficiales, un pilar que el mercado considera innegociable para cualquier plan de estabilización a largo plazo.
Fuente: ellitoral.com
