Con un amplio consenso, el Congreso aprobó una ley de fomento a las empresas del conocimiento. Si los mismos incentivos se aplicaran al resto de los sectores productivos los impactos positivos se multiplicarían. Para ello, es clave extender los consensos en el Congreso en favor de una estrategia de ordenamiento del Estado.
El recientemente aprobado “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” tiene por objetivo promover las actividades productivas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información. La norma da continuidad a la “Ley de Software” que regulaba beneficios especiales a las empresas desarrolladoras de software.
Con la nueva iniciativa, la promoción se extiende a las actividades audiovisuales, biotecnología, bioeconomía, biología, neurotecnología, ingeniería genética, geoingeniería, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, internet industrial, entre otras actividades científicas.
La norma tiene alta relevancia para el desarrollo económico y social al promover a las empresas que investigan y aplican conocimiento científico a la producción. Pero aún más destacable es que fue sancionada con un amplio consenso en un año electoral. Legisladores pertenecientes a diferentes agrupamientos políticos fueron capaces de dejar de lado diferencias pre-electorales para unificar criterios y crear un contexto amigable con la inversión, el empleo y la innovación para este tipo de empresas. Una manera de evaluar la pertinencia de la norma es con el impacto que habría tenido la ley de software sancionada en el 2004. Si bien no se cuenta con información oficial, una aproximación se puede plantear con datos provistos por la cámara de empresas de industria del software. Según esta fuente se observa que entre los años 2009 y 2018:
Las exportaciones de software pasaron de 929 a 1.701 millones de dólares.
■ El empleo en el sector de software pasó de 69 a 102 mil trabajadores.
■ Esto implica que las exportaciones por trabajador pasaron de 13.500 a 16.700 dólares por año.
Estos datos muestran que el sector del software, alentado por el régimen de promoción, se ha expandido de manera sólida con una creciente competitividad internacional. Esto se refleja en que cada trabajador genera mayor cantidad de divisas. Un punto de referencia interesante puede ser la industria automotriz, que también es beneficiaria de un régimen especial pero basado en la protección externa, y entre los años 2010 y el 2018 mostró exportaciones prácticamente estancadas en alrededor de 8 mil millones de dólares. Estas evidencias sugieren la pertinencia de extender los beneficios al resto de empresas dedicadas a generación de conocimiento.
¿Cuáles son las medidas promocionales que obtuvieron tan amplio consenso en ambas cámaras del Congreso? En términos abreviados las principales son: 1) la reducción al 15% de la alícuota de Ganancias para las utilidades reinvertidas; 2) la garantía de que no se les aumentará en el futuro la carga tributaria; 3) el mínimo no imponible a las contribuciones patronales será al 100% (en lugar de ir subiendo gradualmente hasta el 2022 como establece el régimen general); 4) un bono de crédito fiscal equivalente a 1,6 veces lo pagado por contribuciones patronales para pagar IVA y Ganancias; y 5) no ser pasibles de retenciones ni percepciones de IVA.
Lamentablemente no se contempló la modernización de la legislación laboral aun cuando la mayoría de las regulaciones del empleo datan de la década de los ’70 y ’80. En aquella época, la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización e incluso internet eran ciencia ficción.
Con la economía del conocimiento es fundamental salir del pensamiento tradicional que pretende encajar cualquier relación productiva entre personas en una típica relación de dependencia. El nuevo trabajo se basa en densas redes de interrelaciones entre individuos y empresas que, incluso, no llegan a conocerse entre ellos.
Sería muy positivo y equitativo que así como fue posible acordar la ley para empresas del conocimiento, los consensos se extiendan para brindar estos mismos beneficios a todos los sectores productivos y a modernizar instituciones vetustas, como las laborales. Para que esto sea posible es imprescindible previamente acordar una estrategia de reducción estructural del gasto público para universalizar la reducción de impuestos que se contempla para la economía del conocimiento sin comprometer el equilibrio fiscal.
Fuente: perfil.com
