El 1° de enero entra en vigencia la ley 27.506 de economía del conocimiento y por estos días se avanza en el pulido de los detalles técnicos que permitirán que las empresas que quieran adherir a los beneficios puedan hacerlo con la mayor facilidad posible. El Ministerio de Producción trabaja junto con la AFIP en el testeo del sistema relacionado con el régimen de promoción y, al mismo tiempo, el organismo fiscal trabaja en la resolución general que ponga operativo al régimen.
Puertas adentro del ministerio, el área de Servicios Basados en el Conocimiento busca dejar todo listo para que, una vez que asuma el nuevo Gobierno, pueda continuarse esta política sin mayores inconvenientes.
La ley de economía del conocimiento se impulsó como la versión mejorada de la ley de promoción del software que estuvo vigente entre 2004 y 2019 y permitió que ese sector pasara de tener 20.000 a más de 120.000 empleados en este período, además, de incrementar las exportaciones desde los u$s100 millones a u$s1.800 millones en la actualidad.
La expectativa de esta nueva norma es que las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, que hoy mueven unos u$s6.000 millones, se eleven hasta los u$s15.000 millones en 2030, cuando se cumplan los 10 años de vigencia de esta ley.
La necesidad de darle la forma final a estos detalles técnicos responde a varias necesidades que quedaron expuestas este jueves durante una jornada sobre el nuevo régimen de economía del conocimiento que se realizó este jueves en el auditorio de Marval O´Farrel Mairal.”Estamos trabjando principalmente en dos temas con la AFIP”, explicaron desde el Ministerio de Producción. “Por un lado, con el área de sistemas para comenzar con el testeo de lo que será el formulario 1278, la próxima semana. Además, ellos están trabajando en una resolución general, la última que falta para poder tener operativo el régimen”, ampliaron.
Allí, Florencia Williams, directora de Promoción de Servicios Basados en el Conocimiento, explicó que “aún hay actividades que no tienen código para la AFIP y que si bien pueden estar facturando con otros códigos el pedido es que todas esas empresas tengan definidas las actividades que desarrollan y exportan”.
Las empresas que se dedican a la biotecnología, la nanotecnología o la industria 4.0, entre otras, son algunas de las que se encuentran en esta situación y, de acuerdo a lo expresado en este encuentro, la idea es que las resoluciones que acompañan la norma no dejen lugar a interpretaciones que puedan desvirtuar el espíritu de la ley.
En el caso de las microempresas, destacó Brandt, “se las ve a permitir excepcionalmente registrarse sin que den cuenta de la actividad. Pero pasados tres años tendrán que cumplir los requisitos como cualquiera otra empresa. Se trata de un plazo de gracia que se les otorgó a este tipo de compañías para que puedan cumplir con los requisitos”.Durante la jornada, María Inés Brandt, socia del estudio legal, dio cuenta junto con Williams de los requisitos que deberán cumplir las empresas que quieran adherir al régimen, incluidos los que deberán presentar aquellas que hasta ahora no gozaron de ningún tipo de beneficio como el que se habilita a partir de la nueva norma.
Respecto de la preparación que significa para las empresas que quieren acceder al beneficio, Williams recomendó revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los alcances dela actividad, además del objeto social y el código en la AFIP a fin de no tener ningún tipo de escollo a la hora de iniciar los trámites.
En ese marco también aconsejó, especialmente a las pyme, que como la ley exige entre los requisitos mantener el nivel de empleo revisar ese aspecto porque ese punto será fundamental para poder acceder a los beneficios de estabilidad fiscal.
El trabajo para tener aceitados todos los mecanismos que entran en juego para la puesta en marcha de esta norma a partir del 1° de enero próximo se hace mientras se esperan novedades del Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.
En ese sentido, desde Producción señalaron que “aún no tenemos definiciones sobre quiénes serán los nuevos funcionarios y no hemos comenzado la transición. Sin embargo, estamos dejando todo listo para que, independientemente del cambio de Gobierno las empresas puedan empezar a inscribirse a partir del 1° de enero de 2020 en el régimen ya que, por ley, así se definició el pasado 22 de mayo por unanimidad en el Congreso Nacional”.
Fuente: iprofesional.com
