Los prestadores denuncian que la actividad está en emergencia hace 17 años y le exigen al Estado que aumente su participación. En la última década, se extinguió entre un 40% y un 50% la cantidad de empresas de este negocio
El sistema de la salud privado denuncia que atraviesa una crisis de financiamiento, producto del deterioro progresivo que sufre desde hace más de una década.
Pese al rol fundamental que ocupa en la sociedad–en la actualidad, la seguridad social da atención al 70% de la población nacional, mientras que el restante 30% no tiene cobertura–, desde el sector, sostienen que la situación es “terminal”.
“Pareciera ser que están esperando que colapse para actuar”, sentenciaron representantes de las instituciones asociadas a la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), organismo que agrupa a más de 24 entidades privadas de la industria (entre sanatorios, clínicas, prestadores y financiadores de todo el país), en pos de articular propuestas para mejorar el estado del sistema sanitario.
“Desde hace 17 años estamos en emergencia sanitaria. Los problemas de las clínicas y los sanatorios privados se repiten por igual en todo el país. Hay empresas que no pagan desde 2002 las cargas sociales y patronales, acumulando deudas millonarias ante la Anses y la AFIP“, dijo Hugo Magonza, director general del Cemic y de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), en encuentro con periodistas organizado en la sede de Acami.
Las sucesivas devaluaciones y la persistente inflación, junto con las elevadas tasas de interés y las distorsiones impositivas y regulatorias, ponen en jaque la continuidad de muchas empresas que operan en esta industria.
Sin ir más lejos, en los últimos 10 años, se redujo entre un 40% y un 50% la cantidad de compañías del sector, según datos de UAS. Desde la entidad, contaron que el panorama se agrava en el interior, donde la mayoría de las empresas son pymes, las cuales cuentan con una espalda menor para hacerle frente a la problemática. De acuerdo a la entidad, en Córdoba, ya cerraron 100 firmas. No obstante, el efecto de la crisis también se siente en compañías que apuntan a usuarios con un poder adquisitivo alto.
“El ciclo de pagos se demora cada vez más y la estructura de costos está severamente dañada“, afirmó Jorge Pedro Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), instituciones que integran UAS, y agregó que es imperiosa la prórroga de la emergencia sanitaria y el establecimiento de una moratoria especial con reducción de intereses resarcitorios, plazos extendidos y eximición de sanciones.
“Si las obras sociales y la medicina privada no existieran, el Estado debería duplicar su capacidad instalada para responder a las necesidades de los ciudadanos. Por eso, el sector tiene una importancia vital”, destacó Guillermo Lorenzo, vicepresidente de Adecra y Cedim.
Entre las principales razones que explican el declive, se hallan las defectuosas reglas del sistema de seguridad social y el crecimiento “explosivo” de los costos, mayormente en recursos humanos (salarios) e insumos médicos.
A ello, se le suman factores como el envejecimiento de la población –los prestadores privados reciben, cada vez, más un creciente flujo de pacientes ancianos altamente demandantes– y el estancamiento en la generación de empleo asalariado registrado a la par del crecimiento de modalidades de empleo sub-financiadas desde el punto de vista de la cobertura de salud, como el empleo público, el monotributismo y el servicio doméstico, que impactan directamente en los aportes que se destinan a las obras sociales.
“Las paritarias quedan por debajo de la inflación y esto complica todo. Hay empresas que no estuvieron en condiciones de pagar el bono de $ 5000 anunciado meses atrás ni la suma de $ 4000 de suba salarial que fijó el Gobierno hace unos días, situación que ya fue informada al Sindicato de la Sanidad”, expresaron desde UAS.
El 16 de enero se llevará a cabo una reunión entre el Ministerio de Salud –cartera que dirige Ginés González García, quien ya estuvo al frente del organismo durante el gobierno de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner– y representantes de diversas entidades. Le solicitarán a González García que convoque una mesa redonda, con la participación de diferentes actores del sector, que debata soluciones de mediano y largo plazo que apuesten a generar una reforma estructural.
“Buscamos trabajar de manera conjunta para consolidar un sistema integral de salud, público y privado“, comentó José Eduardo Sánchez, director general de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliara (FEM).
A continuación, los cinco puntos más importantes que la industria le pedirá al Gobierno, basados en propuestas que consideran “superadoras” a las actuales distorsiones que los afectan.
1. Dar libre disponibilidad a la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de este impuesto a las obras sociales y prepagas
La exención de IVA otorgada a las obras sociales (de forma total) y a las prepagas (de forma parcial) genera en los prestadores médicos créditos que son de imposible recuperación porque no pueden ser descargados a los financiadores de la salud debido a la exención, según destacan desde el sector.
Teniendo en consideración que los insumos gravados con IVA de los prestadores médicos representan el 26% de sus costos, los créditos que no se recuperan, y que por lo tanto implican una pérdida, significan el 5% del costo total de los prestadores médicos. “Esta es un pérdida generada por la mala aplicación de los impuestos, muy gravosa, dado que no hay márgenes de ganancias. Y cuando los hay, son exiguos y transitorios”, reconocieron, y aseguron: “La distorsión impositiva ocasiona que el gasto tributario no lo asuma el Estado”.
2. No aplicar IVA en la importación de bienes de capital, insumos médicos y medicamentos
Desde el sector, consideran que correspondería la quita del IVA a las importaciones que realicen los prestadores médicos para no agravar el problema de los créditos que no se recuperan.
“Esto no tiene ningún costo fiscal, ya que el IVA no computable que se acumula en los costos de los prestadores no es un crédito del fisco, sino una deuda del fisco con los prestadores”, alegaron.
3. Eximir del Impuesto a las Ganancias los montos abonados por las familias en concepto de cuota a las empresas de medicina prepaga o aportes adicionales
“La contribución personal a las obras sociales no paga Impuesto a las Ganancias, ya que en el cálculo del ingreso imponible se detrae este concepto. Resulta un contrasentido, entonces, que los montos que las familias aportan como pagos de bolsillo a las empresas de medicina prepaga como adicionales no estén también exentos del Impuesto a las Ganancias“, sostuvieron.
Y añadieron que el costo fiscal de esta medida es marginal. “Una forma de aproximarlo es tomando un promedio mensual de cuota voluntaria a la prepaga de $ 5000, multiplicada por los 2,5 millones de afiliados voluntarios que hay actualmente. Esto arroja un valor de $ 150.000 millones anuales. Multiplicado por 19%, que es la alícuota del medio en la escala del Impuesto a las Ganancias, tiene un resultado total de eximición de $ 28.000 millones. Esto representó un 2% del total de lo proyectado a recaudarse en concepto de Impuesto a las Ganancias en 2019, que asciende a $ 1,2 billones”, calcularon.
4. Bajar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales lo cual implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%
Las obras sociales tienen una alícuota reducida de impuestos al cheque. Desde el sector, apuntan que los demás prestadores médicos deberían recibir el mismo trato en lo que respecta a este tributo.
Para aproximar el costo fiscal de esta medida, ponen como referencia la recaudación de las obras sociales: se estima que en 2019 ascendió a $ 250.000 millones. “Suponiendo que estos son los recursos por los que los prestadores pagan actualmente impuesto al cheque, una disminución desde el 1,2% al 0,4% de la alícuota implica un monto equivalente a $ 2000 millones, que representan apenas el 0,5% de lo que se recauda de impuesto al cheque”, ejemplificaron.
5. Adecuar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas que emiten a las obras sociales y prepagas
Existe un problema estructural en la cadena de pagos del sistema de salud, según describieron. Los prestadores atienden a los pacientes en un momento determinado del mes, pero deben abonar los sueldos, cancelar las contribuciones patronales y pagar a los proveedores a inicios del mes siguiente, recibiendo el pago de las facturas que les emiten a las obras sociales y las prepagas recién a los 90 y 120 días.
Para atenuar el impacto impositivo de esta demora, proponen presentar la declaración jurada por la nómina de trabajadores en el mes que corresponde a la AFIP, pero cancelar dicha obligación a los 90 días posteriores a la presentación de la declaración jurada.
Fuente: cronista.com
