El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró un proyecto integral con medidas tendientes a reducir los efectos en la actividad de la propagación del COVID-19.
La iniciativa busca “dotar a la economía de las herramientas necesarias para que se minimicen los efectos sobre el funcionamiento de la cadena de pagos y mejorar la liquidez de monotributistas, autónomos y empresas”, por lo que plantea líneas de acción específicas, medidas para autónomos y monotributistas, y propuestas para Pymes y empresas.
Tales medidas deben ser tomadas tanto por el gobierno nacional, como provincias y municipios. “Es clave asegurar a cada provincia y municipio del país el financiamiento necesario para que pueda dotar de liquidez al sector privado. Si no se hace una acción coordinada, lo más probable es que se generen inequidades entre habitantes de diversas regiones del país”, advierte el trabajo, liderado por el economista Nadin Argañaraz.
“Las medidas sugeridas tienen que ver con tres líneas de acción:
1) Mejorar la liquidez de individuos y empresas del sector privado, para lo cual se sugiere el diferimiento de pagos de impuestos como IVA, Ingresos Brutos, tasa municipal y del Impuesto a las Ganancias
2) Estiramiento y una reducción de anticipos. En segundo término, se propone eximición de aportes y contribuciones, el pago de monotributo y autónomos, e impuestos como el Automotor para sectores afectados.
3) Apoyos directos a los trabajadores independientes, monotributistas y empleados del sector privado, que toman mayormente la forma de préstamos para cubrir su ingreso laboral. “El objeto es contribuir a reducir la incertidumbre acerca del pago de salarios del mes”, señala el trabajo.
El equipo de economistas del Iaraf estima que si bien el impacto global de estas medidas es de 435.000 millones de pesos (1,34% del PIB), el aumento del déficit sería de $155.000 millones, es decir, de 0,48% del PIB. “La diferencia se explica por el hecho de que una parte importante de las medidas son préstamos por recuperar en los próximos meses”, se aclaró.
Así, el primer día de abril los diversos agentes económicos consiguen certidumbre sobre aspectos clave de su flujo de caja y los empleados formales tienen garantizado el cobro de su sueldo de abril, según indica LaVoz.Dado que el objetivo es brindar “la mayor certidumbre posible a todos los actores”, se plantea que las medidas debieran anunciarse de manera “perentoria, preferiblemente antes del inicio del mes de abril”.
El documento reconoce que la única manera que tiene el Estado de hacer frente a la situación es mediante la emisión monetaria. En ese sentido, plantea “que el financiamiento de las medidas tributarias que impliquen resignación transitoria de ingresos por parte de provincias y de municipios se financie a través de adelantos de coparticipación (es decir, como préstamos), que deberán ser cancelados en el momento que previamente se determine”. En la propuesta se sugiere como mes de devolución octubre de 2020, es decir, una ventana de seis meses.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tendría una resignación de ingresos fiscales en abril de $45.181 millones. De este total, $33.264 millones lo resignaría el Gobierno provincial y $11.918 sus municipios.
Es decir que Nación debería darle un adelanto de coparticipación en abril de $45.181 millones, de los cuales el Gobierno provincial podría distribuir $11.918 millones entre sus municipios.
Fuente: iprofesional.com
