El Gobierno decidió emplear un mix de “palos y zanahorias” para frenar la andanada de despidos iniciada en los últimos días. A pedido de la CGT, el Presidente prohibió las suspensiones y despidos durante 60 días sin justa causa, por fuerza mayor o disminución del trabajo, un mecanismo previsto en la legislación laboral que habían empezado a utilizar las grandes empresas durante la cuarentena, esquivando incluso la doble indemnización. Pero junto a esa medida antipática para el sector privado, se abrió la puerta a la reducción de salarios por la suspensión de tareas, con la condición de que sea acordado con los sindicatos, como de hecho ya está ocurriendo. De esa manera, se delineó un nuevo esquema de emergencia que será complementado con beneficios fiscales y subsidios salariales a las empresas.
La estrategia oficial quedó reflejada en el decreto 329, publicado ayer a la media noche, en el que se plantea el objetivo de “garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”.
Bajo esa premisa, el artículo 3° exceptúa de la prohibición a “las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo“. Esto es el pago de una asignación no remunerativa en compensación por suspensiones de la prestación laboral fundadas en la falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor.
Con ese salvoconducto, las empresas podrán negociar con los gremios sumas fijas inferiores a las habituales, y evitar el abono de cargas, premios y presentismo, entre otros conceptos.
“En el caso de que se acuda al 223, se pueden pactar asignaciones no remunerativas en sustitución de los salarios que no se perciben. Ahora tiene que haber un acuerdo un acuerdo con los sindicatos y allí se pueden establecer sumas no remunerativas”, confirmaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Trabajo.
El modelo Flybondi
En esa línea, el comité de crisis de la cartera laboral, encabezado por el ministro Claudio Moroni, autorizó en las últimas horas el acuerdo de crisis anticipado por este medio entre la aerolíneas low cost Flybondi y el sindicato de empresa, que prevé suspensión de actividades por 90 días con una rebaja salarial del 30% y cláusulas de flexibilidad, a cambio de mantener los puestos laborales.
El nuevo procedimiento habilitado por decreto viene a reforzar la negociación colectiva en contraste con las suspensiones unilaterales, un camino que había intentado LAN hace dos semanas y fue rechazado de plano por los gremios aeronáuticos.
Los asesores de empresa y ejecutivos consultados por iProfesional valoraron la excepción dispuesta por la normativa como una alternativa que les permitirá sobrellevar al menos por un breve lapso la falta de ingresos ocasionada por el aislamiento obligatorio y, de ese modo, reducir costos laborales.
“Fijate que deja una salida el 223, se podría canalizar por ahí la gente suspendida por un tiempo con una cantidad de salario del 50 o 60%, la salida viene por ahí”, señaló un hombre de la UIA, con cinco fábricas paralizadas y 800 operarios a cargo. Aunque advirtió que la medida es solo un tubo de oxígeno: “No es una vía de escape, es una vía de supervivencia, acá nos salvamos todos juntos”.
La prohibición de los despidos y suspensiones por fuerza mayor fue un pedido que la CGT le hizo la semana pasada al ministro Moroni, ante la preocupación por la eventual destrucción de cuatro millones de empleos. El Gobierno había apostado en un principio por un acuerdo tácito con las empresas, con la autorización virtual a utilizar personal eventual, aplicar guardias mínimas y modificar las condiciones laborales, junto con el pago de sumas no remunerativas.
Todo esto era a cambio de mantener el empleo, pero el entendimiento se quebró con la ola de despidos y el recorte de jornadas dispuestos en forma unilateral en los últimos días por el grupo Techint, la electrónica Mirgor en Tierra del Fuego y el call center Teleperformance en Tucumán, frente a la extensión de la cuarentena y la parálisis de la actividad.
En simultaneo con la decisión de restringir las desvinculaciones y sancionar su incumplimiento, la Casa Rosada oficializó este miércoles al mediodía un paquete millonario de asistencia a las empresas, en particular a las Pyme. Através del decreto 332, se dispone la postergación o reducción de contribuciones patronales de hasta el 95%, una asignación complementaria al salario para las empresas de hasta 100 empleados y un refuerzo de los subsidios salariales denominados Repro para los empleadores con más de 100 trabajadores.
La pulseada por ser “actividad esencial”
La condición para acceder a los beneficios es sostener las plantillas, que se trate de actividades en situación crítica, con cantidad relevante de personal contagiado por el coronavirus o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar, y la sustancial reducción en sus ventas desde el 20 de marzo.
Con esa combinación de restricciones e incentivos sujetos a cierto margen de discrecionalidad, el Ejecutivo puso en marcha un esquema de emergencia laboral destinado a apacigar las fuertes tensiones entre el sindicalismo y el empresariado generadas por la emergencia sanitaria.
En una primera evaluación, el vocero de la CGT, Jorge Solá, respaldó las decisiones adoptadas y consideró que “hay muchas empresas que están en condiciones de mantener los puestos sin problemas”.
“Ganarán menos, pero no cerrarán por eso”, dijo a iProfesional el sindicalista del seguro, replicando el discurso de Alberto Fernández en el que apuntó contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, por dar de baja 1.450 contratos en la construcción, en donde se paralizaron las obras privadas y se sumaron el lunes otros 800 despidos en una minera de Catamarca.
El conflicto exteriorizó la disputa encabezada por industriales y banqueros por flexibilizar la cuarentena y ampliar las actividades consideradas esenciales en la construcción, la industria y el sector financiero. Por pedido de la UIA, el Gobierno corrigió el decreto 297 y sumó nuevos sectores al aislamiento obligatorio.
Eso permitió, por ejemplo, que las acerías de Ternium, vinculadas a Techint, entregaran 272 toneladas de acero a la fabricación de hospitales modulares para paliar la emergencia sanitaria. Pero los empresarios sostienen que es insuficiente y presionan por declarar esenciales a media docena de ramas adicionales, con el apoyo de los sindicatos.
“Si no se da una pronta reactivación económica se va a sentir el impacto, por eso la presión es para levantar la cuarentena”, advirtieron a este medio desde la Unión Obrera Metalúrgica. Además del Gobierno, el gremio y los empresarios enfrentan una resistencia interna: el temor de los trabajadores a contagiarse el virus.
En el caso de las Pyme, la situación es más delicada aún. Ese sector, uno de los que ejerció mayor presión para obtener un alivio fiscal y subsidios salariales, se mostró de acuerdo con las últimas medidas.
“No hay que suspender a los empleados. Pero para que esto no suceda, los empresarios y comerciantes necesitan el apoyo del Estado”, dijo el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale.
En tanto, Silvio Zurzolo, titular de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), alertó que “hay un 70 por ciento de pymes que están paradas y no tienen forma de subsistir” y apuntó contra la banca. “Si el Gobierno no actúa dando créditos a tasa cero, si los bancos no se ponen a la altura de la circunstancia lo que va a pasar es que muchas pymes van a desaparecer, y si se llega a eso, la situación será mucho más complicada”, aseguró.
Fuente: iprofesional.com
