Lo anunció el presidente por Twitter. Mediante un DNU declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial. Las tarifas se congelan hasta el 31 de diciembre.
“De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.
El mandatario también destacó que se procederá a congelar las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga hasta el 31 de diciembre. “Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, declaró.
Además, explicó que la medida apunta a recuperar herramientas regulatorias “que el gobierno anterior quitó al Estado”. “El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, agregó.
Fernández hizo referencia con esta frase al DNU 267 firmado por el expresidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
Además, la norma que se dará a conocer a través del Boletín Oficial, dará un paso más allá de lo derogado oportunamente por la gestión Cambiemos e incluirá a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.
El Presidente también indicó que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación “son derechos básicos que debemos preservar” y que por esta razón se instruyó para que de aquí en adelante “haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.
La medida se concretará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a partir del cual se dejarán sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.
El anuncio formulado esta noche por el Presidente también deja sin efecto el incremento de entre 10 y 15% que las tres mayores operadoras de telefonía celular -Movistar, Telecom Personal y Claro- tenían previsto aplicar a partir del primer día de septiembre.
El DNU dispondrá, entre otras cuestiones, que “se establecen a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC), al acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC, como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó esta noche a Télam que “quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico”.
“Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible” afirmó, al referirse a la medida dispuesta por el Gobierno.
En el mismo sentido, consideró que “era imprescindible recuperar la declaración de servicio público que había eliminado el expresidente Mauricio Macri a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico”.
“Significa que si bien sigue siendo en competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom”, apuntó.
“Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado”, aseveró López al plantear el nuevo esquema de competencia que tendrán que abordar las compañías prestadoras de cada servicio.
El vicepresidente del Enacom también reseñó que se implementarán “las prestaciones básicas universales y obligatorias”, lo que implica asegurar “los planes inclusivos y la tarifa social para los que no pueden acceder a un plan”.
“El Estado ahora le va a garantizar el acceso a planes inclusivos a través de una prestación universal y que las empresas serán las encargadas de ofrecerá un precio acordado” con la autoridad de aplicación.
Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un “servicio público” y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad.
Fuente: ambito.com
