En 2019, el Estado pagó 21,4 millones de beneficios, entre jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y diversos planes sociales. Para este año, por la pandemia y la cuarentena, se pagarán más de 33 millones de beneficios a 27 millones de personas, ya que se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -ayuda que llegó a casi nueve millones de personas– y el pago de parte del salario de las empresas privadas, que sirvió para completar los ingresos mensuales de unos tres millones de trabajadores, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Como en algunos casos una persona puede cobrar más de un beneficio (IFE y AUH), se calcula que 27 millones de personas recibe asistencia del Estado.
Es decir, en una población de 45 millones de personas, este año, seis de cada diez ciudadanos recibieron un cheque del Estado. Más de la mitad del presupuesto del Gobierno nacional se aplica a pagar estos beneficios y planes.
Cifras
Los 21,4 millones de beneficios pagados en 2019 surgen de un detallado y riguroso estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un equipo de especialistas elegidos por concurso público y dirigido por el economista Marcos Makón, difundido por el diario Clarín
De dicho informe se desprende que 7,7 millones de cheques corresponden a jubilaciones y pensiones que se financiaron con aportes y contribuciones aplicados sobre los ingresos salariales de sus beneficiarios. Estos cheques representaron un gasto equivalente al 5,6% del PBI. Es decir, se trata de jubilados o pensionados que están recibiendo la contrapartida por los años de aportes que hicieron durante su vida laboral. A esto se lo denomina “pilar contributivo”.
El resto –13,7 millones- fueron pagos que no tuvieron contrapartida de financiamiento en función de las características laborales de las personas (técnicamente se habla de pilar no contributivo o semicontributivo). Y fue equivalente al 4,7% del PBI.
Los 21,7 millones de cheques representan, en plata, el 10,3% del PBI. El esfuerzo destinado al gasto social es la porción más grande del presupuesto nacional, y viene creciendo en forma sostenida. En 2008, estos desembolsos representaron el 38% del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Hoy ya está en el 47%. En otras palabras, uno de cada dos pesos que gasta el Estado nacional se destinaron en 2019 a financiar los 21,7 millones de beneficios.
La contrapartida de esa mayor asistencia estatal es que, al prolongarse la recesión y el achicamiento de la economía y de los recursos, se agranda el déficit del sistema de Seguridad Social. Así, se requiere, para financiarse, de una mayor presión fiscal y de las transferencias del Tesoro Nacional que, también deficitario, acude a la asistencia del Banco Central, en un círculo vicioso que parece no tener solución.
Actualmente el 80% del Gasto Público Social (GPS) corresponde a Seguridad Social. Es el máximo histórico desde 1993. El resto corresponde entre otros, a Educación, Salud o Vivienda.
El crédito o la autorización de gasto vigente al mes de agosto de 2020 “asciende a $7.6 billones de pesos, lo que significa que aumentó un 56,2% con relación a la partida original”, señala el Informe de Ejecución Presupuestaria a agosto de la OPC. Todo por impacto de la pandemia en el gasto público.
Pobreza
A pesar de la magnitud de la ayuda estatal, la pobreza en la Argentina siguió en aumento. En el segundo semestre de 2019, según el INDEC, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población urbana. Proyectado a todo el país son 16 millones de personas pobres. Dentro de dos semanas, el 30 de septiembre, el INDEC dará a conocer los datos del primer semestre de este año que se estima será superior al 40%, con un segundo trimestre en torno del 45%: más de 20 millones de pobres.
El Informe de la OPC, que comprende el período 2008-2019, aclara que los pagos corresponden al “número de beneficios y no de beneficiarios. Esto es así dado la falta de disponibilidad de bases de datos con nombre y apellido que permitan identificar al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble contabilización en caso de recibir una persona más de una prestación social”.
Por ejemplo, jubilación y pensión por viudez o este año el cobro de la AUH y el IFE. Si se eliminara el doble beneficio, los 21,4 millones de beneficios de 2019 bajarían a poco menos de 20 millones. Y los 33 millones de 2020 a unas 25 millones de personas.
Pocos contribuyen
Los datos de la OPC marcan que los pagos semi y no contributivos crecen mucho más rápido que los contributivos, y este año a mayor velocidad porque tanto el IFE como el ATP no tienen una contrapartida en aportes anteriores o presentes. Es decir: más personas reciben un cheque del Estado sin haber hecho en el pasado, ni en el presente, una contribución.
Por ejemplo, entre 2008 y 2015, los pagos contributivos pasaron de 6 millones a 7,1 millones y a 7,7 millones en los 4 años siguientes. Y los semi y no contributivos pasaron en 2008-2015 de 6.7 millones a 11,8 millones de beneficios. Y en los 4 años siguientes a 13,7 millones.
Este análisis de los tres pilares (contributivo, no y semicontributivo) es clave para analizar la sustentabilidad del régimen previsional porque, como indica el Informe, “los beneficios otorgados en concepto de jubilaciones y pensiones (con financiamiento contributivo) permanecieron prácticamente estables durante todos los años bajo análisis” (2008/2019), más aún tomando en cuenta el crecimiento de la población. En otras palabras: se mantiene constante la cantidad de personas que aportan dinero al régimen previsional, pero cada vez son más quienes toman dinero de ese fondo.
En las últimas décadas, tanto en Argentina como en el resto de los países de América Latina, se aprobaron programas o políticas destinadas a la población no cubierta por los beneficios de la seguridad social, dando “lugar a un sistema mixto, que combina fuentes de financiamiento contributivas y no contributivas”.
El componente contributivo está conformado por las Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones Familiares y el Seguro de Desempleo. En el último año, el gasto asociado a este componente representó 5,6% del PBI. No obstante, “los subsistemas semi contributivo y no contributivo han ido ganando importancia relativa dentro del sistema de protección social, alcanzando una participación del producto de 2,6% y 2,1% del PBI, respectivamente en 2019”. El año pasado el esquema no contributivo brindó cerca de 10 millones de beneficios.
Punto de quiebre: el fin del 1 a 1
Si bien con anterioridad al 2001 existían planes sociales no contributivos, el derrumbe de la convertibilidad fue el disparador de la multiplicidad de planes y medidas que ampliaron el universo de beneficiarios. Y luego siguieron ampliándose ya que desde 2011 la economía no solo no crece sino que retrocedió un 10% por habitante, antes de la pandemia.
Se mantiene constante la cantidad de personas que aportan dinero al régimen previsional, pero cada vez son más quienes toman dinero de ese fondo.
Con la disparada de la desocupación y pobreza, en 2002, se creó el Programa de Emergencia Alimentaria destinado a familias en situación de pobreza, y el Plan Jefes de Hogar (PJyJH) de entre 150 y 200 pesos para familias con hijos de hasta 18 años, con hijos discapacitados y también para las mujeres embarazadas y se reflotó el Programa de Emergencia Laboral (PEL), para realizar actividades comunitarias con un subsidio de $ 150, reemplazado luego por el Programa de Empleo Comunitario (PEC).
En abril de 2003, según datos oficiales publicados por el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEYC), el número de beneficiarios del programa PJyJH alcanzó a 1.987.875 personas.
Estos planes se fueron modificando y ampliando y en la actualidad rigen muchos más: Hacemos Futuro, Progresar, Salario Social Complementario, Jóvenes con más y mejor trabajo, Empleo Transitorio, REPRO, Seguro de Capacitación y Empleo con 1,5 millón de beneficiarios, en su mayoría con el cobro del 50% del salario mínimo, vital y móvil ($ 8.437,50).
La importancia de las moratorias
La moratoria previsional fue la otra gran vertiente implementada en 2005 porque por la informalidad y el desempleo muchísima gente no podía jubilarse por no reunir los 30 años de aportes mínimos requeridos. Por la moratoria, más de 3,5 millones de personas -en su inmensa mayoría mujeres (“amas de casa”)- obtuvieron la jubilación mínima, sin haber registrado el total de aportes requeridos (30 años), deduciéndoles del haber los aportes no ingresados en hasta 60 cuotas.
De acuerdo al Boletín de la Seguridad Social, a junio de 2020, sobre 6,8 millones de jubilaciones y pensiones, 3,6 millones (el 52%) son beneficios que fueron obtenidos con la moratoria. Es decir que uno de cada dos jubilados accedió al beneficio gracias a la moratoria, y no por haber cumplido con el total de aportes que marca la ley.
En 2016, a las moratorias, se sumó la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) – que cuenta en la actualidad con 170.000 beneficiarios. Son personas de 65 años o más que no pueden jubilarse por no tener los aportes requeridos. Cobran el 80% del haber mínimo, tengan o no algunos años de aportes.
Aun así, actualmente, a 5 años de reunir la edad jubilatoria, una de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y dos de cada 10 varones de entre 60 y 64 años no podrán jubilarse por contar con pocos años de aportes. De ahí que en el Gobierno están analizando lanzar una nueva moratoria. Esto preanuncia un crecimiento que agrandará el número de beneficiarios, aquellos 21,4 millones de cheques.
Pensiones por invalidez
Las Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez tuvieron otra fuerte ampliación asistencial a partir de 2005. Dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social con incapacidad para trabajar –disminución del 76% o más en su capacidad laboral—crecieron de 75.947 en 2001 a 1.026.570 a junio de 2020. A esto se suman otras 400.000 PNC para madres de 7 o más hijos, graciables, vejez y leyes especiales. Perciben el 70% del haber mínimo.
Asignación Universal por Hijo
La cuarta gran variante es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que abarca a 2,2 millones de padres y 4,3 millones de chicos, y la Asignación por Embarazo. Esta Asignación se creó como un derecho universal que comprende a los hijos menores de padres sin trabajo o que se desempeñan en la informalidad, complementada con la Tarjeta Alimentaria.
Con la expulsión de los trabajadores formales del mercado formal de trabajo, la AUH sigue creciendo en cantidad de chicos. Así pasó de cuatro millones de beneficios en junio de 2018 a 4.3 millones en igual mes de 2020.
A pesar del alcance de todos estos programas sociales y la magnitud presupuestaria de la asistencia social – casi 5% del PBI en 2019, que este año podría duplicarse – muestran los límites insalvables de las políticas asistenciales. Porque más allá de la coyuntura, la pobreza estructural tiene un piso del 25% del total de la población –más de 10 millones de personas- y la magnitud de la pobreza infantil – superior al 50% -compromete el futuro de la sociedad en su conjunto.
