La Secretaría de Finanzas dio a conocer un nuevo informe sobre la deuda total de la Administración Central – interna y externa, en pesos y en moneda extranjera. La deuda total cayó en septiembre de u$s3232 millones a u$s342.619 millones respecto a agosto.
La Secretaría de Finanzas dio a conocer un nuevo informe sobre la deuda total de la Administración Central – interna y externa, en pesos y en moneda extranjera- en medio de la búsqueda del gobierno de buscar financiamiento. El primero de los informes se dio a conocer en enero y el segundo en febrero. Según datos oficiales, la deuda total disminuyó en comparación al mes de agosto en el equivalente neto de u$s3232 millones a u$s342.619 millones.
Al cambio oficial, la deuda total equivale al 74% del PBI mientras que asciende a más de 130% del PBI al cambio libre que rige para las transacciones financieras a través de mercado de capitales, según las normas del Banco Central. De esta manera, se retrajo al nivel que había alcanzado entre el nivel registrado en mayo y junio de 2021 y permitió achicar el monto acumulado desde inicio de año a u$s7036 millones y desde 2019 a u$s29.320.
Si se tiene en cuenta la variación de la deuda pública contraída por parte de Finanzas con el Banco Central se puede observar un incremento en septiembre en u$s1245 millones y u$s11.655 millones en el acumulado de los primeros nueve meses del año. De la información obtenida por Finanzas, la cancelación parcial de algunos de los compromisos financieros de la Administración Central fue el ingreso de u$s4300 millones derivados de los DEG del Fondo Monetario Internacional.
Financiamiento
Según la planilla de la secretaría de Finanzas, el financiamiento neto obtenido ascendió a u$s9002 millones, mientras que los vencimientos pagados sumaron u$s12.375 millones, entre los que se incluye u$s1890 millones de una cuota con el Fondo Monetario Internacional que el ministro de Economía Martín Guzmán presentó en su encuentro con Kristalina Georgieva como muestra de “buena voluntad” para lograr consensos sobre la deuda. Otro dato importante es que pese a la aceleración de la inflación y el aumento en el tipo de cambio, las diferencias anotadas por ajuste de los bonos públicos con cláusula CER y por variación del dólar resultaron neutras (más de u$s916 millones en el primer caso y menos de u$s902 millones en el segundo).
Presiones para el acuerdo
Para los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional que ingresaron en el canje de deuda de agosto pasado, es ahora o nunca. Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas.
Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas más duras posibles. Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light y a dos años; comenzaron desde la semana pasado un operativo para que Fondo endurezca su posición y le exija al país “las condiciones habituales para un acuerdo de este tipo”, según la interpretación que uno de los fondos le transmitió a este medio.
El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default. Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%.
Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores. Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.
Fuente: ambito.com
