Desde el lunes, los empleados afiliados a prepagas podrán destinar sus aportes directamente a las empresas de salud, eliminando intermediaciones.
A partir del próximo lunes, entrará en vigencia un cambio trascendental para los trabajadores afiliados a prepagas y obras sociales. Según la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, los aportes salariales destinados al sistema de salud podrán ser transferidos directamente a las empresas de medicina privada, sin intermediaciones, a solicitud del trabajador.
Este nuevo esquema pone fin a un mecanismo de triangulación vigente durante décadas entre obras sociales y prepagas. La medida busca reducir costos asociados a la intermediación, que representan entre un 3% y un 7% del valor del servicio.
Como resultado, las cuotas podrían disminuir o, al menos, contener futuros aumentos, aunque esta decisión quedará en manos de las prepagas.
Impacto en los trabajadores y el sistema de salud
El cambio beneficiará a 4,3 millones de empleados en relación de dependencia que podrán elegir el destino de sus aportes a través de una plataforma habilitada por el Ministerio de Salud. En paralelo, se trabaja en la integración de esta funcionalidad en la app Mi Argentina, para que los usuarios puedan monitorear cuánto de sus aportes se destina a prepagas y cuánto a obras sociales.
Solo en noviembre, la triangulación absorbió $41.158 millones, una cifra considerable que ahora podría ser redirigida directamente a las empresas de salud privada.
La decisión no fue bien recibida por los sindicatos, que ven en este cambio una amenaza al flujo de fondos hacia las obras sociales. Esto podría intensificar el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT), en un contexto político ya tenso.
El Gobierno también apunta a abrir un debate más amplio sobre el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente destina el 15% de los aportes de los trabajadores a cubrir gastos médicos de personas con discapacidad. En noviembre, estas coberturas representaron $88.225 millones y, en lo que va del año, acumulan $671.530 millones.
Sin embargo, según los cálculos oficiales, dos tercios de esos fondos se destinaron a gastos de educación y transporte, servicios que el Gobierno considera responsabilidad de las provincias. Esto abre la posibilidad de un replanteo que podría trasladar esas erogaciones —estimadas en $450.000 millones para 2024— a las arcas provinciales.
Fuente: aire de santa fe
