La medida también amplía el manejo de los dólares que obtienen las empresas a partir de la toma de deuda financiera en el exterior.
En otro avance en la eliminación del cepo cambiario, el BCRA flexibilizó los plazos de ingreso de divisas por cobro de exportaciones y deudas financieras.
La autoridad monetaria decidió incrementar los plazos para el ingreso de los dólares provenientes de exportaciones y de las deudas financieras contraídas en el exterior por parte de las empresas.
La medida del BCRA se oficializó a través de la comunicación A 8137, que ya fue remitida a las entidades financieras, y se suma a otras decisiones tomadas por el equipo económico en los últimos meses que apuntan a levantar ciertas capas del cepo.
Por un lado, la norma amplía los plazos obligatorios en los que los exportadores de bienes y servicios deben liquidar sus divisas en el mercado oficial.
Hasta ahora, en el caso de exportaciones de bienes, existía un plazo para el cumplimiento de la obligación de ingreso de divisas de entre 15 y 180 días corridos (según la posición arancelaria de la que se trate), que se contabilizaban desde la fecha de embarque de la mercadería. Para las exportaciones que se concretan en el marco del régimen”Exporta simple”se extendía a 365 días corridos.
El plazo más corto, de 15 días corridos, era el que aplicaba a exportaciones de soja, maíz y trigo. A partir de esta medida, se ampliará a 30 días corridos.
Complementariamente, si el exportador cobra su venta al exterior, cuenta actualmente con un plazo de 5 días hábiles para su ingreso y liquidación, siempre sujeto al cumplimiento del plazo que corresponda por posición arancelaria. Este plazo se amplía a 20 días hábiles, le explicaron a Ámbito fuentes oficiales.
Por ejemplo, si tiene un plazo de 180 días corridos por posición arancelaria y cobra el día 60, tenía hasta ahora 5 días a partir de la fecha de cobro para liquidar. Ahora tendrá 20 días hábiles desde el cobro. Si cobra el día 170, dado que los 20 días hábiles se pasan de los 180, aplicará un tope de 180.
En el caso de exportaciones de servicios, el plazo general actual es de 5 días hábiles desde la fecha de cobro y también pasa a 20 días hábiles.
De esta forma se equipara con el plazo vigente para exportadores que sean personas humanas y estén exceptuados de la liquidación conforme la norma actual que ya cuentan 20 días hábiles.
Toma de deuda
La medida del BCRA también flexibiliza el manejo de los dólares que obtienen las empresas a partir de la toma de deuda financiera en el exterior.
Ocurre que, si bien las normas cambiarias no exigen el ingreso y liquidación de los endeudamientos financieros con el exterior, actualmente es condición haberlo liquidado para poder acceder al mercado oficial para atender sus servicios de capital e intereses.
Lo habitual es que el primer servicio de interés caiga entre 90 y 180 días de la emisión. El plazo del primer servicio de intereses termina actuando como plazo máximo para la liquidación.
Además, entre las condiciones que permiten acceder al mercado para cualquier concepto de salida de divisas del país es requisito presentar una declaración jurada de que no se cuenta con fondos de libre disponibilidad en el exterior por más de US$ 100.000.
Así, para una firma que toma deuda en el exterior y que accede regularmente al mercado por ejemplo para el pago de importaciones de bienes y servicios, esta condición también impacta en el plazo en que puede liquidar un endeudamiento con el exterior.
Flexibilidad
Con la nueva norma del BCRA esto cambiará. Para permitir una mayor flexibilidad en el manejo de los fondos que se reciban a partir del 29 de noviembre por colocaciones de deuda en el exterior, no deberán incluirse por los primeros 180 días en la declaración jurada mencionada, lo que en la práctica permite que se dejen los fondos en el exterior hasta la fecha del primer vencimiento de intereses con un máximo de 180 días.
Asimismo, la medida mantiene la posibilidad actual de no incluir estas operaciones de endeudamiento financiero en las declaraciones juradas por hasta 365 días en el caso de que los fondos depositados no superen el equivalente a pagar por capital e intereses en los siguientes 365 días corridos.
La nueva normativa también establece que el plazo para el pago de importación a firmas no vinculadas por servicios culturales, personales y recreativos que actualmente es de 90 días, se lleva a 30 días, que es el plazo general para los servicios que aún están alcanzados por plazos de pago. Hay algunos, como turismo y salud, que no tienen plazo.
Cambian estructura de subsidios en energía y transporte
El Gobierno utilizará préstamos del Banco Mundial por unos US$ 1.000 millones para modificar el esquema de subsidios a la energía y el transporte.
El objetivo es reestructurar el esquema de subsidios a la energía eléctrica y el transporte público por colectivos.
El objetivo será orientar la ayuda del Estado nacional exclusivamente a los usuarios más vulnerables mediante una tarifa social.
Así, se eliminará el actual esquema de segmentación de tarifas a la energía (luz y gas) en todo el país.
Otra meta es reducir los subsidios a los colectivos -solamente destina recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, aunque eso tiene un mayor impacto a nivel social y en la inflación.
Las cláusulas de los contratos establecen que la Argentina se comprometerá a desarrollar “capacidades institucionales” y orientar los recursos del Estado con “perspectiva de género”, así como también la prevención y la respuesta ante el “acoso sexual” en el transporte, y la mitigación del “cambio climático”.
El Banco Mundial ya aprobó estos créditos pero sus desembolsos recién empezarán el año que viene.
El Proyecto de Apoyo a la Sostenibilidad y Equidad del Transporte Público otorgará US$ 500 millones y establece criterios para la “elegibilidad” de usuarios a recibir subsidios mediante un programa de tarifa social, que deberá vincular los datos individuales que tienen los distintos organismos del Estado sobre las personas con registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Algunos de sus objetivos son “fortalecer la inclusión” de personas con discapacidad, “apoyar la prevención y respuesta contra el acoso sexual” en el transporte público y “apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático”, mediante la identificación de vehículos eléctricos y la transición hacia modelos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como el dióxido de carbono (CO2).
Ese programa prevé que se deberán sumar en los próximos años unos 400.000 beneficiarios a la tarifa social y que cerca de 1.360 millones de viajes deberán ser subsidiados. El capital del préstamo será devuelto en cuotas semestrales entre el 1 de diciembre de 2031 y el 1 de junio de 2056, a razón de 20 millones de dólares por año.
Mientras tanto, el Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible, por otros US$ 500 millones, fija como una de sus metas “definir hogares de bajos ingresos a ser protegidos contra mayores incrementos en las tarifas, con la inclusión de una perspectiva de género cuando sea factible”.
La intención oficial es racionalizar el gasto en subsidios, que este año ya bajaron un 34% frente al período enero-octubre 2023, mientras que en 2025 volverían a caer entre 30% y 40% para representar menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta cerca de los US$ 4.000 millones.
Fuente: el litoral
