NACIONALES – Desafío para la reforma laboral: la mitad de los juicios son por ART y aumentan los costos de las empresas

Los juicios vinculados con los riesgos del trabajo crecieron exponencialmente en los últimos años, según reveló un estudio de la UART

Terminar con la llamada “industria del juicio”, junto con la necesidad urgente de reducir la informalidad, se convirtió en uno de los pilares del plan del gobierno de Javier Milei para avanzar con una amplia reforma laboral tras el triunfo legislativo de octubre.

Mientras el Ejecutivo acelera las conversaciones con gobernadores, legisladores, cámaras empresarias y gremios para definir los lineamientos del nuevo marco legal, desde el sector privado crecen las advertencias sobre la necesidad de incorporar medidas concretas que frenen el aumento constante de la litigiosidad laboral, un fenómeno que, según señalan, encarece significativamente los costos de las empresas.

Este problema se explica, por un lado, por el incremento de reclamos vinculados a las condiciones laborales y, por otro, por la expansión de los juicios relacionados con los riesgos del trabajo, que actualmente representan cerca de la mitad de los procesos judiciales laborales.

Desafío para la reforma laboral: la mitad de los juicios son por las ART

De acuerdo con un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) a partir de datos de los tribunales laborales de todo el país, en 2024 se iniciaron 260.969 juicios, de los cuales 134.914 corresponden a demandas laborales generales sobre un universo de un millón de empleadores, mientras que los 126.055 restantes se dirigieron contra el sistema de ART (casi la mitad del total). Para 2025, las aseguradoras anticipan más de 132.400 nuevas demandas, que se sumarán a un stock superior a 300.000 causas ya acumuladas contra el sistema.

El impacto económico es considerable: el costo de la litigiosidad en los juicios iniciados durante el último año equivale a casi 7 millones de salarios mínimos y representa algo más del 1,1% de la masa salarial cubierta por el sistema de ART, que actualmente protege a más de 10 millones de trabajadores.

Si se considera el costo laboral, la UART estima que financiar el incremento de demandas requeriría elevar la alícuota promedio de las empresas en un 80%, pasando del actual 2,85% al 5,15% de la masa salarial. Ese salto, explican, responde a la necesidad de cubrir los montos resultantes de las sentencias judiciales y las tasas de actualización aplicadas por los tribunales.

Pese a la sanción de la Ley 27.348 en 2017 -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri y adoptada por 18 provincias-, la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo no se redujo como se esperaba. La norma había creado comisiones médicas administrativas, bajo la supervisión de la Superintendencia de ART, y dispuso la conformación de cuerpos médicos forenses en el fuero laboral.

Sin embargo, su implementación fue dispar: en varias jurisdicciones las autoridades judiciales demoraron la creación de esos cuerpos, y en los casos en que sí se constituyeron, se detectaron amplias diferencias entre las incapacidades fijadas en sede administrativa y las determinadas por la Justicia.

Radiografía de los juicios laborales, según el informe

El informe de la UART aporta un dato revelador: el 91% de los juicios iniciados corresponde a expedientes en los que las comisiones médicas habían determinado la inexistencia de incapacidad, pero en esas mismas causas los cuerpos médicos judiciales establecieron un promedio del 14% de incapacidad. Un ejemplo ilustrativo es la comparación entre Jujuy y Salta: con niveles similares de accidentes laborales, la judicialidad alcanza el 113,8% en Jujuy y apenas el 3% en Salta.

“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la UART. Según explicó la entidad, los peritos judiciales que determinan los grados de incapacidad actúan de manera independiente, sin supervisión, y sus honorarios están relacionados con el resultado del juicio.

“Estos peritos establecen porcentajes de incapacidad según sus propios criterios, desvíos que son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas”, agregó la cámara.

A esto se suma la falta de uniformidad en los criterios de actualización e intereses aplicados por los tribunales laborales de distintas provincias. Algunos juzgados utilizan el RIPTE, otros el IPC o la tasa activa, e incluso en ocasiones suman porcentajes adicionales. Esa disparidad no solo se observa entre provincias, sino también entre juzgados de una misma jurisdicción, lo que genera aún más incertidumbre jurídica y financiera.

En este contexto, mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral y el presidente Javier Milei insiste en la necesidad de promover el empleo formal, las aseguradoras piden “incluir medidas que terminen con el flagelo de los juicios por riesgos del trabajo”. Y advierten: “Todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementación adecuada en la Justicia, agrava el problema”.

Fuente: infobae