La Ley de Modernización busca unificar criterios para frenar la industria del juicio, pero una nueva herramienta digital del BCRA aplica el “cálculo compuesto” y llega a triplicar los montos de las indemnizaciones.
El escenario judicial en materia del trabajo en Argentina atraviesa una nueva etapa de confusión. Pese a que la Ley de Modernización Laboral fue diseñada para reducir la litigiosidad y establecer mecanismos claros de actualización, la reciente puesta en marcha de una calculadora oficial por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encendido las alarmas en el sector productivo.
La controversia radica en la metodología elegida para calcular los intereses de los créditos laborales: mientras la Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por el “cómputo simple”, el Banco Central optó por el “cómputo compuesto” (intereses sobre intereses), lo que dispara los costos de las indemnizaciones a niveles que muchas empresas consideran “impagables”.
La advertencia fue formulada por el Instituo para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) tras analizar la Resolución 45/26 del BCRA. El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina advirtió que ese dispositivo oficial es contradictorio con el propósito de la norma sancionada en el Congreso a instancias de la Casa Rosada.
¿Simple o compuesto?
La diferencia entre métodos de cálculo no es solo técnica, sino económica y de alto impacto para las pymes. Según IDESA, tomando como base un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 y actualizado a diciembre de 2025, los resultados varían drásticamente según el criterio aplicado:
-Cómputo simple: El monto asciende a $280.
-Cómputo simple con piso y tope (Ley de Modernización): El resultado es de $367.
-Cómputo compuesto (Calculadora BCRA): La cifra salta a $766.
De este modo, la herramienta del Banco Central arroja un monto que casi triplica al del sistema simple y duplica lo estipulado por los topes de la nueva ley.
Una contradicción legal y financiera
El problema, de acuerdo al análisis de IDESA, tiene su raíz en una colisión normativa. El Artículo 770 del Código Civil y Comercial prohíbe el anatocismo (cobrar intereses sobre intereses), lo que validaría el cómputo simple.
Sin embargo, el mismo artículo deja una puerta abierta para el cómputo compuesto en caso de juicios, lo que genera una disparidad de criterios entre los jueces laborales: algunos aplican tasas bancarias, otros índices salariales o inflación, sumando puntos porcentuales de forma discrecional.
Desde IDESA advierten que, ante el vacío legal de la Ley de Modernización sobre este punto específico, el BCRA debería haber seguido la doctrina de la Corte Suprema en lugar de optar por la capitalización de intereses.
El riesgo sistémico
La persistencia de esta “litigiosidad espuria” y el uso de mecanismos de actualización gravosos tienen consecuencias sociales directas. El informe cita casos emblemáticos como el del restaurante Piegari o la liquidación de Galeno ART, situaciones derivadas de pasivos laborales que se volvieron imposibles de cancelar.
Si las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo entran en una crisis generalizada por estos cálculos, el impacto se trasladará al Estado, ya que es el Fondo de Reserva el que debe responder por los juicios. En un contexto de alta inflación y demoras judiciales, la falta de una “homogeneización de criterios” amenaza con profundizar la crisis del empleo formal y la estabilidad de las pequeñas empresas.
Fuente: ellitoral.com
