Los datos se conocen a casi un mes de vigencia de la nueva ley sancionada en la Legislatura local. En el cuatrimestre, la litigiosidad laboral santafesina creció 19,3%, por sobre el promedio nacional del 2,3%.
En abril de 2026, la litigiosidad laboral en Santa Fe presentó un aumento del 24,9% en comparación con la cantidad de ingresos registrados en abril de 2025, según un reporte de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Durante el cuarto mes del año, la provincia registró 2.241 nuevos juicios. Además, si se analiza el primer cuatrimestre del año en su totalidad, Santa Fe acumuló 6.535 nuevos casos, lo que representa un incremento del 19,5% por encima del mismo período del año anterior, muy superior al 2,3% a nivel nacional.
Los datos posicionan a Santa Fe como la jurisdicción con la mayor variación interanual entre las cinco más grandes del país. A nivel nacional, el reporte de la UART evidencia una tendencia de crecimiento continuo en la litigiosidad laboral.
Según el documento, las demandas han alcanzado volúmenes desproporcionados si se los compara con sistemas similares a nivel internacional.
De todas maneras la UART destaca cambios en el Código Procesal Laboral santafesino, tras una reforma orientada a dar previsibilidad al empleo local y poner a la provincia en sintonía con otros distritos de características productivas similares, como Córdoba y Mendoza
La norma pone en funciones un Cuerpo Médico Forense que ya juró ante la Corte, reduce plazos para presentar la demanda y limita honorarios periciales, según los puntos destacados por las prestadoras del seguro. A nivel nacional el promedio del incremento fue del 2,3%.
En el país
En los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 39.687 nuevos juicios en todo el sistema nacional, de los cuales 12.727 corresponden únicamente al mes de abril.
Esto representa un aumento del 2,3% frente al volumen ingresado durante el mismo cuatrimestre de 2025, un período que ya había sido catalogado como particularmente elevado.
Al analizar los últimos doce meses móviles (abril 2025 a abril 2026), el sistema acumuló el ingreso de 135.000 demandas. Si se proyecta esta misma aceleración para el resto del año, se estima que el 2026 terminará con un nuevo récord de 138.600 juicios.
Más allá del fuerte incremento analizado en Santa Fe, el reporte detalla cómo se comportan otras provincias clave en este escenario de aumento nacional:
Entre Ríos: Registró el mayor aumento del acumulado móvil de 12 meses a nivel país, con un salto del 33%.
Chubut: Se ubica como la segunda provincia con mayor crecimiento en el acumulado de 12 meses (24%), aunque recientemente empezó a mostrar algunas bajas interanuales tras los altos niveles de 2025.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Mantiene un alza interanual constante, registrando un crecimiento del 9% (mencionado también como 9,4%) en comparación con el primer cuatrimestre de 2025
Provincia de Buenos Aires: A diferencia de las anteriores, mostró una baja del 4,9% respecto al mes de marzo, lo que le permitió que sus números acumulados se mantengan estables en los mismos niveles que tenía en 2025.
Nueva ley en Santa Fe
Cabe recordar que en Santa Fe ya está en vigencia la ley N° 14.437, sancionada a fines de abril por el Senado de la provincia, que modifica artículos del Código Procesal Laboral, fortalece el Observatorio de Comisiones Médicas y retoca artículos de la Ley N° 14.003 por el cual Santa Fe había adherido a la ley de ART.
Doce entidades empresariales respaldaron la sanción legislativa “destacando su impacto en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la previsibilidad para la actividad productiva”.
El documento tuvo el respaldo de ADEESA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, Camarco -delegaciones de Santa Fe y de Rosario-, Carsfe, Coninagro, Corenosa, Federación Agraria Argentina, Fececo, Federación Gremial y Fisfe.
Entre otras muchas disposiciones, la norma endurece las condiciones para iniciar un juicio civil o laboral tras el paso por las Comisiones Médicas en caso de accidentes o enfermedades laborales. Ya no basta con acreditar que se agotó la vía administrativa previa.
Además establece que las pruebas periciales se realicen a través de un cuerpo oficial de profesionales dependiente directamente del Poder Judicial. Y los peritos externos que intervengan, ya no percibirán honorarios como un porcentaje del monto total reclamado en la demanda.
La regulación de los honorarios de los peritos estará ligada exclusivamente a la complejidad de la labor técnica realizada y tendrá un tope máximo de 5 JUS (unidad de medida del Poder Judicial), evitando que se inflen las demandas para cobrar más honorarios.
Fuente: el litoral
