Alcanzan a más de 8000 personas que perciben haberes promedio de entre $ 235.000 y $ 335.000 por mes. Un gasto de $ 25.000 millones anuales, pese a que solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva. El proyecto ingresó este viernes a Diputados.
Casi en simultáneo con el anuncio del aumento de $ 1500 más 2,3% a los jubilados, el Gobierno decidió enviar este viernes al Congreso un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, algo que Alberto Fernández había adelantado en diciembre, tras el escándalo que se desató cuando estos regímenes quedaron eximidos de la suspensión de la movilidad por 180 días.
La iniciativa ingresó pasadas las 20 por mesa de entrada de Cámara de Diputados y comenzará a ser analizada por los distintos bloques ya este próximo lunes. Aunque no parece factible que pueda tratarse durante la próxima semana, con seguridad será abordado antes del final de las sesiones extraordinarias.
En conjunto, las jubilaciones de privilegio suponen un gasto de $ 25.000 millones anuales, aún cuando solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva.
Con estos datos en mano, el Ejecutivo alistó la iniciativa que, en sus considerandos, señala que “se busca reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”.
Todo esto en un contexto de déficit del sistema previsional que alcanzó en los últimos años “valores cercanos a los dos puntos porcentuales del PBI”, lo que amerita -continúa el texto- “tomar medidas conducentes a la corrección de tales desequilibrios”.
Los cambios más importantes
- Aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años: la escala arrancará en 60 años en 2020 e irá subiendo progresivamente hasta llegar a los 65 en 2025.
- Incremento de siete puntos porcentuales en el aporte jubilatorio: de esta forma los funcionarios alcanzados aportarán el 18% de su salario, a diferencia de los del régimen general que contribuyen con el 11%.
- Reducción de los cargos que pueden acceder a estas jubilaciones: el proyecto de ley mantiene dentro de este régimen especial a los jueces de la Corte y a los de Cámara, así como a los fiscales y procuradores, pero excluye, por ejemplo, a los prosecretarios administrativos, que antes lo integraban.
- Incremento de los años de servicio con aportes requeridos: como en el sistema general, se deberán acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio.
- La jubilación será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años.
En el caso del Servicio Exterior, el proyecto establece, además, que la prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de años, como sucedía hasta hoy.
Y dispone finalmente que los funcionarios del Servicio Exterior que sean designados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley “estarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General” por lo cual quedará “derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley N° 22.731”.
El Gobierno enviará también un proyecto para congelar por 180 días los aumentos de jubilaciones de jueces y embajadores, hasta tanto se resuelva el sistema general de movilidad jubilatoria. Además, invitará a la Corte Suprema a “compensar” a la Anses, utilizando su fondo anticíclico de más de $ 40.000 millones.
