En paralelo al impulso del blanqueo laboral, el Gobierno aprovechó el verano para avanzar en negociaciones con la mira puesta en los convenios de trabajo en sectores claves de la economía. Uno de ellos es el del transporte, en donde se relanzó en diciembre la mesa de logística.

Al frente de esas gestiones se encuentra el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, quien en los últimos días se apoderó de nuevas áreas estratégicas de la dependencia laboral y que en los próximos días convocará una mesa técnica con representantes de la Federación de Empresarios del Transporte (Fadeeac) y del sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, tal como les adelantó el funcionario en encuentros separados.

Uno de los puntos polémicos es la revisión de unos 10 items del convenio laboral. La discusión iniciada en junio del año pasado durante las paritarias estalló por los aires cuando, acorralados por las causas judiciales, los Moyano emprendieron una escalada de protestas contra la gestión de Mauricio Macri.

Ahora, en medio de los conflictos generados por el cierre de empresas y despidos, la intención de Aparicio es acercar de nuevo a las partes. Con esa misión, el delfín del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, recibió el viernes 4 de enero a la nueva conducción de Fadeeac, encabezada por Mario Eliceche, quien le planteó la necesidad de reducir costos, mejorar la fiscalización y revisar el capítulo laboral.

“La actividad está muy golpeada, necesitamos mejorar la productividad y para lograr eso hay varios puntos que tenemos que hablar con el gremio, como el de la antigüedad”, se despachó sin vueltas la comitiva empresaria integrada también por el vicepresidente segundo José Aratat, el vice tercero Daniel Sauer y el secretario general Martín Borbea Antelo.

Los transportistas buscan afanosamente reducir ese ítem del 1 al 0,5%, junto con un incremento de tareas a los choferes de larga distancia, la creación de un banco de horas en reemplazo del pago de horas extras y la eliminación de viáticos por comida en las jornadas de cinco horas.

El índice de costos elaborado por la rama logística en 2018 arrojó un explosivo aumento del 58,3%, el más elevado desde 1990. Ese incremento extraordinario fue alimentado por la suba de los combustibles, la mano de obra y el impacto de la devaluación, todo esto en un contexto recesivo. Solo los dos primeros componentes representan el 70 por ciento de ese índice.

En ese marco, los empresarios buscan negociar con los camioneros el fin de las horas extras al 100% cuando se combinan jornadas diurnas con nocturnas.
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Otro objetivo es disminuir el salario diferencial de los camioneros de la actividad petrolera, anular el pago de indemnizaciones en traspasos o ventas de empresas y eliminar el plus vacacional.
Un puente tras un año sin contactos

Aparicio recepcionó las demandas y les trasmitió a los empresarios que, del mismo modo que con ellos, el jueves 20 de diciembre había mantenido una reunión “amena y productiva” en el gremio de aeronavegantes con Moyano padre; su hijo y el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano; y el abogado “Huguito” Moyano.

Hacía un año que la familia sindical no tenía un contacto de esas características con un alto funcionario desde que la relación con Macri se deterioró y se convirtió en una guerra sin retorno y que, en el peor momento, incluyó inspecciones y una multa millonaria al gremio de Camioneros.

El acercamiento ocurrió dos días después de la mesa de logística inaugurada por Macri, a la que el camionero pegó el faltazo. Coincidió además con el inicio de la nueva ronda de paritarias en las que el Gobierno busca fijar una pauta del 23%. Y, en paralelo, se dio en pleno aniversario de la rebelión del 2001, que se había llevado puesto a Fernando De la Rúa. No casualmente el clima de diciembre fue uno de los temas presentes en la charla con los Moyano.

Pablo había amenazado cerrar el año con un paro general con movilización a Plaza de Mayo. Finalmente, en su lugar, protagonizó el último viernes una marcha frente al Congreso contra el tarifazo, junto a los titulares de las dos CTA, las 62 organizaciones peronistas, el piloto Pablo Biró y el técnico aeronaútico, Ricardo Cirielli. La idea es retomar el plan original en marzo o abril.

La cita en la sede de Aeronavegantes fue facilitada por el titular de la casa, Juan Pablo Brey, un dirigente de buen diálogo con el funcionario y, a la vez, amigo de la familia del camionero, en especial del diputado Facundo Moyano.
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El aeronáutico supo ganarse el cariño del jefe sindical, un trato que más de una vez incomodó a Pablo, quien compartió con Brey su paso por el Movimiento de Trabajadores Argentinos, con el que su padre enfrentó a Menem en los ’90.

La alianza del joven camionero con Biró y Cirielli, por otra parte, tampoco es del agrado del aeronavegante. Cansado de que esos gremialistas cerraran por su lado las paritarias, Brey se abrió del frente aeronáutico para negociar por su cuenta con Dietrich. El artífice de la ruptura fue Aparicio.
Buscando la paz social

Por estas horas, el sector aeronáutico es uno de los que más entusiasma al oficialismo en su plan por “modernizar” las relaciones laborales. Y donde más resistencias está encontrando.

La línea extranjera de bajo costo Flybondi se reunirá esta semana, por primera vez, con el nuevo sindicato de empresa low cost, en una mesa de trabajo de la que participará un representante de pilotos, tripulantes, técnicos y personal de administración y handling.
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La intención es comenzar a negociar a fines de enero “objetivos comunes y fines compartidos”, entre los que figura un nuevo convenio colectivo, tal como anticipó la semana pasada iProfesional. En concreto discutirán la jornada, descansos, salarios básicos, retribución variable por productividad y la participación del personal en las ganancias.

El rubro energético es el que avanzó más en línea con la agenda macrista. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, encabezó en Mendoza la firma de un convenio de “paz social” con el gobernador Alfredo Cornejo y buena parte de los gremios hidrocarburíferos y cámaras empresarias locales para impulsar las inversiones petroleras en la provincia.

Se trata de un entendimiento similar a la cláusula “antiparo” incluida en el convenio de Vaca Muerta, en donde los petroleros resignaron además beneficios a cambio del compromiso de inversiones.

Sica mantuvo en las últimas semanas reuniones con más de 50 dirigentes gremiales y empresarios para avanzar en el relanzamiento del proyecto de blanqueo laboral, tal como anticipó iProfesional. El proyecto que contempla un fondo de cese y quita de ítems en el cálculo de la indemnización por despido, es resistido por Pablo Moyano.

En su entorno aseguraron a este medio que “no va a pasar nada con los convenios ni la reforma laboral”. El sindicalista fue quien derrivó la iniciativa a fines del 2017, cuando la CGT todavía negociaba cambios con Triaca.

Por estas horas, el titular de la sección metalúrgica de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, también levantó la voz. “No vamos a acompañar ninguna reforma laboral mientras cierran las empresas”, dijo a este medio el dirigente sindical de la UOM. El líder del gremio Antonio Caló, del que Sica fue asesor, tiene otras seccionales en llamas.

En diciembre, la filial de Tierra del Fuego solicitó no homologar el acuerdo firmado en noviembre de 2017 por el que se congelaron los salarios por dos años. A cambio, las empresas se comprometían supuestamente a preservar el empleo en la industria electrónica.

Pero la caída de las ventas, el récord inflacionario y la resolución 898 publicada en noviembre que abrió la importación de celulares, aires acondicionados y otros productos, complicó las cosas.

Ahora, el sindicato impulsará un proyecto de ley para que se declare la emergencia laboral y se frenen los despidos en el ámbito público y privado.