Precisó en cuando empiezan los períodos invernales y estivales.

El Gobierno nacional cambió los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios.

A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarca desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente

El nuevo esquema sustituye la división anterior, que contemplaba los períodos de abril a septiembre y de octubre a marzo

El objetivo de este cambio es ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país, según se indicó en los considerandos.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según la normativa, el sistema previo perdió vigencia ante la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU).

La resolución explica que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”, la cual presenta “incrementos significativos a partir del mes de mayo”

La Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclara que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptan esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”

Fuente: noticiasargentinas.com

Un informe del BCRA reveló que los argentinos mantienen cerca de u$s250.000 millones fuera del sistema financiero, el equivalente al 40% del PBI.

La Argentina es el segundo país con mayor cantidad de dólares fuera del sistema financiero o, en términos populares, “en el colchón”. Así surge de un reciente informe presentado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en el que cita datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según esas estimaciones, los residentes argentinos mantienen cerca de u$s250.000 millones en efectivo o depositados en bancos del exterior.

Sin embargo, al analizar la cifra en relación con la población, la posición del país cambia aún más: según estimaciones privadas, Argentina pasa a ocupar el primer lugar a nivel mundial en dólares fuera del sistema en la medición per cápita.

El economista Nery Persichini, jefe de estrategia de GMA Capital, realizó un cálculo ajustando los datos por habitante. El resultado ubica a Argentina en el primer lugar del mundo, con un promedio de u$s5.400 por persona fuera del sistema financiero. Detrás aparecen Bélgica, con u$s4.100 por habitante; Dinamarca, con u$s3.700; Países Bajos, con u$s2.900; Rusia, con u$s2.800; y Reino Unido, con u$s2.700.

Este volumen de dólares cobra especial relevancia para la estrategia del Gobierno, que busca que parte de esos fondos ingresen al sistema formal ya no mediante el clásico blanqueo de capitales, sino a través de la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada.

“Te van a salir dólares de las orejas”, el vaticinio de Javier Milei

En el marco del Argentina Week, el presidente Javier Milei le dejó una frase contundente al titular del Banco Central, Santiago Bausili: “Preparate porque te van a salir dólares de las orejas”. Con esa expresión, el mandatario hizo referencia no solo al posible ingreso de capitales extranjeros, sino también a otros dos canales que el Gobierno busca impulsar en paralelo: la repatriación de dólares del “colchón” mediante la Ley de Inocencia Fiscal y la llegada de inversiones a través del RIGI, el régimen que ofrece incentivos fiscales para grandes proyectos. La estrategia cobra mayor relevancia luego de que el Ejecutivo descartara, al menos en el corto y mediano plazo, recurrir al financiamiento externo.

De acuerdo con el informe presentado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, uno de los objetivos centrales es fomentar el ahorro “on shore”, incluso si está dolarizado, para retener capital dentro del país y reducir la vulnerabilidad externa. Para el Gobierno, ese ahorro interno podría convertirse en una fuente clave de financiamiento para impulsar el crédito y la inversión en los próximos años.

La apuesta por la Inocencia Fiscal

En ese marco, la Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios en el régimen tributario orientados a simplificar determinadas obligaciones fiscales y establecer una presunción de licitud impositiva para los fondos que sean declarados. La norma busca facilitar la incorporación de capitales al sistema formal y reducir la carga probatoria sobre los contribuyentes respecto del origen fiscal de ciertos fondos.

Según pudo averiguar Ámbito con fuentes del sector financiero, la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal ya está en marcha. Los depósitos en efectivo son facilitados por la normativa vigente y las entidades aseguran que no existen límites establecidos de la cantidad de dinero en billetes que se puede ingresar por línea de caja. Además, afirman que la normativa de Prevención de Lavado de Activos tampoco impide los depósitos en efectivo, independientemente de su monto. La regulación solo exige la identificación del depositante y del titular de la cuenta cuando el monto supera los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Grupo Supervielle fue la primera entidad privada en habilitar este tipo de operatoria. El banco permite a sus clientes depositar dólares y canalizarlos hacia alternativas de inversión en moneda extranjera sin trámites engorrosos ni requisitos adicionales de documentación.

Según explican en el sector financiero, un esquema similar también puede implementarse en entidades que operan cuentas asociadas a sociedades de bolsa (ALyC) y a administradoras de fondos comunes de inversión. En estos casos, la condición principal es que el cliente disponga de una cuenta bancaria en dólares habilitada dentro de la misma institución.

El procedimiento para utilizar el esquema previsto en la Ley de Inocencia Fiscal es relativamente simple. En primer lugar, el contribuyente puede adherir al régimen simplificado de Ganancias, una opción que no es obligatoria pero resulta recomendable por los beneficios fiscales asociados. Luego, debe contar con una cuenta bancaria en dólares en la entidad elegida y presentarse en la sucursal o utilizar los canales digitales correspondientes con la identificación requerida. A partir de allí, es posible depositar los dólares en efectivo o mediante transferencia a la cuenta, con disponibilidad inmediata de los fondos una vez acreditados. Además, quienes opten por adherir al régimen simplificado podrán acceder a beneficios fiscales adicionales previstos en la normativa.

Por último, en cuanto al RIGI, el informe de Werning señala que los proyectos ya aprobados superan los u$s25.000 millones, mientras que los proyectos anunciados alcanzan los u$s60.000 millones.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que parte de los u$s250.000 millones que hoy permanecen fuera del sistema financiero, sumado al RIGI y el incentivo a la inversión extranjera directa con el mejor ordenamiento macro comiencen a canalizarse hacia el circuito formal para mejorar una actividad económica en el mediano plazo, que continúa con fuerte concentración en algunos sectores.

Fuente: ambito.com

En el marco del Argentina Week, el titular del BCRA, Santiago Bausili, detalló los motivos por los que se sostienen algunas regulaciones y evitó dar precisiones sobre cuándo se eliminarán

En el marco del Argentina Week en Estados Unidos, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó modificaciones en el cepo cambiario vigente en el corto plazo y explicó por qué el Gobierno decidió mantener algunas restricciones a la libre circulación de capitales.

La explicación oficial se dio en un panel en Nueva York durante la segunda jornada del evento que busca potenciar las inversiones hacia el país. Además, de Bausili, participó el ministro de Economía, Luis Caputo. La actividad contó con la moderación de Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Claudio Irigoyen, responsable de Economía Global en Bank of America.

“Creemos fuertemente en el libre mercado. Creemos que el mejor mecanismo para asignar recursos a una economía es a través de un sistema de libre mercado, donde los precios mantienen y representan el 100% de la información disponible para tomar decisiones financieras”, comenzó diciendo el titular de la autoridad monetaria.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las políticas económicas oficiales tendieron a aflojar el cepo cambiario. A mediados de abril de 2025, la administración libertaria liberó los controles que operaban sobre las personas físicas, aunque todavía pesan otros sobre empresas e inversores.

En ese contexto, Bausili aclaró que ante los “desequilibrios heredados” de la gestión de Alberto Fernández, “los precios pueden generar un incentivo que no es el mejor para la economía”. “Por ejemplo, los precios pueden generar un incentivo para desestabilizar, para atacar a la moneda. Si ves un banco central frágil para defender una moneda, la atacas y ganas dinero. Así que el mecanismo de incentivos es ganar dinero siempre y cuando identificas una fragilidad o un desequilibrio, vas por él”, graficó.

Acto seguido, el funcionario remarcó que es en ese contexto que el Gobierno decidió mantener “ciertos mecanismos de defensa” para “protegernos de eso porque creemos en el sistema de precios y en las fuerzas del mercado, e identificamos que existen incentivos para que esas fuerzas puedan atacar al sistema”.

Si bien el disertante evitó dar precisiones sobre cuándo removerían las regulaciones que aún continúan vigentes, aseguró que profundizarán la desregulación al ritmo de la mejora del balance general del Banco Central.

“A medida que pudimos eliminar algunos de esos desequilibrios, pudimos levantar y eliminar algunas de las restricciones cambiarias. Y eso continuará siendo nuestra postura en el futuro. A medida que continuamos avanzando y a medida que continuamos mejorando la calidad del balance general del BCRA y reduciendo estas vulnerabilidades, continuaremos avanzando y eliminando los controles administrativos”, explicó.

Al mismo tiempo, el presidente del Central identificó dos restricciones principales que continúan vigentes en el mercado cambiario del país. La primera se refiere a las limitaciones de los inversores no residentes, especialmente los financieros, de retirar sus fondos de Argentina.

Actualmente, mencionó Santiago Bausili, las multinacionales cuentan con la posibilidad de girar dividendos sobre ingresos netos, y los inversores financieros ya han logrado mecanismos para repatriar su capital, por lo que consideró que esta medida funciona más como un freno al ingreso de capitales especulativos que como un obstáculo a la salida de fondos.

A su juicio, la segunda regulación de relevancia afecta a las empresas que operan en el mercado cambiario oficial, ya que deben administrar su capital de trabajo en dólares conforme a los controles vigentes.

Cabe destacar que en la previa de las elecciones legislativas, el Banco Central reinstauró la restricción cruzada para limitar maniobras de arbitraje que generaban beneficios. Ante el incremento de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras (MEP y CCL en el exterior), se estableció que quienes compran oficial no pueden operar en los mercados financieros por un plazo de 90 días. La disposición, que en un principio alcanzó a directivos bancarios, luego se amplió a todas las personas físicas.

A propósito de las limitaciones que siguen pesando sobre el movimiento de capitales, Bausili reconoció que son “engorrosas”. “El resto, creemos que es engorroso. Es un sistema muy controlado pero no afecta la capacidad de las empresas a operar normalmente. No afecta la voluntad de la economía a seguir girando”, concluyó.

Fuente: infobae.com

En febrero las ventas minoristas registraron un retroceso del 5,6%. Es el décimo mes consecutivo de caídas interanual.

Los comercios minoristas pymes empezaron 2026 sin ningún indicio de que la mala situación del sector vaya a cambiar en los próximos meses ya que en febrero se las ventas se retrajeron el 5,6% en términos interanuales, que sumadoas al -4,8% de enero acumularon un retroceso de 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con el relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Uno de los pocos datos positivos que tiene el informe de CAME es la mejora de febrero respecto de enero de 2026 del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo. “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones. Los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales”, concluye.

Analizado los datos por rubros, el relevamiento concluyó que seis de los siete sectores monitoreados cerraron febrero con resultados negativos: Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%), Textil e indumentaria (-7,4%), Calzado y marroquinería (-1,1%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-0,3%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

Los comerciantes consultados en el relevamiento indicaron que las ventas se mantienen estable (52,6%) mientras que casi 4 de cada 10 (38,8%) señalaron un deterioro en las condiciones; en tanto de acá a un año el 46,6% de los encuestados creen que no habrá cambios, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso.

Uno de los datos más preocupantes que arroja el relevamiento de CAME, en un contexto donde todo es para preocuparse, es que el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición. Esto quiere decir que, salvo que cambien las condiciones, apenas habrá inversiones en el sector por lo cual no habrá mejoras de los niveles de empleo que modifiquen la curva descendente, en un rubro que es el principal dador de trabajo del país.

Fuente: ellitoral.com

La Ley de Modernización busca unificar criterios para frenar la industria del juicio, pero una nueva herramienta digital del BCRA aplica el “cálculo compuesto” y llega a triplicar los montos de las indemnizaciones.

El escenario judicial en materia del trabajo en Argentina atraviesa una nueva etapa de confusión. Pese a que la Ley de Modernización Laboral fue diseñada para reducir la litigiosidad y establecer mecanismos claros de actualización, la reciente puesta en marcha de una calculadora oficial por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encendido las alarmas en el sector productivo.

La controversia radica en la metodología elegida para calcular los intereses de los créditos laborales: mientras la Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por el “cómputo simple”, el Banco Central optó por el “cómputo compuesto” (intereses sobre intereses), lo que dispara los costos de las indemnizaciones a niveles que muchas empresas consideran “impagables”.

La advertencia fue formulada por el Instituo para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) tras analizar la Resolución 45/26 del BCRA. El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina advirtió que ese dispositivo oficial es contradictorio con el propósito de la norma sancionada en el Congreso a instancias de la Casa Rosada.

¿Simple o compuesto?

La diferencia entre métodos de cálculo no es solo técnica, sino económica y de alto impacto para las pymes. Según IDESA, tomando como base un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 y actualizado a diciembre de 2025, los resultados varían drásticamente según el criterio aplicado:

-Cómputo simple: El monto asciende a $280.

-Cómputo simple con piso y tope (Ley de Modernización): El resultado es de $367.

-Cómputo compuesto (Calculadora BCRA): La cifra salta a $766.

De este modo, la herramienta del Banco Central arroja un monto que casi triplica al del sistema simple y duplica lo estipulado por los topes de la nueva ley.

Una contradicción legal y financiera

El problema, de acuerdo al análisis de IDESA, tiene su raíz en una colisión normativa. El Artículo 770 del Código Civil y Comercial prohíbe el anatocismo (cobrar intereses sobre intereses), lo que validaría el cómputo simple.

Sin embargo, el mismo artículo deja una puerta abierta para el cómputo compuesto en caso de juicios, lo que genera una disparidad de criterios entre los jueces laborales: algunos aplican tasas bancarias, otros índices salariales o inflación, sumando puntos porcentuales de forma discrecional.

Desde IDESA advierten que, ante el vacío legal de la Ley de Modernización sobre este punto específico, el BCRA debería haber seguido la doctrina de la Corte Suprema en lugar de optar por la capitalización de intereses.

El riesgo sistémico

La persistencia de esta “litigiosidad espuria” y el uso de mecanismos de actualización gravosos tienen consecuencias sociales directas. El informe cita casos emblemáticos como el del restaurante Piegari o la liquidación de Galeno ART, situaciones derivadas de pasivos laborales que se volvieron imposibles de cancelar.

Si las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo entran en una crisis generalizada por estos cálculos, el impacto se trasladará al Estado, ya que es el Fondo de Reserva el que debe responder por los juicios. En un contexto de alta inflación y demoras judiciales, la falta de una “homogeneización de criterios” amenaza con profundizar la crisis del empleo formal y la estabilidad de las pequeñas empresas.

Fuente: ellitoral.com