Martín Guzmán definirá en los próximos días los números más trascendentales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La negociación entre el equipo económico y el staff del organismo entró en una etapa final, y se esperan los detalles para saber, a ciencia cierta, el impacto de esas decisiones en la vida cotidiana de los argentinos.
Concretamente, hay dos variables claves de la negociación. Por un lado, el aumento de las tarifas de luz y gas. Por el otro, el ajuste de las tasas de interés.
El primero, sobre todo, tiene un condimento político y social inmediato. El ala kirchnerista de la coalición gobernante viene resistiendo un reajuste de las tarifas, lo que desató una fuerte controversia con el ministro de Economía.
Los subsidios al sector energético quedaron en el centro del debate público: terminaron el año pasado en torno al 2,5% del PIB, que si se les añade lo que se destina al transporte trepan al 3,1%.
De hecho, la cuenta de los subsidios económicos fue el renglón dentro del gasto público que más creció el año pasado en términos reales (más de 30 puntos por encima de la inflación). No es poca cosa, en un año en que el Gobierno bajó el déficit fiscal del 6,5% de 2020 al 3% en 2021.
Para el FMI, el nivel de los subsidios tiene que bajar sensiblemente. Guzmán piensa lo mismo, pero ya sabe que tiene un claro límite político para avanzar.
Según trascendió antes de fin de año, el ENRE -que está encabezado por funcionarios del kirchnerismo- hizo un informe por el cual menos de medio millón de usuarios de la ciudad de Buenos Aires perderían todos los subsidios. Se trata de uno de cada diez hogares. A los que se sumarían menos de 115.000 en el conurbano bonaerense, todos usuarios de barrios privados y de partes de municipios del corredor norte.
Para el resto habría incrementos iniciales de entre 17% y 20% antes de que termine el primer trimestre.
La gran pregunta es cómo será el resto de la segmentación a lo largo del año teniendo en cuenta que se espera una inflación parecida a la del año pasado, que superó el 51%.
Hoy por hoy, los clientes abonan el 35% de las facturas “reales” de luz y gas. El resto lo pone el Estado a través de los subsidios.
“Los subsidios son bastante generosos, y no sólo para los pobres de Argentina”, manifestó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, antes del fin de semana, dando cuenta de la áspera negociación con las autoridades del Palacio de Hacienda.
“Nuestro equipo está muy enfocado en obtener lo mejor para el país, con el país”, apuntó. “¿Cuál es la alternativa? La alternativa es nada”, completó la jefa del Fondo.
La flamante número dos del FMI, Gita Gopinath, también hizo referencia al acuerdo con la Argentina, y en particular a los subsidios energéticos. “Será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, dijo.
Queda claro que el tema es medular en la negociación.
La otra cuestión tiene que ver con las tasas de interés. Tanto Guzmán como Miguel Pesce ya dijeron que alinearán el costo del dinero por encima de la inflación. Prometieron “tasas positivas”.
Un primer reacomodamiento se dio hace algunas semanas, cuando la tasa que rinden los plazos fijos minoristas subieron al 40% nominal anual.
Sin dudas, habrá más ajustes. La pregunta es cuánto. El tema, como los subsidios, forma parte de la negociación más áspera y decisiva con el Fondo Monetario.
Desde que asumió, Guzmán se resistió a una suba de la tasa de interés.
¿Cómo saber cuál es el nivel óptimo en el costo del dinero sin que provoque un daño a la actividad económica?
Un funcionario cercano a la negociación comentó a iProfesional que el FMI pretende que la tasa de interés sea tal que empuje a una reducción de la brecha cambiaria. Ese sería el test “ácido”: a cambio de que no hubiera una devaluación del dólar oficial, el Fondo piensa que debería ceder las cotizaciones de los dólares alternativos.
“La tasa de política monetaria es la que debe acercarse a la inflación. Hoy está en 46,2%, versus una expectativa de inflación de 55%. Luce muy baja”, asegura un informe elaborado por los economistas de Quinquela Fondos de Inversión.
El movimiento debería efectuarse mientras, en simultáneo, se acelera el “crawling peg” (minidevaluaciones diarias”, que también debería moverse al ritmo de la inflación.
Este cambio, una devaluación más rápida, también genera resquemor en el equipo económico. Guzmán y Pesce consideran que se trata de una decisión crítica. Muy riesgosa. Básicamente porque podría acelerar la dinámica inflacionaria.
Se sabe: aún con un tipo de cambio que el año pasado subió 30 puntos menos que la inflación, los precios subieron muy fuerte. ¿Cuál sería el escenario si la cotización del dólar se mueve más rápido? ¿Cuál sería el ancla?
Para el FMI, ese ancla es el panorama fiscal. Un ajuste de las cuentas públicas debería jugar a favor de la inflación. Una ecuación que, al menos en la Argentina, nunca se vio.
De hecho, el país atravesó varias zonas de estanflación. Los formadores de precios suelen ajustar, precisamente, por precios para compensar la caída en las ventas.
Ahí está, precisamente, el punto de la negociación. El FMI presiona para que el nuevo ajuste se concrete lo más pronto posible.
En las últimas jornadas, el Banco Central volvió a perder reservas a pesar del anuncio del acuerdo, lo cual es interpretado como un nivel de desconfianza que no cede.
La apuesta es que una suba de las tasas de interés provoque un apetito por activos nominados en pesos. Junto a una estabilización del mercado cambiario, eso debería ayudar a desinflar las expectativas inflacionarias y también tendría que achicar la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas.
Guzmán trabaja con la hipótesis que el acuerdo con el FMI tendrá un efecto inmediato en las expectativas de los agentes económicos. Más que nada porque el pacto asegura a la Argentina que contará con dólares para seguir con la recuperación. Además, el arreglo bloquea una devaluación en el mercado “oficial”, al menos de manera “abrupta” que provoque una disrupción de la economía.
Fuente: iprofesional
