El piso salarial subió este año 45% y el Gobierno espera por lo menos adecuarlo a las últimas previsiones inflacionarias. El mayor impacto, en planes sociales.
El salario mínimo, vital y móvil, que desde junio es de $45.540 y que el mes que viene llegará a $47.850, tiene impacto directo sobre pocos trabajadores formales (se calcula que no más de 300 mil) pero su mayor incidencia es sobre el valor de los planes sociales. El denominado “salario social complementario” que remunera la mayoría de esas prestaciones equivale a la mitad del piso formal de sueldos. El mínimo también influye sobre otras contrataciones en el mercado registrado e históricamente se lo consideró como una guía para la fijación de los salarios de los trabajadores informales.
Anoche en el equipo del ministro Claudio Moroni confirmaron que el mes que viene se reeditará la discusión aunque sin una fecha definida aún. Sólo dijeron que se hará en la segunda mitad del mes. Y que será acordado con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Al momento de esa respuesta la funcionaria volvía de Estados Unidos en medio de versiones sobre su posible reemplazo por parte de Sergio Massa.
Impulso
En paralelo en Trabajo reconocieron que todavía no se estableció si el criterio a impulsar para el debate será un mero acompañamiento de la dinámica inflacionaria o bien, como reclamó en varias oportunidades el sector kirchnerista del Frente de Todos y sobre todo, las organizaciones sociales, se utilizará al salario mínimo como palanca para estimular las paritarias y mejorar de una vez los ingresos de los más vulnerables cubiertos por programas de asistencia de modo tal de recomponerles en parte la pérdida de poder adquisitivo de este año.
Desde el gobierno de Néstor Kirchner el Consejo del Salario se reúne una vez finalizada la ronda anual de paritarias para acoplarse al promedio de aumentos surgido de aquellas negociaciones. Desde la asunción de Alberto Fernández hubo casi unanimidad entre los 32 representantes obreros y patronales: participan las principales cámaras empresarias, la CGT y las CTA de los Trabajadores y Autónoma. En 2021 y este año demandó dos convocatorias a lo largo de cada período para adecuar los montos acordados a la dinámica inflacionaria.
En marzo pasado se pactó 45% en cuatro tramos y dos meses después, una vez que Máximo Kirchner anunció la presentación de un proyecto de ley para adelantar las cuotas, el propio Ejecutivo apuró esos pagos frente a una expectativa inflacionaria que oscilaba el 60 por ciento. Los últimos relevamientos que analiza el Banco Central ya sitúan el alza de precios de este año por encima del 70 por ciento.
Fuente: ambito
