El sostenimiento de la meta de déficit era una decisión política que había discutido el propio Massa con el ala política de la coalición oficialista, incluyendo aquella conversación directa con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado antes de asumir la responsabilidad del Palacio de Hacienda. A cambio Massa se comprometió a discutir los lineamientos generales de ingresos y gastos para lograr esa meta de déficit, incluyendo la puesta a punto de varios capítulos de incremento en la recaudación que ya están sobre la mesa de discusión dentro y fuera del Ejecutivo. Entre ellos, la aceleración del revalúo inmobiliario en todo el país, una maniobra fiscal que debería cerrar antes del 31 de diciembre de este año, para que los fondos frescos de la mayor presión tributaria entren en las arcas públicas en la liquidación de Bienes Personales correspondiente a 2022. Para esto, algunas gobernaciones deberán acelerar la aplicación del revalúo, algo que, obviamente, no es popular.
El déficit acompañará otros datos fundamentales dentro del presupuesto 2023: un crecimiento general de 3%, una acumulación de reservas de u$s4.000 millones y una emisión monetaria no superior al 0,6%. En síntesis, todo lo mismo que fue firmado en la negociación de Guzmán que cerró el 25 de marzo pasado.
Los números y porcentajes habían sido armados por Rigo en sus últimos días de funcionario importante del equipo del ex ministro, días antes de ser renunciado por Silvina Batakis. Finalmente, con su regreso con Massa, desempolvó aquellos cálculos de junio, y, junto con Rubinstein, le dieron otro vuelo al diseño del Presupuesto 2023.
Algo sabían Rigo y Rubinstein: el FMI había dejado en claro con Guzmán y con Batakis, que no se aceptará una renegociación de las metas y objetivos planteados en el acuerdo vigente, y que, en todo caso, lo que deberá tener en cuenta el Palacio de Hacienda es la manera de armonizar y articular el resto de las variables macroeconómicas para el año próximo, con el norte de las metas ya fijadas en el Facilidades Extendidas. Eventualmente, y recién a comienzos del año que viene, y si Argentina mostrará mucha buena voluntad en lograr las metas, pero por algún motivo (como la invasión de Rusia a Ucrania) algunas de ellas no se terminarán de cumplir, podría negociarse un waiver (perdón o desvío). Esto sería en el primer trimestre del 2023. No antes.
Todo esto sería un guiño a la gestión de Guzmán, quien no sólo había cerrado las cuentas en sintonía con lo que el FMI le reclamaría al país, sino que negoció un corrimiento de las evaluaciones finales sobre el cumplimiento de las metas para el comienzo de 2023 en lugar de las fiscalizaciones trimestrales vinculantes. El entonces ministro de Economía buscó al cerrar su negociación por la primera misión, que la segunda se extendiera hacia septiembre (lo más lejos posible en el tiempo), para que la tercera se concretará hacia fin de año. Sin embargo, desde Washington hubo una visión diferente.
