El Dr. Martín Caranta, socio de Lisicki Litvin & Asociados, analiza el caso “Agraco” y la obligación de la AFIP de dar conocer cómo determina el CEF. “La situación es de absoluta oscuridad: no se conoce la fórmula”, valora. “Deben desterrarse las prácticas oscuras por parte de la administración, puesto que no sólo perjudican a la imagen y credibilidad del Estado por su falta de transparencia, sino que en este caso impiden el derecho de ejercer actividades comerciales e industriales lícitas que garantiza la Constitución Nacional y atentan contra los puestos de trabajo creados por el sector privado”, reflexiona.
Fuente: llyasoc.com
