Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizó un detallado análisis de costo-beneficio de los derechos de exportación.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que el aumento de las retenciones previsto en la “ley ómnibus” que presentó el Gobierno, va a provocar “menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción”.
Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación que realizó esa entidad arrojó que, para muchas actividades
productivas, en particular de las economías regionales, esta nueva presión tributaria “perjudicaría notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso”.
Los casos más complicados -según CRA- son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias e incluso
algunas producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo.
“La persistencia de las retenciones implica una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los
productores, que son quienes soportan el impuesto, pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. Por eso es imprescindible eliminarlas”, se quejó la entidad, en un comunicado.
Para detallar cómo afecta este tipo de impuesto a distintos sectores, CRA desarrolló tres ejemplos:
— Carne ovina: el 85% de la exportación proviene de la Patagonia. Los derechos de exportación de 5% fueron bajados a 0% en 2022. La abrupta suba a 15%, en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024.
El beneficio para el fisco sería de entre US$ 1,5 a US$ 2 millones anuales, una cifra insignificante para el Estado, pero
determinante para una producción de 2.000 productores proveedores de exportación. Se le estaría quitando entre $ 500.000 y $800.000 a cada productor.
— Vinos: la alícuota de derechos de exportación propuesta pasa de 5% a 8%. De cara a 2024, el mercado interno de los vinos sufrirá una fuerte caída de ventas por caída del poder de compra del salario, por el alza abrupta de la inflación, en medio del proceso de normalización de precios relativos.
Por otra parte, se espera una mayor cosecha, en un contexto importante de stocks, o sea habrá mayor oferta de vinos. En ese escenario, es clave la salida exportadora. Para los vinos varietales el nuevo tipo de cambio ofrece mejores perspectivas. Pero en un sector que tendría exceso de oferta por caída del mercado interno, aumentar los derechos de exportación, y no llevarlos a 0%, será un golpe adicional sobre la rentabilidad de la cadena, tanto bodegas como productores.
Una posible recaudación por derechos de exportación del orden de US$ 80 millones en 2024 no tiene impacto fuerte en las finanzas públicas, y sí lo tendrá en la rentabilidad de la producción, alertó CRA.
— Chía, cártamo y otras semillas: Ante la introducción de derechos de exportación, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme. Las exportaciones anuales de chía, semilla producida en provincias del NOA, rondan los US$ 5 millones. Nunca tuvo derechos de exportación hasta ahora, y súbitamente pasaría a pagar una alícuota de 15%. Esto implicaría para el Estado una recaudación de algo menos de US$ 769.500.
Para los productores de chía, los derechos de exportación implican una baja de rentabilidad de 33%, considerando además el mayor costo por herbicidas, fertilizantes y otros costos por la aplicación del impuesto al país sobre las importaciones.
En tanto, durante los últimos 20 años la producción de cártamo en el NOA ha sido una de las pocas alternativas económicamente rentables en invierno dada su baja necesidad hídrica. El aceite que se exporta genera entre US$ 5 millones a 10 millones anuales. La implementación de retenciones al 15% provocaría un duro golpe a este cultivo. El impacto en los márgenes, que equivaldrían a una baja de ingresos directos al productor de aproximadamente US$ 60 por tonelada, llevarían a su reducción o discontinuidad de este cultivo regional, afectando la contratación de servicios, generación de empleo y mano de obra, mayor demanda de insumos, de acuerdo con el informe.
Fuente: noticias argentinas
