La medida forma parte del proceso de desburocratización impulsado por Economía y apunta a reducir superposiciones y brindar mayor seguridad jurídica.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación económica y eliminó 58 normas vinculadas al comercio interior. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, con el objetivo de simplificar las relaciones entre empresas y consumidores y reducir las distorsiones que, según la administración nacional, generaban algunas regulaciones heredadas.
La medida se enmarca en la revisión integral que lleva adelante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME desde diciembre de 2023. Desde entonces, ya fueron derogadas más de 240 disposiciones consideradas obsoletas o incompatibles con el actual esquema legal, en un proceso que busca disminuir la carga burocrática y aportar mayor previsibilidad al funcionamiento del mercado.
Programas conocidos que quedaron alcanzados
Entre las normas eliminadas figuran 22 disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado para intervenir en la cadena triguera y contener el precio de la harina. También se dejaron sin efecto 30 normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos que durante años buscaron estimular el consumo mediante planes de financiamiento.
La revisión incluyó además cuatro regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación el valor de las cuotas. Según la explicación oficial, esa obligación terminaba generando aumentos preventivos y distorsiones en la formación de precios. También se eliminó una disposición complementaria asociada al programa Precios Cuidados.
Asimismo, se dejó sin efecto una normativa vinculada a la atención de adolescentes consumidores, al considerar que duplica mecanismos ya existentes. La intención es concentrar los reclamos en un único canal especializado para agilizar las respuestas y mejorar la eficiencia del sistema.
La estrategia de desburocratización
Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostienen que la eliminación de estas disposiciones permitirá dotar de mayor claridad al marco normativo vigente. El objetivo, explicaron, es reducir las ambigüedades regulatorias y disminuir la incertidumbre jurídica que enfrentan empresas y consumidores.
La iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Ministerio de Economía y se suma a las más de 240 derogaciones concretadas desde el inicio de la gestión. La estrategia apunta a adecuar las normas al contexto actual, simplificar trámites y avanzar hacia un esquema con menos intervenciones estatales en la dinámica comercial.
Con esta nueva decisión, el Gobierno profundiza una línea de acción que viene aplicando desde fines de 2023 y que tiene como uno de sus ejes centrales la reducción del entramado regulatorio sobre la actividad económica.
Fuente: el litoral
