La Corte Suprema no tiene previsto resolver en lo inmediato las demandas de 15 provincias contra los decretos del Gobierno nacional que afectan fondos coparticipables y significarían una baja en su recaudación impositiva.
Los cinco ministros de la Corte se reunieron este jueves, en su acuerdo habitual de todas las semanas, y no trataron el tema.
A las 14 provincias que habían presentado demandas se sumó en las últimas horas Misiones, informaron en el tribunal.
Fuentes de la Corte dijeron a La Nación que antes de que el caso llegue a estudio de los jueces deben cumplirse pasos que aún no se dieron.
Resta todavía el procedimiento ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que podría dictaminar por el rechazo de los decretos del presidente Mauricio Macri. Hasta ayer, los DNU no habían ingresado en el Congreso.
Deben ser enviados por el jefe de gabinete. Desde que rige el reglamento actual -hace más de diez años- nunca el Congreso dejó sin efecto un DNU. Sin embargo, la Corte no estudiará el caso hasta que no estén terminados todos los trámites en los otros poderes, informaron fuentes del tribunal.
Pero más allá de las cuestiones de procedimiento, en distintas vocalías de la Corte advierten que es una discusión eminentemente “política” y dicen que el tribunal siempre se manejó con especial prudencia en tiempos como este, con el país en medio de un proceso electoral.
En cuanto al procedimiento interno, los expedientes pasaron ahora a la Procuración para que dictamine si estos casos son o no de “competencia originaria” del máximo tribunal. Es decir, si le corresponde o no tomar el tema. Los ministros no le fijaron un plazo a la Procuración para pronunciarse, pero todo indica que no le llevará mucho tiempo. Esta semana ya dictaminó ya en un tema similar.
Con la firma de la fiscal ante la Corte Laura Monti, sostuvo que el máximo tribunal es competente para resolver los planteos presentados por cuatro provincias petroleras contra el gobierno nacional por el congelamiento del precio de los combustibles.
Las demandas de los gobernadores ante la Corte atacan tres decretos; el 566, que es el que congeló el precio del petróleo, y también el 561 (que eliminó el IVA a un grupo de alimentos) y el 567 (que subió el piso de Ganancias).
Fuente: iprofesional.com
