Argentina recauda apenas el 1,8% del PBI por el impuesto a los ingresos personales, muy por debajo del promedio regional. El Gobierno tiene hasta fines de 2026 para presentar una reforma que choca de lleno contra el calendario electoral.

El diagnóstico: por qué el FMI mira Ganancias

El sistema tributario argentino acumula décadas de parches. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo señala en el Staff Report correspondiente a la Segunda Revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), publicado en mayo de 2026: el sistema tributario argentino es “complejo, altamente distorsivo e inestable”. Argentina tiene más de 155 tributos vigentes, pero unos pocos concentran el 80% de la recaudación.

Frente a ese diagnóstico, la reforma tributaria forma parte de los compromisos formales del acuerdo. El gobierno se obligó a desarrollar y presentar una propuesta antes de fines de diciembre de 2026 —un structural benchmark en los términos del organismo. El objetivo es racionalizar el sistema y generar espacio fiscal para reducir los impuestos que más frenan la actividad: retenciones a las exportaciones e impuesto a las transacciones financieras, entre otros.

Hay un número que explica por qué el FMI apunta específicamente al impuesto a las ganancias de personas físicas: Argentina recauda por ese concepto apenas el 1,8% del PBI. Es menos de la mitad que el promedio de América Latina —en torno al 2,2%— y menos de un quinto que el promedio de la OCDE, cercano al 8,3%. En el ranking regional, Argentina se ubica entre los niveles más bajos, junto con Paraguay y Bolivia.

El problema es también estructural: la mayor parte de lo que el Estado recauda llega vía impuestos indirectos —principalmente IVA— que son más distorsivos para la actividad económica y más regresivos en términos distributivos, porque afectan proporcionalmente más a quienes menos ganan.

El siguiente gráfico, elaborado por el FMI con datos de OCDE y MECON, ilustra esa composición en comparación con otros países de la región y el promedio de la OCDE.

La historia: cómo Argentina llegó a este punto

El Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría no siempre fue una rareza. En diciembre de 2020 alcanzó su máximo histórico: 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia tributaban el impuesto. Hacia principios de 2023, el número había caído a algo más de un millón, pero el impuesto seguía siendo un componente relevante del sistema.

Lo que vino después cambió eso de forma abrupta. En agosto de 2023, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Economía Sergio Massa impulsó una reforma que elevó el mínimo no imponible de forma drástica. El efecto fue inmediato: de 715.000 contribuyentes en agosto, el padrón se desplomó a entre 123.000 y 129.000 personas hacia noviembre y diciembre de ese año. El impuesto había quedado reducido a menos del 1% de los trabajadores formales.

La gestión Milei revirtió parcialmente la medida. Desde enero de 2024 el número de contribuyentes comenzó a recuperarse: 187.054 en enero, 737.584 en octubre. A marzo de 2026 el padrón llegó a 1.055.431 trabajadores, el 8,2% del total de asalariados privados registrados.

Sin embargo, ese nivel está lejos de los estándares históricos y más lejos aún de lo que el FMI considera adecuado. El piso salarial de ingreso al impuesto se ubica hoy en torno a los $3.000.000 brutos mensuales para un trabajador soltero —equivalente a aproximadamente 1,7 veces el RIPTE de febrero de 2026 y a unas 8,5 veces el salario mínimo vigente. Para una familia tipo con cónyuge y dos hijos, ese umbral sube a $4.000.000 brutos. Son valores que quedan por encima del salario de la mayoría de los trabajadores formales, lo que explica que la base siga siendo estrecha.

La propuesta del FMI: quiénes volverían a pagar

La recomendación del FMI es concreta: el impuesto debe alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales. Hoy tributa el 8,2%. Cerrar esa brecha implica incorporar al padrón a aproximadamente 1.515.000 trabajadores adicionales, llevando el total de contribuyentes de los actuales 1.055.431 a unos 2.570.000.

El impacto fiscal proyectado es de 0,4% del PBI —equivalente a unos u$s2.672 millones a valores de 2026.

Para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto, el umbral de ingreso debería reducirse de manera significativa. A partir de la distribución salarial observada en el empleo privado registrado, el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin deducciones adicionales debería ubicarse en torno a los $2.200.000 brutos mensuales, frente a los aproximadamente $3.000.000 que rigen actualmente. La reducción, cercana al 25%, ampliaría sustancialmente la base de contribuyentes: dejarían de estar alcanzados únicamente los salarios más altos y comenzarían a incorporarse trabajadores ubicados en la franja superior de la distribución salarial.

La distribución de salarios del sector privado registrado ilustra por qué la base actual es tan estrecha. La remuneración mediana en febrero de 2026 fue de $1.514.460 brutos mensuales —la mitad de los trabajadores gana menos que eso. El promedio fue de $2.110.047. El piso de ingreso al impuesto para un soltero, fijado hoy en $3.000.000, queda por encima del 80% de los trabajadores formales. Dicho de otro modo: hoy solo tributa quien está en el decil más alto de la distribución salarial.

Cuánto pagarían: simulación por salario

El Impuesto a las Ganancias tiene una característica que lo distingue de otros tributos: su impacto varía enormemente según el salario y la situación familiar. Para entender qué implicaría una reducción del mínimo no imponible destinada a llevar al 20% la proporción de trabajadores formales alcanzados por el tributo, conviene observar tres perfiles concretos construidos a partir de los datos del mercado laboral registrado.

El primero es el trabajador que percibe el RIPTE promedio del sector privado registrado, que en febrero de 2026 ascendió a $1.734.357 brutos mensuales. Ese trabajador seguiría fuera del impuesto incluso bajo un escenario de ampliación de la base imponible. Su remuneración permanece por debajo del umbral estimado de ingreso al tributo para un trabajador soltero sin deducciones.

El segundo perfil es quien percibe una vez y media el RIPTE, equivalente a $2.601.536 brutos mensuales. En este caso aparece una diferencia importante según la situación familiar. Si es soltero, comenzaría a tributar, aunque con una carga muy reducida: el impuesto anual rondaría entre $70.000 y $150.000, una incidencia prácticamente marginal sobre su ingreso. Si tiene cónyuge y dos hijos a cargo, las deducciones personales lo mantienen fuera del impuesto. Es el caso que mejor muestra cómo las cargas de familia continúan funcionando como un mecanismo de protección frente al tributo.

El tercer perfil corresponde a un trabajador que percibe dos veces el RIPTE, unos $3.468.714 brutos mensuales. Allí el impuesto empieza a adquirir relevancia para quienes no tienen cargas de familia. Un trabajador soltero enfrentaría una obligación anual cercana a $1.500.000, equivalente a unos $125.000 mensuales en promedio. En cambio, si tiene cónyuge y dos hijos, las deducciones elevan considerablemente el umbral efectivo de tributación y reducen la carga a apenas unos $100.000 anuales, es decir, menos de $10.000 por mes.

Lo que muestran estos ejemplos es que la ampliación de la base imponible afectaría principalmente a trabajadores solteros o con pocas deducciones personales ubicados en la franja alta de la distribución salarial. Incluso con un umbral más bajo, la presencia de cónyuge e hijos continúa generando diferencias significativas en la carga tributaria efectiva. La reforma no requiere modificar las alícuotas vigentes —que van del 5% al 35%— sino reducir el piso de ingreso al impuesto. Es esa disminución del umbral la que permitiría incorporar alrededor de 1.500.000 nuevos contribuyentes y acercar la cobertura al 20% de los asalariados formales.

La comparativa regional: dónde está Argentina

Para entender la eficacia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (PIT, por sus siglas en inglés), es fundamental contrastar la tasa máxima que cobra cada país frente a lo que efectivamente logra recaudar en términos del tamaño de su economía.

La Argentina, Brasil y Chile gravan sobre la renta mundial de sus residentes, buscando captar la capacidad contributiva global. En contraste, Uruguay, Bolivia y Paraguay se inclinan por un principio territorial (de fuente), gravando principalmente lo generado dentro de sus fronteras.

Mientras la Argentina, Chile y Uruguay aplican escalas altamente progresivas con múltiples tramos (Argentina lidera en complejidad con 9 escalas), países como Bolivia operan con un modelo de tasa única (flat tax del 13%) y Paraguay con una escala muy reducida (hasta 10%), apostando a la simplicidad administrativa y la formalización.

El debate tributario argentino suele enfocarse en la presión de la tasa máxima. Sin embargo, como muestra la tabla, economías como Uruguay y Chile tienen tasas idénticas o superiores (36% y 35,5%) pero logran un impacto mayor o igual en su recaudación. La diferencia radica en que en esos países tributa una porción significativa de la clase media formal de manera progresiva. En la Argentina, tras las sucesivas subas del Mínimo No Imponible (MNI) en 2023, la base tributaria se redujo a menos del 1% de los asalariados, convirtiéndolo en un impuesto casi exclusivo para posiciones jerárquicas.

El Staff Report del FMI proyecta una recomposición de la base imponible en Argentina para llevar la recaudación al 2,2% del PIB. Esto requeriría que cerca del 20% de los trabajadores en relación de dependencia vuelvan a tributar. A la luz de la comparativa regional, esto no representa un ajuste fuera de lo común, sino apenas un retorno a estándares sudamericanos básicos, ubicando al país en niveles de recaudación cercanos a los de Chile (1,9%) pero aún muy por debajo de los de Brasil (3,0%) o Uruguay (4,0%).

La Argentina tiene una de las alícuotas máximas más elevadas de la región (35%), prácticamente igual a Chile y apenas por debajo de Uruguay, pero recauda menos que Uruguay y Brasil por impuesto a la renta personal en relación con el tamaño de su economía. Esto sugiere que las diferencias regionales se explican más por la amplitud de la base imponible y la cantidad de contribuyentes alcanzados que por la tasa máxima en sí misma.

El costo político: por qué es tan difícil implementarlo

La modificación del Impuesto a las Ganancias a fines de 2023, que virtualmente sacó a los trabajadores en relación de dependencia del padrón de contribuyentes, fue una medida políticamente muy popular. Se instaló y celebró en la opinión pública como una ”conquista histórica de los trabajadores”. Revertir esta situación implica un enorme desgaste: el oficialismo debe asumir el costo de “volver a cobrarle impuestos a la clase media asalariada”, un mensaje extremadamente hostil en términos electorales. Si bien el gobierno de Javier Milei ya absorbió y pagó parte de ese costo político con la reversión parcial instrumentada durante 2024, llevar la base tributaria a los estándares regionales (20% o más) sigue siendo un terreno minado.

El Ministerio de Economía es plenamente consciente de este delicado equilibrio. Recientemente, el ministro Luis Caputo reveló su intención de convocar a los gobernadores para consensuar una reforma tributaria integral, señalando que las provincias y municipios deben acompañar el esfuerzo fiscal reduciendo Ingresos Brutos y tasas locales.

Sin embargo, el ministro fue transparente sobre los tiempos políticos y económicos: la eliminación de impuestos fuertemente distorsivos (como retenciones o el impuesto al cheque) dependerá de que la economía logre crecer a tasas del 6% al 8% anual durante varios años. Bajar impuestos sin la contrapartida de ingresos más sólidos —como los que aportaría un Impuesto a la Renta Personal más amplio— pondría en riesgo el ancla fiscal.

Ante la parálisis que genera el miedo al costo político, la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) introduce una variable externa fundamental. El organismo ha vuelto a marcarle al Gobierno que el foco debe ponerse en cambiar la estructura tributaria. Esta condicionalidad funciona, paradójicamente, como un salvavidas político: le otorga al oficialismo un argumento técnico e internacional (“nos lo exige el acuerdo para mantener el crédito y la estabilización”) para empujar una medida antipática que por motu proprio sería incomprable frente al electorado.

El laberinto fiscal y el reloj electoral

El debate sobre el Impuesto a las Ganancias encierra, en el fondo, la encrucijada central del programa de estabilización económica de Argentina. El diagnóstico técnico es inobjetable y cuenta con el consenso de los organismos internacionales: el país no puede crecer de forma sostenida si mantiene su dependencia de impuestos indirectos y gravámenes altamente distorsivos (como las retenciones o el impuesto al cheque) que asfixian la inversión y penalizan la exportación.

Sin embargo, para desarmar esa red de impuestos nocivos sin comprometer el ancla del superávit, el Estado necesita recuperar ingresos por vías más progresivas y saludables. Y es allí donde la anomalía del Impuesto a la Renta Personal queda expuesta. Como demuestra la comparativa regional, el problema de Argentina no es que sus alícuotas máximas sean confiscatorias frente a sus vecinos, sino haber consolidado un sistema donde la clase media formal fue virtualmente excluida del padrón, dejando la recaudación en niveles raquíticos comparados con los de Chile, Brasil o Uruguay.

El Fondo Monetario Internacional no exige un ajuste inédito, sino la normalización del sistema hacia estándares sudamericanos básicos: que el 20% de los asalariados formales tribute. Pero la distancia entre la planilla de cálculo y la calle es enorme. Incorporar a más de un millón y medio de trabajadores al pago de Ganancias implica un costo político directo sobre un segmento del electorado que ya viene golpeado por el ajuste inflacionario previo.

El Gobierno enfrenta ahora un dilema de tiempos cruzados. Por un lado, el reloj técnico marca el estructural benchmark de diciembre de 2026 como límite para presentar la reforma integral exigida por el FMI. Por el otro, el reloj político advierte que 2027 es un año de elecciones presidenciales, la peor ventana posible para comunicar medidas antipáticas.

Fuente: infobae

El Banco Mundial recortó el jueves sus proyecciones de crecimiento global al nivel más bajo desde la pandemia, en un escenario marcado por el impacto creciente de la guerra en Oriente Medio sobre la economía mundial.

En su informe “Perspectivas Económicas Globales”, el organismo indicó que el crecimiento mundial caerá al 2,5% en 2026, en comparación con el 2,9% del año anterior, con una inflación que promediará el 4%. El Banco Mundial considera que Medio Oriente y los países vecinos serán, con diferencia, la región más afectada económicamente por la guerra contra Irán y estima que crecerá solo un 1,6 % este año, 2,7 puntos porcentuales menos que en su pronóstico de enero.

El informe advirtió que “las economías en desarrollo soportan una parte desproporcionada de la desaceleración”, con un crecimiento proyectado del 3,6% para este año, el más bajo desde la pandemia. El organismo calificó el conflicto en Oriente Medio de “gran shock” y señaló que generó fuertes alzas en los precios de la energía, nuevas presiones inflacionarias y expectativas de mayor restricción monetaria.

El organismo revisó levemente a la baja sus proyecciones para América Latina y el Caribe: estima un crecimiento del 2,2% para este año, del 2,5% para 2027 y del 2,6% para 2028, con recortes de 0,1 puntos en los dos primeros años.

El crecimiento de Argentina según el Banco Mundial

Por su parte, para Argentina el Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento a 3,6% para este año y a 3,7% para el próximo, con bajas de 0,4 y 0,3 puntos respectivamente, aunque los números siguen siendo superiores a los promedios global y regional.

Las previsiones del BM están en línea con la última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada en abril, que recortó en medio punto la proyección de crecimiento para la Argentina para este año, al bajarla al 3,5% desde el 4% del informe de enero (también por encima del promedio regional y global).

En el apartado dedicado a América Latina, el reporte señaló que “el crecimiento se consolidó a principios de 2026 en varias economías sudamericanas, reflejando en parte el efecto de arrastre positivo de finales de 2025, aunque se moderó en el caso argentino en un contexto de condiciones monetarias aún restrictivas”.

Las dos principales economías de América Latina, Brasil y México, proyectan un desempeño inferior al de Argentina según el informe. El BM estima que Brasil crecerá 1,9% en 2026, una leve revisión a la baja de 0,1 puntos, y 2% en 2027, con un recorte más pronunciado de 0,3 puntos.

La perspectiva hacia adelante

Los escenarios hipotéticos que señala el Banco Mundial a partir de 2027 apuntan a una recuperación generalizada de los ritmos de crecimiento, tanto en la región como en todo el globo, pero siempre y cuando el estrecho de Ormuz retome su actividad en las próximas semanas y tanto el suministro energético cómo el comercio comience a recuperarse en la segunda mitad del año.

El reporte sostiene que “si se asume que las perturbaciones derivadas del conflicto disminuirán para finales de este año, se prevé que el crecimiento global y de Medio Oriente se recupere durante el periodo 2027-2028″, aunque aclara que ”las perspectivas están sujetas a una incertidumbre considerable”.

Fuente: ambito

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) ofrece condonación de deudas y planes de pago a los que adhieran.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar relaciones laborales con importantes condonaciones de deuda y planes de pago de hasta 72 cuotas.

La reglamentación del régimen fue formalizada este jueves mediante la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableciendo losrequisitos y plazospara que los empleadores del sector privado regularicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El nuevo esquema busca normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para registrar formalmente a su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

El régimen abarca tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas deficientemente registradas, ya sea por haber declarado una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración inferior a la percibida.

Asimismo, el régimen contempla la condonación parcial de deudas (capital e intereses) por aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de la empresa:

• Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: condonación del 90%.
• Medianas Empresas (Tramo 1 y 2): condonación del 80%.
• Demás empleadores: condonación del 70%.

Además, se otorga una condonación del 100% de la deuda relacionada con aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Facilidades de pago y descuentos por contado

Para la deuda que no resulte condonada, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deben concretarse antes del 28 de noviembre de 2026:

1. Pago al contado: quienes opten por esta modalidad obtendrán una reducción adicional del 50% sobre la deuda restante.
2. Planes de Facilidades de Pago: se habilitaron cuotas mensuales con una tasa de interés de financiación del 1%. Para las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro el plan es hasta 72 cuotas con un pago a cuenta del 3%. Para las Medianas Empresas se permiten hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 4%. Mientras que los demás empleadores podrán acceder hasta 36 cuotas con un pago a cuenta del 5%. En todos los casos, el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.

Procedimiento de adhesión

Los empleadores deberán realizar el trámite a través del servicio con Clave Fiscal “Simplificación Registral”, utilizando códigos de modalidad de contratación específicos según el tipo de empresa. En caso de rectificar remuneraciones, se utilizará el sistema “Declaración en Línea” o versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

Exclusiones 

La norma aclaró que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Asimismo, no podrán adherirse bajo este régimen aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases.

La resolución general entra en vigencia inmediata, aunque ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026.

Fuente: noticias argentinas

Pese a la desaceleración de la inflación y a la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la percepción de incertidumbre en la economía argentina continúa en niveles elevados. En ese sentido, el Índice de Incertidumbre Económica de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mide la percepción de riesgo e incertidumbre de la población, se ubicó en 55 puntos durante mayo y profundizó la tendencia ascendente de los últimos meses. La inquietud por el empleo gana terreno a medida que el mercado laboral muestra señales de deterioro.

El índice implica que, por cada 10.000 palabras utilizadas en conversaciones económicas analizadas por la UCA en canales argentinos de YouTube, 55 estuvieron asociadas a conceptos vinculados con la incertidumbre. Este indicador volvió a subir luego de haber perforado el umbral de los 50 puntos en enero, cuando había alcanzado el nivel más bajo desde abril de 2020.

La política volvió a ser la principal fuente de incertidumbre

Además, la política continúa siendo el principal foco de incertidumbre económica, concentrando el 30% de las menciones relevadas. El nivel es similar al registrado durante el período electoral de la segunda mitad de 2025. En segundo lugar apareció el empleo como factor de incertidumbre, que representó el 22% de las preocupaciones y mostró un crecimiento sostenido durante los últimos meses.

Cabe aclarar que durante el gobierno de Javier Milei se perdieron 26.448 empresas empleadoras (-5,2% del total) entre noviembre de 2023 y marzo de este año, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En paralelo, el empleo cayó en 205.680 puestos en empresas privadas y 12.924 en casas particulares entre noviembre de 2023 y febrero de este año, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el último año, la fragilidad del mercado laboral se profundizó. Para tener un parámetro, el empleo formal cayó en 99.471 puestos (-1,6%) en el sector privado, mientras que se destruyeron 14.203 empresas (-2,8%).

Menor inestabilidad económica

Tras el anuncio de mejora de la calificadora Fitch Ratings a comienzos de mayo, la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de la Argentina al elevarla de CCC+ a B-, lo que obedece al avance del programa de austeridad fiscal y al aumento de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

“Nueva mejora. Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a ‘B-’ por S&P”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

En su informe, la calificadora sostuvo que la perspectiva estable para las calificaciones de largo plazo se fundamenta en la expectativa de que el Gobierno continuará con el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

S&P indicó que la mejor calificación refleja una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, lo cual “sienta las bases para que continúe la recuperación económica”. Según la agencia, el gobierno argentino “ha obtenido fondos mediante la emisión de bonos en dólares en el mercado local, garantías de organismos oficiales y acuerdos de recompra con bancos globales para cumplir con los pagos de su deuda externa comercial”. La combinación de superávits fiscales y acumulación de reservas por parte del Banco Central fortaleció la posición de liquidez del Estado.

El reporte advierte, de todos modos, que persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”. S&P considera que el gobierno debería poder afrontar estos retos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

En cuanto a los fundamentos institucionales, la calificadora remarcó que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. Además, destacó los avances legislativos logrados por la administración de Javier Milei para sentar las bases de un crecimiento sostenible, aunque subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

Standard & Poor’s proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y alrededor de 3% en los años siguientes. La agencia detalla que el desempeño sectorial resulta dispar, con industrias exportadoras como minería, energía y agro creciendo, mientras que otras ramas enfrentan dificultades.

Sobre la política monetaria y la inflación, S&P subrayó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Si bien reconoce que la acumulación de reservas internacionales se aceleró a lo largo de 2026, alertó que el país “sigue siendo vulnerable a shocks adversos”. Según sus previsiones, la inflación promedio bajaría a 32% en 2026 y se acercaría al 9% en 2029.

Entre los factores positivos, la calificadora destacó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales, que “debería impulsar el crecimiento y la balanza de pagos en los próximos años”. También valoró los avances en autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”.

S&P concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”. La agencia anticipó que podría subir la nota si la previsibilidad de la política económica facilita el acceso sostenido a liquidez externa y limita la volatilidad económica, siempre dentro de un marco de crecimiento y compromiso con el ancla fiscal.

El antecedente de Fitch Ratings

La decisión de la calificadora de riesgo se da a un mes de que Fitch Ratings, otra de las firmas que se encarga de puntuar la nota crediticia de los países, mejoró la calificación argentina al subirla de CCC+ a B-.

En este caso, la mejor respondió a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La firma internacional destacó que la situación externa de Argentina se robusteció luego de que el país pasara a ser exportador neto de energía. “Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó. Además, proyectó que el déficit de cuenta corriente será equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

En relación a las reservas, Fitch Ratings señaló que el Gobierno enfocó su estrategia en incrementar el stock de divisas, con compras acumuladas por más de USD 10.000 millones hasta junio. “Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia a comienzos de mayo.

El documento enfatiza que el equilibrio fiscal continúa como un pilar de la política económica. “El presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, sostuvo la calificadora, que prevé un superávit primario de 1,1% del PBI y anticipa que el déficit general argentino se ubicará entre los mejores dentro de la categoría B.

El análisis indicó que el crecimiento económico se focalizó en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura e intermediación financiera, en tanto que la construcción y la industria presentaron estancamiento o retracción. Para 2026, la proyección es de una expansión del 3,2 por ciento.

De cara a los comicios presidenciales y legislativos previstos para 2027, la calificadora señaló que “la oposición se mantiene débil y fragmentada, aunque el bajo crecimiento y la inflación afectan la popularidad del gobierno”. “Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones de medio término del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a un shock de confianza, especialmente si la contienda electoral anticipa un cambio significativo respecto de las políticas actuales”, subrayaron los analistas.

Fuente: infobae

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.__IP__

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.