El Gobierno presentó en Casa Rosada un proyecto de ley para modificar la norma actual de Compre Argentino. Las claves: inversión, industria nacional, generación de empleo y ahorro de dólares.
En el primer acto oficial posterior a la derrota en las elecciones PASO 2021, el Gobierno presentó el proyecto de ley de “Compre Argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación”.
Con miras a retomar la iniciativa y cargar al Congreso de una agenda económica en los próximos meses (que tendrán también la discusión del Presupuesto 2022 y el régimen de fomento a las inversiones petroleras), el Gobierno calculó que el proyecto de Compre Argentino podría generar un ahorro de divisas de 500 millones de dólares por año y promover la creación de 30.000 nuevos empleos.
En el museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández habló en un tono pausado, lejos de la arenga de anoche. Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), José Tamborenea.
LAS METAS
Entre los objetivos a lograr, el Gobierno quiere:
- Promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas.
- Generar un aumento en el empleo, que rondaría los 30.000 puestos de trabajo.
- Promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas.
- Estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.
IMPACTO ECONÓMICO
Los beneficios que tendría la ley una vez sancionada, consideran oficialmente, son:
- Un aumento en la producción nacional.
- La generación de mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado.
- Un aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación), que llegaría a los $ 40.000 millones anuales.
- Impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país.
- Desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería.
- Crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado.
LOS CAMBIOS
La ley actual (27.437), sancionada en 2018, “tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo”, comunicó el Gobierno.
Por eso impulsó modificaciones, como:
- Ampliación del alcance de la ley a nuevos sujetos.
- Creación de la herramienta de compras públicas para la innovación.
- Se establecen herramientas de “alto impacto” que estimularían el desarrollo de la industria nacional.
- Se promocionará el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos.
- Se ampliará el alcance de los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP) y se mejorará el funcionamiento de la herramienta.
- Garantizarán el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local.
- Mejorarán las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas.
- Promoverán la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes.
- Fortalecerán el plan de desarrollo de proveedores nacionales.
- Unificarán el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC.
Las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas; representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional.
“Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores”, se informó.
El 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales, de las cuales el 97% de esas empresas proveedoras son PyMES.
Fuente: cronista.com
