Tras adelantar la medida a los bloques aliados al gobierno, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley que modifica la actualización de las jubilaciones y recompone los ingresos de los jubilados, que contaba con aprobación del Congreso.
Se trata del primer veto a una ley que concretará Javier Milei desde que asumió como Presidente y que podría tener un alto costo político para el mandatario, por tratarse de un sector cuyos haberes van perdiendo por la inflación.
Antes de la firma, Milei adelantó su decisión a jefes de los bloques dialoguistas, a quiénes les explicó los motivos por los que vetará en su totalidad la ley de actualización de jubilaciones, ya que su idea es priorizar el déficit cero.
En el encuentro, el mandatario puso de relieve las razones económicas de la decisión y dio una amplia justificación de cómo afectaría al déficit cero y el control de la inflación.
Fuentes oficiales anticiparon que la medida será publicada hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera, el presidente parece haberse involucrado por primera vez en la estrategia parlamentaria del oficialismo, que hasta ahora era llevada adelante por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
La medida no es sorpresiva. Milei había anunciado el viernes anterior en la Bolsa de Comercio de Rosario y el sábado, en declaraciones radiales, que vetaría esa ley que establecía un incremento jubilatorio.
“Los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras”, había asegurado Milei, al anunciar su postura.
Según estimaciones, las jubilaciones quedaron muy por detrás del aumento de los precios, ya que la mínima creció en abril en términos interanuales un 192%, mientras que en cuatro meses acumuló un alza de 62 por ciento para ubicarse -sumando el refuerzo- en 241.283 pesos.
Por su parte, la inflación interanual hasta abril fue de 298,4 por ciento y la acumulada de 65%, según el INDEC. Sin embargo, el incremento de la canasta básica de un adulto mayor se disparó en un año un 307,2%, mientras que acumula un alza de 67%, para ubicarse en 268.012 pesos a abril, revela el Observatorio sobre la base de datos de INDEC y ANSES.
De esta manera, en el primer cuatrimestre del año la jubilación mínima se mantuvo siempre por debajo de la canasta básica por adulto, incluyendo el bono de refuerzo.
Para justificar la medida, Milei aseguró que la fórmula de movilidad aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
¿Qué dicen en la oposición sobre el veto a la ley de jubilación?
Desde el PRO, el bloque más afín a los libertarios, pero que mantiene diferencias con Milei, recordaron que en ese espacio “les fuimos presentando como proyectos de ley distintas propuestas sobre jubilaciones. Nuestra postura siempre fue el proyecto de María Eugenia Vidal, para pagar la diferencia del 8 por ciento. En todo caso, no tienen que pedir nada, que agarren el proyecto de María Eugenia y se pongan a tratarlo”, deslizan en el macrismo.
Sin embargo, el foco del oficialismo estará puesto en la actitud de los bloques dialoguistas de Hacemos Coalición Federal y la UCR, que podrían conseguir los dos tercios con el respaldo de Unión por la Patria (UP) para dar por tierra con el veto.
El tema fue debatido el miércoles por la UCR en una reunión de bloque, donde se acordó que “si el veto es total van a insistir, si es parcial se abre una caja de pandora, porque depende específicamente de lo que vete”.
Ante el anuncio del veto, los diputados de la UCR habían adelantado que “apoyamos el déficit cero” pero que este “no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios”. Sostuvieron que el bloque legisla “con responsabilidad, siguiendo el mandato constitucional que otorga al congreso la función exclusiva de determinar la movilidad jubilatoria”.
Circunstanciales aliados del gobierno, los legisladores radicales cuestionaron la decisión de Milei y señalaron que “los pronósticos alarmistas del gobierno son infundados”, al asegurar que “existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados”.
Entre ellas, enumeraron la “revisión de gastos tributarios, la eliminación de exenciones impositivas injustificadas a grandes empresas y la reducción de subsidios a sectores altamente rentables. La negativa de considerar estas opciones evidencia a quien realmente está cargando el ajuste”, advirtieron en un comunicado.
Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria criticaron duramente la medida anunciada por Milei y emitieron un comunicado, bajo el título: “Motosierra para los más débiles”, al adelantar que insistirán con la ley aprobada por el Congreso.
Por eso, la intención del gobierno es convencer a los legisladores del PRO, que a través del expresidente Macri, con quien Milei se reunió varias veces en los últimos días, no insistan en la ley que actualiza la movilidad para evitar que la oposición llegue a los dos tercios, ya que advierten que la medida podría desfinanciar al Ejecutivo.
¿Cómo sigue la controversia en el Congreso tras el veto de Javier Milei?
El veto es una atribución que corresponde al Poder Ejecutivo, a través del cual el Presidente puede rechazar total o parcialmente (todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.
El jefe de Estado tiene 10 días hábiles después de su sanción en el Congreso y ese pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del Gabinete.
Ahora, y tras la publicación del veto total del Ejecutivo, la iniciativa volverá al Congreso, que puede dejarlo sin efecto si consigue votos de dos tercios en cada cámara.
Según el artículo 83 de la Constitución nacional, después del veto, el proyecto debe regresar a la primera Cámara donde comenzó su debate en el recinto. Al volver, en caso de ser aprobado con dos tercios de los votos, pasa a la cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la cámara de revisión es el Senado y viceversa).
En este sentido, las votaciones son “nominales”, es decir, por sí o por no. De esta manera, si en las dos Cámaras la mayoría vota sí, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado.
En cambio, si las Cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año. En tanto, el Presidente no podrá vetar el Proyecto en caso de que el Congreso insista con una Ley previamente vetada.
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a comienzos de junio y fue aprobada por el Senado la semana pasada.
En la cámara alta, sólo los senadores de La Libertad Avanza -el partido que lidera Milei- votaron en contra de la ley e incluso el PRO, el espacio político del expresidente Mauricio Macri y principal aliado de Milei, votó a favor de la iniciativa.
Después de la sanción del Congreso, Milei reiteró su embestida contra el Parlamento y acusó a los legisladores de ser “degenerados fiscales”.
Según indicaron desde presidencia, aumentar las pensiones para la tercera edad implicaría un costo fiscal de un 1,2% del PBI.
El anuncio del veto generó una importante marcha en contra de esa medida el miércoles pasado, que terminó con incidentes y varios jubilados heridos, luego de que fueran reprimidos por la policía con bastones y gases.
“No habrá interloque” pero sí “mayor coordinación parlamentaria”
Al salir de la reunión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo que en el encuentro con el mandatario -del que participaron Francos y Karina Milei- el presidente “ratificó el veto total y el agujero fiscal que implicaría, que tiene que ver con el esfuerzo que hace el gobierno para sostener el déficit cero”.
Ritondo confirmó además que “no habrá interbloque” con La Libertad Avanza en el Congreso.
Sin embargo, el jefe del bloque del PRO dijo que “propusimos un esquema de trabajo donde, antes de enviar proyectos al Congreso, tengamos una instancia previa de coordinación y trabajo conjunto entre los bloques”.
Fuentes del PRO reiteraron que la intención de ese espacio es “poder sumar instancias de coordinación a los gobernadores del PRO, a los intendentes y así poder empezar a trabajar en una construcción política conjunta para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
“Señalamos dos situaciones donde no fuimos escuchados y que podrían haberse manejado mucho mejor, evitando problemas para el gobierno y para quienes queremos que el cambio se fortalezca. La primera es el tema de jubilaciones, donde María Eugenia, en su momento, sugirió en Diputados un camino para evitar el veto presidencial, pero no se tuvo en cuenta. La segunda es el DNU de fondos reservados; si se hubiera conformado la Bicameral de inteligencia a tiempo, como propusimos hace meses, habríamos evitado la complicada sesión del miércoles pasado”, afirmaron.
Según Ritondo, “este es el final del camino, no el principio” y dijo que “esperamos que esta reunión marque el inicio de una nueva etapa en la que podamos trabajar mejor coordinados. Es fundamental que, antes de tomar decisiones que requieran la intervención de nuestro bloque, podamos discutirlas e intercambiar puntos de vista que fortalezcan y mejoren las propuestas”.
