Por séptimo mes consecutivo: los factores clave que explican la baja.

La menor cantidad de días hábiles, la reducción de impuestos, los conflictos gremiales y el estancamiento del consumo fueron los principales ejes de la nueva disminución de los ingresos fiscales en valores reales.

Febrero comenzó con la difusión de nivel récord del estimador mensual del PBI (EMAE) al cierre de 2025, pese a que otros indicadores alertaban sobre la persistencia de la debilidad del consumo interno y malestar en empresas afectadas por la competencia de importaciones.

Esa heterogeneidad en el comportamiento de los diferentes aspectos de la economía real volvió a reflejarse en el resultado negativo de la recaudación tributaria ajustada por inflación, aunque también incidieron otros factores:

• reducción de impuestos y de alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero 2025, y eliminación de anticipos de IVA Aduanero,
• menor cantidad de días hábiles para el pago de tributos, y
• caída de la liquidación de exportaciones agroindustriales por conflictos gremiales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en febrero las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período.

De ahí se desprende una caída de los recursos tributarios de 12,3% en términos reales en comparación con un año antes, y se constituyó en la séptima disminución consecutiva ajustada por inflación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín Argañaraz, explica: “Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación sería el impacto en la recaudación proveniente de Aduana (IVA DGA) de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto”. A ello se suman los efectos de la baja y eliminación de retenciones a las exportaciones y de aranceles sobre las importaciones a lo largo del último año, al que se suma desde marzo el fin del Impuesto Adicional a los Autos de Lujo.

Variación por fuente de ingresos fiscales

En el análisis de la contribución de cada una de las fuentes de ingresos gestionadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se observa la siguiente dinámica:

DGI: El componente netamente impositivo aumentó 33%, medio punto porcentual más que la inflación, sobresaliendo el repunte de lo ingresado por Transferencia de Combustibles 58% -por la suba de la alícuota-, y Ganancias con un crecimiento nominal de 38,3%. Por el contrario, se mantuvieron en retroceso en valores reales lo captado por IVA con 28,4% nominal; sobre los Créditos y Débitos Bancarios 22,7% -contó con 3 días hábiles menos con relación al año anterior-; a los Bienes Personales 14,8%; e Internos Coparticipados 10,9 por ciento.

Aduana: El total de lo percibido por esta fuente bajó 16,8% en valores nominales. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante febrero las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.289 millones; cayó 30% en comparación con el mes anterior.

Destaca el reporte de las entidades exportadores del complejo cerealero-oleaginoso: “Febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días, debido a los feriados y, en particular, a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.

Anses: El crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la tasa de inflación, fue de 26,2%, desagregado en 24,1% la suba por Aportes Personales; 27% Contribuciones Patronales y Otros Ingresos a la Seguridad Social 45,1 ciento.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, los ingresos tributarios subieron 21,1% interanual, acusaron una disminución de 8,2% ajustados por inflación, pese a que la actividad económica habría registrado un aumento de 2%, según estimaciones privadas.

Coparticipación y transferencias automáticas

En febrero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,42 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 7,4% (en enero la baja fue del 7%) “La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8,8% real.

A partir de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Iaraf estimó: “La caída de la coparticipación neta en febrero se debería principalmente a la disminución real interanual del IVA”.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, Iaraf detectó que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 5 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (8,6%), y Salta, con la menor (3,6%). En CABA, La Rioja y Santa Cruz, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en Leyes Especiales y Compensaciones, las cuales aumentaron un 9% real interanual. En cambio, Salta, Tucumán y Catamarca tuvieron una caída menor debido a su mayor participación en estos componentes del reparto.

Fuente: infobae.com/economia

La Dra. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, precisó que el monotributista que no esté de acuerdo con la recategorización puede interponer un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles administrativos desde que se notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico – DFE. El trámite se realiza exclusivamente a través del servicio “Presentaciones Digitales”, con la opción “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”.

Leé la nota.

Fuente: llyasoc.com

La ofensiva militar elevó el riesgo geopolítico y puso en foco al precio del petróleo, la inflación y la volatilidad financiera, en un contexto ya marcado por fuertes tensiones económicas internacionales.

La creciente tensión militar entre Estados Unidos e Irán, tras los recientes ataques lanzados por Washington e Israel contra objetivos iraníes, reavivó los temores de un nuevo conflicto de alcance regional y encendió alertas en los mercados financieros internacionales, según la agencia Reuters, con impacto potencial en el precio del petróleo, las monedas, la inflación y los activos de refugio.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las operaciones buscan neutralizar una amenaza a la seguridad regional y abrir la puerta a un cambio político interno en Irán. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles hacia Israel, lo que elevó el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

Petróleo, el primer termómetro del conflicto

El crudo volvió a posicionarse como el principal indicador de la tensión geopolítica, ya que Irán es uno de los mayores productores de la región y se encuentra frente a la península arábiga, separada por el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo.

Una interrupción del tráfico energético en esa zona podría restringir la oferta global y presionar al alza los precios. El Brent cerró la última rueda en torno a los u$s73 por barril, con una suba acumulada cercana al 20% en lo que va del año. Asimismo, operadores del mercado señalaron que algunas petroleras y grandes casas de trading ya suspendieron envíos de crudo y combustibles a través del estrecho como medida preventiva.

Analistas estiman que, aun si el conflicto se mantiene contenido, el Brent podría acercarse a los u$s80, mientras que un escenario de mayor duración podría llevarlo hacia la zona de u$s100, con un impacto directo sobre la inflación global, que podría sumar entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales.

Volatilidad financiera y tensión cambiaria

El conflicto se suma a un año marcado por fuertes oscilaciones en los mercados, impulsadas por la política comercial de Trump y las recientes correcciones en el sector tecnológico. El índice de volatilidad VIX acumula un avance significativo en 2026, al igual que la volatilidad implícita en los bonos del Tesoro estadounidense.

En episodios anteriores, el dólar mostró caídas iniciales frente a otras monedas, aunque de corta duración, lo que provoca que los analistas anticipen movimientos dispares en el plano cambiario. Un conflicto prolongado y con impacto energético podría, sin embargo, fortalecer al dólar, dado que Estados Unidos es exportador neto de energía.

El shekel israelí aparece como otra de las monedas más sensibles a la evolución del conflicto. En antecedentes recientes, sufrió caídas abruptas seguidas de rápidas recuperaciones, aunque algunos bancos advierten que esta vez el impacto podría ser más persistente si se amplía el enfrentamiento con actores aliados de Irán.

En contextos de mayor incertidumbre, los activos refugio volvieron a captar atención: el franco suizo mantiene una tendencia alcista frente al dólar y el oro continúa en niveles récord, con una suba superior al 20% en el año. También se observa mayor demanda por bonos del Tesoro estadounidense, cuyos rendimientos vienen retrocediendo.

En contraste, el bitcoin volvió a quedar al margen del rol defensivo que supo atribuírsele: cayó tras conocerse los ataques y acumula una fuerte pérdida en los últimos dos meses.

Las bolsas de Medio Oriente serán una de las primeras referencias para medir el humor inversor. Analistas anticipan que, si las hostilidades continúan, los mercados del Golfo podrían registrar caídas de entre 3% y 5%, pese a su histórica correlación con los precios del petróleo. En los últimos días, los principales índices de Arabia Saudita y Dubái ya mostraron retrocesos, en un contexto de creciente cautela ante un posible deterioro del escenario regional.

Por último, la industria aérea aparece entre las más afectadas, donde varias compañías cancelaron vuelos en la región, lo que podría presionar a la baja las acciones del sector si se amplían las restricciones de espacio aéreo. En sentido opuesto, las empresas vinculadas a defensa podrían beneficiarse de un aumento en la demanda de equipamiento militar, tendencia que ya se refleja en el desempeño bursátil del sector en Europa.

Fuente: ambito.com

En enero, se compraron dólares por US$ 3.709 millones e ingresaron de individuos y empresas US$ 980 millones.

Así, se registró un déficit de US$ 2.730 millones, según el Banco Central.

En el mes, 1,6 millones de personas compraron dólares-billetes por US$ 2.613 millones y 730.000 vendieron por US$ 410 millones. En relación a diciembre 2025 marca una aceleración porque habían sido 1,5 millones los que adquirieron billetes por un total de US$ 2.186 millones, mientras que 670.000 se habían desprendido de US$ 477 millones.

La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado. Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.

A su vez, la salida neta por viajes, tarjetas pasajes y turismo se llevó en enero US$ 1.325 millones (lo mismo que enero 2025) y otros US$ 2.256 millones los pagos de intereses (sector público y privado).

Por su parte, pese al superávit comercial (exportaciones menos importaciones) por US$ 2.014 millones (exportaciones por US$ 6.814 millones y pagos de importaciones por US$ 4.800 millones), la cuenta corriente del balance cambiario registró un déficit de US$ 919 millones.

Este déficit de US$ 919 millones en enero fue porque hubo pagos netos de intereses por US$ 1.997 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por US$ 10 millones realizadas mediante transferencias de depósitos locales al exterior.

Fuente: perfil.com

Un informe de la UCA detalla la fragmentación social del país, donde el 45% de la fuerza laboral se desempeña en la informalidad y la percepción de bienestar varía según la capacidad de ahorro y el acceso a bienes públicos.

La estructura social de la Argentina se encuentra dividida en distintos estratos que se definen, principalmente, por el nivel de ingresos mensuales de cada hogar. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, publicado en febrero de 2026, el país presenta una configuración muy desigual donde conviven sectores con plena capacidad de ahorro y otros que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Estos datos, calculados a valores de octubre de 2025, permiten trazar una línea clara sobre cuánto dinero necesita una familia para pertenecer a la clase media y cuáles son las brechas que separan a los diferentes grupos de la sociedad.

Para que un hogar sea considerado parte de la “clase media integrada”, el informe de la UCA establece un rango de ingresos mensuales que va desde los $5.000.000 hasta los $15.000.000. Este segmento representa actualmente al 20% de los hogares familiares en la Argentina urbana.

Por encima de este grupo se encuentra la clase media alta, cuyos ingresos oscilan entre los $15.000.000 y los $30.000.000 mensuales, abarcando al 7% de las unidades domésticas. En la cúspide de la pirámide, la elite socioeconómica —compuesta por el 3% de los hogares más ricos— percibe ingresos con un piso de $30.000.000 por mes.

Según el ODSA, el tercio superior de la matriz social está conformado por estratos de clases medias-altas y altas que se encuentran “plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad”. Este sector se caracteriza por tener “acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad”, lo que les permite orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo.

El estrato medio aspiracional y la vulnerabilidad

Inmediatamente por debajo de la clase media integrada se ubica el sector medio aspiracional, con ingresos mensuales que van de $3.500.000 a $5.000.000, representando también al 20% de los hogares. El informe describe a este tercio intermedio como una amplia clase media y media baja que se sostiene mediante “inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico”.

A pesar de sus ingresos, este grupo acumula “expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”.

La pirámide se completa con los sectores de menores ingresos, donde el límite de la vulnerabilidad se vuelve más estrecho:

• Medio-bajo vulnerable: hogares con ingresos entre $2.000.000 y $3.500.000 (20% de los hogares).
• Bajo no indigente: ingresos de $800.000 a $2.000.000 (20% de los hogares).
• Pobre extremo: hogares con un techo de ingresos de $800.000 mensuales (10% de los hogares).

Realidad laboral y brechas de ingresos

La capacidad de alcanzar estos niveles de ingresos está condicionada por una estructura ocupacional que, si bien muestra crecimiento económico, no genera empleo formal de manera proporcional. El informe advierte que “la actividad económica se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes”, pero este crecimiento es liderado por sectores de “baja intensidad en el uso de mano de obra” como la agricultura y la intermediación financiera.

Esta dinámica ha profundizado la informalidad laboral, que alcanzó el 45% en 2025. Las disparidades en las remuneraciones son un factor determinante para la pertenencia a los estratos medios. Mientras que en el sector privado formal los salarios han experimentado un incremento real, el sector micro-informal continúa con desventajas estructurales. “Una remuneración media en los puestos del sector micro-informal es en promedio un tercio menos de lo que ganan los trabajadores ocupados”, señala el estudio.

Incluso para aquellos que logran superar la línea de pobreza, el “estrés económico” —entendido como la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas— persiste como una realidad para casi 1 de cada 2 personas en el país.

Pobreza y limitaciones de la medición

El ODSA-UCA plantea una mirada crítica sobre la caída estadística de la pobreza informada recientemente. Si bien se reconoce una “caída efectiva”, el organismo sostiene que esta se encuentra “sobrerrepresentada”. La mejora de los indicadores durante el periodo 2023-2025 habría estado “principalmente asociada a la desaceleración inflacionaria” más que a un “incremento real del poder adquisitivo o de la capacidad de consumo de los hogares”.

Además, el informe destaca que “las tendencias recientes no alteran las desigualdades estructurales por edad”. La pobreza y la indigencia siguen afectando de forma desproporcionada a la niñez, consolidando un “proceso persistente de infantilización de las privaciones”. En 2025, más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años permanecía en situación de pobreza monetaria.

Fuente: infobae.com/economia

El aumento del precio del petróleo podría mejorar el ingreso de divisas por exportaciones, pero la mayor aversión al riesgo global amenaza con encarecer el financiamiento y presionar sobre el riesgo país.

La creciente tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán tendrá una fuerte repercusión en los mercados internacionales y reabre interrogantes sobre la estabilidad financiera global. En este mapa, la Argentina enfrenta un escenario dual e impredecible.

Por un lado, un eventual salto en el precio del petróleo podría mejorar el valor de las exportaciones energéticas, mientras que, por otro, un aumento de la incertidumbre global generaría un encarecimiento del financiamiento para los mercados emergentes y, lo que presionaría sobre el riesgo país.

Anoche, a las 22 de Argentina, mientras hablaba el presidente Javier Milei en el Congreso, los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron en rojo, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdiendo cerca del 1% en las primeras horas de negociación en Asia. Las acciones australianas siguieron la tendencia y los operadores se alejaron de los activos de riesgo. El índice Nikkei 225, de Tokio, caía 2,07%, mientras que el Topix bajaba un 1,97%.

Toyota, la compañía de mayor capitalización local, caía un 3,2%; Honda retrocedía casi un 3%; Sony bajaba un 2,5% y SoftBank se dejaba cerca de un 2%.

El caso del petróleo, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13% ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. El petróleo Brent, de referencia local, saltó más de 10% y el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza.

Analistas

El economista Pablo Tigani advirtió que el problema central de la Argentina es la subestimación del “cisne negro”, en referencia a eventos inesperados que los mercados no anticipan sino que absorben cuando ya están en curso. “Los conflictos armados se incorporan al análisis financiero como un shock exógeno que altera precios, primas de riesgo y flujos de capitales. Pero esa traducción técnica no es neutral. La guerra no es solo volatilidad, es un proceso político complejo”, sostuvo.

Según su mirada, el mayor riesgo para la Argentina es el canal financiero. En escenarios de tensión global, dijo, “se activa el llamado flight to quality: los capitales salen de los mercados emergentes y buscan refugio en activos considerados más seguros”.

Sin embargo, resaltó que “la Argentina está pendiente de que baje el riesgo país para volver a los mercados. Pero cuando aumenta la incertidumbre internacional, eso se vuelve más difícil”. Esta situación, explicó, es un problema para el país, que enfrenta vencimientos en dólares por unos USD 18.000 millones este año y el equivalente a más de USD 87.000 millones en pesos que deberán renovarse. “Si sube la tasa de interés y no estamos en condiciones de pagarla, se afecta la solvencia fiscal intertemporal. Eso es riesgo de default”, advirtió.

Para Tigani, además, el riesgo país ya venía mostrando señales de tensión. “Estuvimos debajo de los 500 puntos básicos y en las últimas semanas volvió a ubicarse por encima de los 570. En un contexto global más adverso, esa tendencia puede profundizarse”, señaló.

Respecto a un eventual beneficio exportador ante un crudo más apreciado, el economista insistió en que los mercados reaccionan cuando el conflicto ya está en marcha. “Es muy difícil proyectar beneficios comerciales cuando el canal financiero puede deteriorarse primero”. Y agregó que el enfoque excesivamente financiero puede subestimar los impactos políticos y estratégicos de un conflicto que todavía no tiene horizonte claro ni territorial ni temporal.

Desde otra perspectiva, Martín Redrado analizó, a través de su cuenta de X, el factor geopolítico estructural. Para el economista, detrás del accionar de Estados Unidos sobre Irán hay una lógica estratégica más amplia vinculada a la competencia con China.

“El verdadero desafío geopolítico para las próximas décadas es China. Importa alrededor de 10 millones de barriles de petróleo por día y depende en buena medida de suministros provenientes de Venezuela e Irán. El control de la energía es vital para el desarrollo de inteligencia artificial y para su base industrial”, sostuvo. Según su lectura, los movimientos en Medio Oriente no solo responden a tensiones regionales sino a una disputa por el control de recursos estratégicos.

Redrado consideró que, más allá de los riesgos inmediatos, para América Latina y para la Argentina podría abrirse una ventana de oportunidad en un mundo que reconfigura cadenas de suministro y fuentes energéticas. “Habrá que saber aprovecharla”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Vanoli, economista y ex Presidente del Banco Central de la República Argentina, coincidió en que el impacto más inmediato para la Argentina tiene dos caras. Por un lado, la volatilidad financiera global. Por otro, el precio del petróleo.

“Va a haber mucha volatilidad y eso puede generar un aumento del riesgo país y de la tasa de interés. Hay que ver la duración de esta incertidumbre, pero desde lo financiero es negativo”, planteó.

En paralelo, el petróleo introduce un efecto doble. Desde el punto de vista inflacionario, un aumento de precios energéticos podría encarecer los costos de transporte y producción, lo que puede presionar sobre la inflación global y trasladarse a la economía argentina. Pero también existe un efecto potencialmente favorable. “Una suba del precio del crudo puede mejorar el valor de las exportaciones y el balance comercial”, explicó.

De hecho, en las horas posteriores a los ataques y tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y refinados, el precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, a USD 80, en el mercado extrabursátil el domingo, según informaron operadores petroleros a Reuter. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta USD 100 por barril.

Vanoli advirtió que la Argentina llega a este escenario con menos herramientas que otros países emergentes. “No tiene acceso al mercado internacional de capitales, no cuenta con reservas elevadas ni con margen fiscal y monetario suficiente para amortiguar un shock externo”, señaló y explicó que, a diferencia de economías con mayor espalda financiera, el país no dispone de colchones significativos para aplicar políticas contracíclicas en un entorno global adverso. “Eso implica un mayor grado de vulnerabilidad”, resume.

Las miradas de los especialistas difieren en el balance final. Mientras algunos ponen el foco en las posibles ventajas comerciales derivadas de un petróleo más caro, otros advierten que el canal financiero puede imponerse rápidamente.

Sin embargo, la variable clave, coinciden los analistas, será la extensión del conflicto. Tanto en su dimensión territorial como en su duración. Mientras un episodio acotado podría traducirse en volatilidad transitoria, una escalada prolongada tendría implicancias más profundas sobre precios energéticos, primas de riesgo y flujos de capital hacia economías emergentes.

Fuente: infobae.com/economia