La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través del Decreto 285/2022. “Tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, sostiene en los considerandos el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“En línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable postergar para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil los efectos de los incrementos en los montos de impuesto”, justifica la normativa.

Combustibles: postergan hasta septiembre la actualización del impuesto

A partir de una modificación en 2018, el Impuesto a los Combustibles prevé actualizaciones en su suma fija en enero, abril, julio y octubre de cada año sobre la base de las variaciones de la inflación de cada periodo trimestral precedente, buscando, de esta forma, amortiguar las fluctuaciones del dólar o de la cotización del crudo que se tenían como referencia previamente.

La norma recuerda que las actualizaciones para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, “se han diferido sucesivamente” en 2020. Con el decreto de hoy, se encuentran pendientes las actualizaciones correspondientes a los cuatro trimestres de 2021 -postergadas a fines de febrero al 1 de junio- y la del primer trimestre de este año.

En tanto, según recuerda el Decreto, el Gobierno “ha trabajado en un proyecto de reforma” de los impuestos a los combustibles, el cual aún no ha recibido tratamiento parlamentario.

El último aumento en los valores del surtidor fue a principios de mayo, momento en el cual YPF, Shell y Axion establecieron subas que promediaron entre 9% y 12%, según la variedad de combustibles.

Impacto de la suba de combustibles en la inflación

Los incrementos de combustibles impactan casi 20 veces más en la inflación que la suba acumulada de tarifas de electricidad, agua, gas natural y los boletos de colectivos y trenes.

Según datos oficiales, en un caso práctico de subas anuales de 60% en los precios de las naftas y del mismo porcentaje en los servicios públicos domiciliarios de luz y gas, los combustibles inciden hasta 1,9% en el Índice de Precios que mide el INDEC a nivel nacional, contra tan solo 0,1% de la electricidad o el gas.

Si en este análisis se incluye un aumento del 60% en el agua de red, ese suministro ni siquiera tiene impacto inflacionario a nivel nacional. Directamente es cero, al igual que una suba del boleto del tren. En tanto que una suba del pasaje en colectivo de 60% anual incide hasta 0,2% en la inflación anual, el doble que la electricidad y el gas. Por lo tanto, todos los servicios juntos tienen un menor impacto que un ajuste en los surtidores.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires las alzas de combustibles también tienen un fuerte impacto en la inflación, aunque menor a la nacional. Siguiendo con ejemplos de subas de 60% anual, las naftas impactan 1,6% en la formación del IPC del GBA, mientras que la suba de gas natural por red apenas un 0,3%: esto es 5,3 veces más. En el caso de la electricidad es 8 veces más.

¿Qué combustibles impactan más en la inflación y dónde?

Si se tiene en cuenta los distintos tipos de combustibles y las otras cinco regiones del país, más allá de la nacional y el AMBA, el impacto de la suba en los surtidores llega a potenciar hasta 31 veces más el índice de inflación al consumidor que los servicios públicos nacionales.

En la Patagonia una suba del 60% en las naftas, gasoil y aceites lubricantes tienen un impacto del 3,1% en la inflación regional; le sigue el NEA con un impacto del 2,4%; la región Pampeana y Cuyo con 2,1%, respectivamente; y finalmente el NOA, con 1,7%.

Una escalada en el precio de las naftas siempre tiene más impacto que una suba del gasoil, más allá de versiones súper o premium. Por ejemplo, en la Patagonia el impacto de las naftas es de 2,3%, mientras que el gasoil de 0,6%. En el NEA, que incluye Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa, el impacto de las naftas es de 1,6% y 0,7% el gasoil.

En el centro del país, particularmente en Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, tienen el mayor impacto de la suba del gasoil en la inflación, por ser considerado un insumo agropecuario esencial para el trabajo en el campo y las cosechas. Allí, el gasoil impacta 0,8% y las naftas 1,2%.

¿Cómo impactarán los próximos aumentos?

La estrategia para la lucha contra la inflación está bajo la lupa. El presidente Alberto Fernández avaló cambios de gabinete y reformas de ministerios para evitar otra nueva disparada. Al mismo tiempo, desde que asumió ya se permitieron 15 aumentos de combustibles, que totalizaron una suba cercana al 130% para el litro de Súper y un 140% en el Premium. Solo en lo que va de 2022 las naftas acumulan 31% de incrementos, repartidos en tres ajustes: febrero, marzo y mayo. Y en el sector aseguran que persiste un atraso de hasta 15%.

Distinto ocurre con los servicios públicos: las tarifas permanecieron congeladas por casi dos años y medio y recién ahora se permiten actualizaciones. En el caso de la electricidad, se dispuso un incremento a partir de junio del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) Residencial estará en el orden del 26%, lo que impactará en las facturas de usuarios tipo con consumo promedio en el área del Gran Buenos Aires con una suba del 16,53%. En cada provincia el incremento en las facturas de luz será distinto, pero siempre inferior porcentualmente al que se registre en el GBA. En el caso de los usuarios con Tarifa Social la suba de la factura en el AMBA será de 7,7% promedio.

En lo que respecta al gas, los usuarios con Tarifa Social no tendrán ningún aumento. En tanto para el para el resto de los usuarios de todo el país, el precio de venta del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumentará entre 41,7% y 46,3%, lo que representará un aumento en la factura promedio para usuarios residenciales de entre 18,55% y hasta el 25%. La aclamada segmentación de usuarios por ahora no entrará en vigencia.

En el Gobierno nacional esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre en mayo una suba menor a la de abril y marzo. Y, si bien es algo que los analistas privados también estiman que ocurra, la realidad marca que el indicador continuará siendo elevado. Según distintas proyecciones de consultoras, la inflación de mayo retrocedería desde el 6% de abril y el 6,7% de marzo. Pero el dato se ubicaría, todavía, por encima del 5%. Si se confirma, el 2022 avanza por un sendero inflacionario con una suba anual del IPC en torno al 70%. Todo un desafío para animarse a un próximo ajuste de combustibles.

Fuente: iprofesional

Hay signos de “normalización” que todos los días se suman a la vida argentina. Por ejemplo, que la gente vuelve a su gusto por los recitales masivos y ya se vendieron siete fechas de Coldplay en el estadio de River. O que en el evento promocional Hot Sale el rubro estrella vuelven a ser los viajes al exterior. Y eso, que en muchos sentidos es una buena noticia, tiene un lado oscuro para la economía: es un recordatorio de que se recupera con fuerza la “fuga” de dólares.

Porque, en definitiva, la ansiada recuperación del consumo implica la salida de divisas. El cachet de los músicos extranjeros no es en pesos argentinos, como tampoco es en pesos el boleto de los aviones y la tarifa hotelera de quienes están planificando sus vacaciones de invierno en el hemisferio norte.

Prueba de ello es que la demanda de divisas por parte de los individuos aumenta mes a mes, y las últimas cifras de la recaudación de impuesto PAIS permiten adelantar que ya se ubica en u$s600 millones por mes. De hecho, rubros como el turismo o la compra en el exterior con tarjeta de crédito se encaminan aceleradamente a recuperar sus niveles pre-pandemia, cuando insumían más de u$s8.000 millones cada año.

Pero hay un problema: los dólares no alcanzan para todo, y el gran debate que se está dando en estas horas en el Gobierno es cómo y a quién priorizar en el reparto de esos escasos billetes verdes. Después de todo, el propio Alberto Fernández fue quien marcó el criterio oficial al inicio de su gestión, tras restringir el cupo de u$s200 para los ahorristas: “Los dólares hacen falta para producir, no para guardar”.

Dólares, ¿para producir o para stockear?

Esa situación contradictoria se evidencia en el sector empresarial, que a medida que recupera su capacidad productiva aumenta su demanda de dólares. El caso emblemático fue el del sector automotor: toda la cadena -autopartistas, terminales y el propio sindicato- habían advertido sobre el riesgo de que la actividad -que crece a un ritmo de 17%- se paraliza por falta de divisas para importar insumos con los que fabricar autopartes.

Esto es lo que deja a los funcionarios del equipo económico en la incómoda situación de tener que elegir a quién priorizar a la hora del reparto de dólares escasos. Y entre los aspirantes a quedarse con los dólares figura el propio Banco Central, que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a cumplir el objetivo de aumentar en u$s5.800 millones las reservas.

Era un objetivo que, en primera instancia, parecía fácil de cumplir, dado que buena parte de esas divisas las aporta el propio organismo, pero que se empezó a complicar aun cuando el complejo agroexportador ya dejó ingresos por u$s17.532 millones en lo que va del año -según cifras del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Sin embargo, pese a ese boom agrícola y a que la balanza comercial del último mes dejó un saldo positivo de u$s1.444 millones, el problema de la falta de dólares se agudiza. A tal punto que el Banco Central no logra consolidar un ritmo de ingresos continuo y sufre frecuentes “tropezones”. Por ejemplo, el jueves pasado tuvo que vender u$s50 millones.

A la búsqueda de los proveedores de dólares

Es en este contexto que el Gobierno está intentando nuevas medidas para maximizar la entrada y minimizar la salida de dólares.

Una acaba de ser anunciada por el propio Alberto Fernández, y apuesta al sector petrolero. Paradójicamente, la iniciativa fue presentada como una flexibilización del cepo, ya que se le permitirá a las compañías que inviertan en el país y aumenten su nivel de exportación, un más amplio acceso a las divisas. Se les permitirá, incluso, que esos dólares sean destinados a remisión de dividendos a las casas matrices.

Hay una justificación oficial para esta medida es la necesidad de incrementar las inversiones en el sector energético, sobre todo si se tiene en cuenta que, por la dependencia del gas importado, este año podrían sacrificarse unos u$s8.000 millones.

Pero hay, además, otro efecto positivo de más corto plazo que el de las inversiones en nueva infraestructura energética: esas petroleras aportarán divisas, que es algo que el Gobierno necesita con más urgencia que el propio gas.

De hecho, lo que hizo el Gobierno fue escuchar el reclamo que economistas de alto perfil venían reclamando: por caso, Martín Redrado, uno de los “ministeriables” del espacio oficialista, había pedido “bajar el techo de la brecha cambiaria generando más oferta de divisas, mediante incentivos a los sectores que pueden ampliar la oferta de divisas, por ejemplo el sector de hidrocarburos”.

Cómo repartir los “pocos” dólares que hay

Incluso economistas más alineados con la postura ortodoxa habían sugerido una política en la que la mano estatal marcará prioridades a la hora de distribuir las divisas.

“La clave pasa por administrar inteligentemente los pocos dólares que hay, regulando los sectores que están recibiendo más de lo que debieran, pero asignándolos a otros estratégicos, como Vaca Muerta, con capacidad de multiplicarlos”, sostuvo Rodrigo Álvarez, economista jefe de la consultora Analytica.

Y enfatiza que, del otro lado, hay sectores como comercio, que accede al mercado cambiario “de manera muy irrestricta”, de tal forma que su déficit de divisas actual casi duplica al nivel previo a la pandemia.

“En otros términos, consumió los mismos dólares que toda la industria. Con la gran diferencia que se trata de un sector que no produce bienes finales, que no es intensivo en la utilización de capital y que por lo tanto no requiere de la importación de bienes intermedios y repuestos y maquinaria para su funcionamiento. A la hora de administrar divisas, es un misterio por qué fue tan demandante en los últimos años y en 2021 en particular, mostrando una elasticidad similar a la de la industria”, apunta el economista.

Y otros colegas, como Rodolfo Santangelo, plantean que hay motivos para sospechar de sobrefacturaciones en la importación, incentivadas por el retraso cambiario.

“Con una brecha tan alta como la que tuvimos en estos años, los incentivos a comportamientos ilegales para hacerse de dólares extras baratos y dejarlos en el exterior son altísimos. Es como decir que parte del ‘faltan dólares’ tiene que ver con la alta brecha. Y la alta brecha es consecuencia del desorden macroeconómico, ya sea fiscal, monetario, financiero, deuda o externo”, remarcó.

Recurriendo al bolsillo de la casa matriz

Lo cierto es que el Gobierno está empezando a tomar esas recomendaciones. Por lo pronto, reflotó un esquema ya utilizado en otras épocas con la industria automotriz: les pide a las terminales locales que se financien con sus casas matrices a la hora de prefinanciar exportaciones. De esa manera, queda un “cupo” liberado para que el Central pueda incrementar la cantidad de divisas asignadas a las autopartistas locales, que cuentan con menor espalda financiera.

La promesa oficial es que, mediante esta fórmula, se podrá sostener el ritmo de incremento en la producción automotriz -que crece a un ritmo de 17% interanual- sin que implique una mayor erosión en la posición de reservas del Banco Central.

Claro que hay antecedentes históricos que ponen una nota de duda sobre la efectividad con la que funcione este esquema: en la industria se recuerda que, durante la gestión de Cristina Kirchner, la entonces presidente puso restricciones al repago de los préstamos de las filiales locales con sus respectivas casas matrices, con el argumento de que no sufrirían consecuencias porque no podía asimilarse un crédito interno a uno con el mercado de capitales.

De hecho, en 2014 se produjo un conflicto porque Cristina acusaba a las automotrices de retacear la entrega de vehículos para un plan de compras a precio bajo, mientras los empresarios reclamaban que tenían deudas por u$s2.500 millones y reclamaban acceso a divisas al precio oficial, que la entonces presidente no quería habilitar.

¿Guzmán coincide con Cristina?