A tono con el incremento del salario mínimo, el gabinete económico consensuó otorgar incrementos a los planes para el sostenimiento de las fuentes de trabajo en sectores vulnerables y afectados por las restricciones.
El equipo económico, reunido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, analizó este miércoles la negociación que el martes concluyó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que desenlazó en el incremento hasta $ 29.160 del haber mínimo neto para un trabajador sin carga familiar, que percibirá dicho monto desde febrero de 2022 tras completarse la suba progresiva en siete tramos no acumulativos.
Además de fijar una pauta para la concesión de aumentos a unos 300.000 trabajadores no conveniados, el movimiento del SMVM dispara la actualización una serie de planes sociales, como es el caso del programa “Potenciar Trabajo” y “Acompañar”, que verán aumentados sus ingresos mensuales en la cuantía y en los mismos tramos que se acordaron para el salario mínimo: 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio y otro porcentaje igual en julio; 3% en agosto, y 5% para noviembre y otro 5% en febrero.
Aumentan los controles en el AMBA para reducir más la circulación
Se aguarda que el Gobierno, en vísperas de anunciar mayores restricciones para frenar el aumento de contagios con Covid-19, informe un mayor alcance del Programa de Recuperación Productiva (Repro II), que abona un subsidio a cada empleado en relación de dependencia reportado por empresas categorizadas como de sectores críticos.
El Repro II, que asiste a las empresas en el pago de los salarios de abril, cuenta con más de 10.000 empresas inscriptas, de las que 5000 presentaron ya la documentación necesaria para realizar su evaluación. Días atrás, la inscripción se extendió al sector gastronómico independiente, monotributistas o autónomos con empleo dependiente.
La próxima etapa de restricciones que anunciará el presidente Alberto Fernández el próximo viernes regirá desde el sábado 1° de mayo y por dos semanas. Incluiría leves modificaciones respecto del actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/21, cuyo cumplimiento quedó a medio camino por la judicialización del cierre de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y el bajo nivel de fiscalización en algunos distritos.
Fuente: cronista.com
