Desde distintas cámaras empresariales remarcaron la importancia y pidieron por la “urgente” reforma en la ley de quiebras, que podría ser tratada en el Congreso en los próximos días y que tiene como objetivo permitir el salvataje de miles de pequeñas y medianas empresas en crisis. Luego de la presentación de distintos proyectos, se busca acordar un texto en común que establezca un alargamiento de plazos para evitar una avalancha de concursos y quiebras. Dicha prolongación incluye ampliar los plazos procesales en el caso de los concursos y suspensión de ejecuciones por 180 días (ver aparte).
Al respecto se pronunció ayer la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien mediante un comunicado reclamó la “urgente sanción” de una ley que “colabore con la protección del entramado productivo local, con medidas como la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías”. Según la CAC, una medida de este tipo “no sólo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan, sino que, también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación”. “La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias”, aseguró la CAC.
Para la CAME, en tanto, la modificación de la ley de quiebras se encuadra dentro de los cuatro pilares que consideran fundamentales para contener la emergencia. “Un pilar importante es el tema impositivo, que es la moratoria que está en el Congreso para poder incluir impuestos impagos hasta el 30 de junio, a nuestro entender debería ser hasta la fecha actual. El segundo pilar es el tema del ATP, que el Gobierno anunció que va a continuar, aunque creemos que en vez de bajarlo como se está haciendo, en algunos casos debería incrementarlo, porque para muchos sectores con la prolongación de la cuarentena, y con la caída del consumo, habría que aumentarlos”, sostuvo a Ámbito Pedro Cascales, vocero de la entidad, quien agregó: “La tercera medida tiene que ver con el tema financiero, creemos que tiene que haber una reestructuración de las deudas y en ese sentido los bancos privados deberían ser los que más colaboren con esta reestructuración. Y la cuarta pata tiene que ver con la ley de quiebras, concursos y suspensión de ejecuciones, por lo menos por 180 días, y pedidos de quiebras, que es similar a lo que pasó en 2001”.
Pedidos
Por su parte, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), remarcó: “Es una situación anormal. La pandemia generó que muchas empresas que venían en situación crítica de años anteriores, al no poder producir quedaron prácticamente al borde de la quiebra. Con las deudas que tienen, de hecho, están más para quebrar que para seguir funcionando”. Para Rosato, es importante trazar un escenario de previsibilidad para salir de la pandemia. “Ahora, el Gobierno está conteniendo a muchas empresas con los ATP, con no cerrar las cuentas en los bancos y con medidas de la AFIP. Si no se paga la luz o el gas, no lo pueden cortar. Esta ley es importante para dar previsibilidad después de la pandemia, que es cuando va a llegar el problema real. Hay que preparar una batería de medidas para que esas pymes puedan empezar a producir”, remarcó el empresario pyme a Ámbito.
A la modificación de la ley de quiebras y los “180 días de gracia”, Rosato le agregó otro ítem importante para el “día después”. “Hay que contemplar planes de financiamiento, que es una ayuda muy importante para que la empresa que está al borde de la quiebra pueda financiarse a tasa cero y tenga la posibilidad de resurgir e ir pagando las deudas que tiene”, concluyó.
A principios de junio, desde el Movimiento Pyme (MoPyme), que nuclea a unas 4.000 firmas en todo el país y representa también a profesionales autónomos y comerciantes, hicieron un petitorio formal al Gobierno en el que pedían una serie de medidas para mitigar el impacto que el coronavirus tuvo en el sector. En uno de los puntos, solicitaron “la suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año”.
“En la situación actual, más allá de la flexibilización, hay que reconocer que es inevitable que todas las empresas van a entrar en un estado de cesación de pagos y cualquier persona va a poder pedir la quiebra. Lo que decimos que tiene que haber como modificación es un plazo que contemple que hasta el 31 de mayo del año que viene se suspenda el pedido de quiebra de cualquier acreedor”, sostuvo a Ámbito Milagros Sozio Muñoz, directora ejecutiva de MoPyme, y agregó: “Además, la Justicia va a colapsar. Se va a pedir la quiebra, van a intervenir empresas y esa situación le va a pasar a todo el mundo. Lo que pedimos es tiempo para poder organizarnos y llegar a cubrir los gastos”. Sobre el tratamiento de la reforma de la ley, Sozio Muñoz sostuvo que se observa voluntad en el arco político, pero que restará ver “cómo se plasma y cómo se aplica”. “Es bueno que esté en la agenda, pero hay que ver que sea eficiente”, concluyó
Fuente: ambito.com
