Con nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU), la administración de Alberto Fernández resolvió prorrogar las intervenciones del ENRE y del Enargas hasta enero de 2024 y postergar por un año más la definición de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) que había prometido para regularizar las concesiones de las empresas eléctricas y gasíferas que desde fines de 2019 vienen funcionando con sus contratos suspendidos y ajustes de tarifas transitorios.
Por medio del DNU 815/22, el Poder Ejecutivo decidió estirar hasta el 16 de diciembre de 2023—cuatro días después de la asunción del nuevo Gobierno que surgirá de la elección presidencial del próximo año—el plazo que había establecido inicialmente en el DNU 1020/20 para la normalización de los contratos de concesión de las distribuidoras y transportistas privadas de gas y energía eléctrica que están bajo la órbita nacional.
El DNU 1020 de diciembre de 2020 había estipulado un período máximo de dos años para que los entes reguladores y las autoridades del área energética definan y pongan en vigencia “los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los Acuerdos Definitivos de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”.
Al expirar ese plazo sin haber avanzado con la aprobación de las RTI que iban a reemplazar a las acordadas durante la gestión macrista, el Gobierno volvió ahora a disponer una nueva prórroga de un año con la cual se saca de encima el costo político de convalidar la formalización de nuevos contratos y aumentos tarifarios durante la campaña electoral que se avecina y le traslada esa tarea a los próximos ocupantes de la Casa Rosada.
De esta manera, las empresas eléctricas y gasíferas se encaminan a afrontar los mayores costos operativos y salariales de 2023 con los aumentos de tarifas “transitorios y parciales” que decidan autorizar los funcionarios de Energía en medio de un escenario económico y político que se perfila cada vez más complicado y conflictivo.
En el caso del servicio de gas, las renegociaciones en danza alcanzan a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas y Ecogas.
En tanto, por el lado del servicio eléctrico, las empresas alcanzadas son las distribuidoras de la región metropolitana del AMBA, Edenor y Edesur, y las operadoras de las redes de transmisión Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Litsa, Transcomahue, Yacylec y Enecor.
Reducción de subsidios y descongelamiento de tarifas eléctricas y gasíferas
El Gobierno justificó el incumplimiento de lo dispuesto en el decreto de fines de 2020 en razones externas y sin hacer mención alguna a la prolongada disputa interna que mantuvieron el exministro de Economía, Martín Guzmán y los funcionarios energéticos del ala dura del kirchnerismo que impidió la adopción de las medidas de fondo vinculadas con la reducción de subsidios y el descongelamiento de las tarifas de luz y gasíferas.
Entre los fundamentos esgrimidos en el nuevo DNU 815, el Gobierno sostuvo que “para realizar la renegociación definitiva de las RTI se requiere contemplar distintas variables macroeconómicas del país y financieras de cada prestadora de los servicios públicos concesionados y licenciados, según los marcos regulatorios de la electricidad y el gas”.
Agregó que “en ese marco corresponde poner de relieve el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales de los commodities energéticos, generado por el incremento de la demanda internacional y determinado por el crecimiento de la actividad económica post pandemia y asociado a velocidades incongruentes con las reales posibilidades de los países centrales en sus políticas y planes de transición energética, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre del año 2021″.
“Sumado ello—añadió el DNU– es de público conocimiento que el conflicto desatado entre la Federación de Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales de los referidos productos, especialmente del Gas Natural Licuado (GNL) y del gas oil, commodities a los que debe acceder nuestro país anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de gas por redes, como de generación eléctrica por centrales térmicas”.
A esos argumentos, le adjunto otro que involucra un supuesto pedido de las empresas para mantener el status quo, algo que ninguna de ellas ha admitido de manera oficial.
Renegociación de una tarifa final
Según el texto del DNU 815, “tanto las concesionarias como las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural han solicitado a los entes reguladores el mantenimiento del régimen transitorio en pos de la protección de la prestación de los servicios y de lograr en la renegociación una tarifa final que resulte justa y razonable; peticionando en tal sentido una prórroga del plazo establecido y consintiendo nuevas negociaciones para una adecuación transitoria, mientras se arriba a un acuerdo definitivo”.
Ante esa situación, la Casa Rosada determinó que “resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria”.
Junto con esa decisión, el Gobierno procedió a prolongar las intervenciones de los entes reguladores que originariamente debían durar solo 180 días y concluir en el segundo semestre de 2020.
A partir del 1 de enero de 2023, el artículo 2 del nuevo DNU prorrogó por un plazo adicional de un año la intervención del ENRE que conduce el massista Walter Martello y la correspondiente al Enargas que está a cargo del kirchnerista Osvaldo Pitrau.
El Gobierno también aprovechó la nueva norma para introducir dos medidas para agilizar trámites y permisos referidos a las obras del gasoducto troncal “Presidente Néstor Kirchner”, cuya habilitación el próximo año permitirá incrementar el traslado de la mayor producción gasífera de Vaca Muerta.
A partir de ahora, la empresa estatal Enarsa tendrá a su cargo “la realización de las actividades y gestiones necesarias para la constitución de las servidumbres que correspondan sobre los campos y terrenos atravesados por el gasoducto o afectados por sus instalaciones complementarias”.
En tanto, el Enargas deberá autorizar las “servidumbres administrativas” y estará facultado para disponer en forma provisoria el otorgamiento de una servidumbre administrativa general sobre toda la traza del proyecto a los fines de facilitar el inicio de las obras y sin perjuicio de la posterior constitución de las servidumbres particulares y de la obligación de Enarsa de constituir una fianza suficiente para garantizar los eventuales daños y perjuicios a los propietarios afectados”.
Fuente: infobae economico
