Monotributo ARCA: la fecha de la próxima recategorización

Para realizar el trámite, los monotributistas de ARCA deben basarse en la facturación acumulada en los últimos 12 meses. Aquellos que no cumplan con el trámite de recategorización del Monotributo en el plazo establecido por ARCA deberán esperar hasta enero de 2026 cuando se habilitará una nueva instancia para hacerlo.

Aunque la fecha precisa aún no está confirmada, es importante tener en cuenta que el incumplimiento de la recategorización en el Monotributo ARCA puede generar sanciones y citaciones.

A fin de ayudar a los monotributistas, ARCA lanzó El Monitor de Facturación. Se trata de una herramienta que le permite a cada monotributista la visualización y el control de los ingresos facturados por las operaciones realizadas. Podrán ver de forma gráfica e intuitiva sus ventas y servicios, incluyendo alertas que les informarán si están por exceder los topes de la categoría dentro del rango de meses que se deberá considerar para la próxima recategorización.

Por medio del Monitor de Facturación, los monotributistas verán en el portal de ARCA una barra que se completa en función de la facturación informada en el período. La herramienta señalará si el contribuyente superó o no el tope de la categoría en la que está inscripto o del máximo establecido para el régimen simplificado teniendo en cuenta los últimos doce meses cerrados.

En el caso de haber superado los límites establecidos, le recordará los trámites como la recategorización o la inscripción en el régimen general y hasta cuándo se extienden dichos plazos.

Monotributo: cuál es el monto mensual a pagar

A continuación, el monto mensual a pagar en el régimen del Monotributo de acuerdo al tipo de contribuyente y la categoría:

• Categoría A: $3.633,98 (impuesto integrado); $11.871,01 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $ 32.221,32
• Categoría B: $6.904,57 (impuesto integrado); $13.058,11 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $36.679,00
• Categoría C: $11.871,01 (impuesto integrado); $14.363,92 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $42.951,26
• Categoría D: $19.381,24 (impuesto integrado para servicios) o $ 18.048,78 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $15.800,32 (aportes al SIPA); $19.865,77 (aportes obra social); total: $55.047,33 (servicios) o $53.714,87 (venta de cosas muebles)
• Categoría E: $36.339,83 (impuesto integrado para servicios) o $28.829,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $17.380,35 (aportes al SIPA); $24.226,55 (aportes obra social); total: $77.946,73 (servicios) o $70.436,50 (venta de cosas muebles)
• Categoría F: $51.118,03 (impuesto integrado para servicios) o $37.551,16 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $19.118,38 (aportes al SIPA); $27.860,54 (aportes obra social); total: $98.096,95 (servicios) o $84.530,08 (venta de cosas muebles)
• Categoría G: $93.029,96 (impuesto integrado para servicios) o $46.514,98 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $37.472,03 (aportes al SIPA); $30.040,93 (aportes obra social); total: $149.836,63 (servicios) o $103.321,64 (venta de cosas muebles)
• Categoría H: $266.492,09 (impuesto integrado para servicios) o $133.246,04 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $26.765,73 (aportes al SIPA); $36.097,56 (aportes obra social); total: $340.061,68 (servicios) o $206.815,64 (venta de cosas muebles)
• Categoría I: $529.955,85 (impuesto integrado para servicios) o $211.982,34 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $52.460,84 (aportes al SIPA); $44.576,86 (aportes obra social); total: $626.993,55 (servicios) o $309.020,04 (venta de cosas muebles)
• Categoría J: $635.947,02 (impuesto integrado para servicios) o $254.378,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $ 73.445,18 (aportes al SIPA); $50.027,83 (aportes obra social); total: $759.420,03 (servicios) o $377.851,82 (venta de cosas muebles)
• Categoría K: $890.325,83 (impuesto integrado para servicios) o $296.775,28 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $102.823,25 (aportes al SIPA); $57.174,67 (aportes obra social); total: $1.050.323,75 (servicios) o $456.773,20 (venta de cosas muebles).

Fuente: iprofesional

Son claves las fechas para la administración financiera

El lunes 16 los bancos no atenderán al público por conmemorarse el día del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, mientras que en esa misma semana el viernes 20 se recuerda a Manuel Belgrano con la celebración del Día de la Bandera.

De esta forma, las instituciones financieras sólo abrirán sus puertas para atender clientes el martes 17, miércoles 18 y jueves 19.

De todas formas cabe recordar que todos los servicios digitales que se ofrecen a través de las plataformas de homebanking seguirán activos, salvo para transacciones como compra y venta de dólares, bonos o acciones.

Este tipo de operaciones se retomarán con sus cronogramas y horarios habituales la semana que se inicia el 23 de junio.

En caso de que un vencimiento opere en alguno de los días feriados, el mismo pasa al día hábil siguiente.

Las transferencias entre cuentas podrán realizarse sin inconvenientes a través de las opciones digitales.

Fuente: noticias argentinas

Según la CAC, el intercambio bilateral alcanzó los US $2.860 millones en mayo, con fuerte suba de importaciones y leve repunte de las exportaciones argentinas.

De acuerdo con los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la CAC, el intercambio entre Argentina y Brasil fue de US$ 2860 millones en el quinto mes del año, un 34,1% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2024, cuando había sido de US$ 2132 millones.

El intercambio creció con respecto a abril pasado un 11,4%. Las exportaciones de Argentina a Brasil aumentaron un 3,9%, mientras que las importaciones subieron un 67,4%, dando un saldo comercial deficitario de US$ 535 millones.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en mayo de 2025 un 3,9% con respecto a mayo de 2024 al sumar US$ 1163 millones, mientras que aumentaron 19,6% respecto a abril de 2025. En ambos casos se cortó la baja consecutiva de exportaciones de los últimos dos meses.

Por su parte, las importaciones desde aquel país fueron de US$ 1698 millones y mostraron una alza interanual del 67,4% y una mejora del 6,3% respecto a abril de 2025.

El saldo comercial entre ambos países luego de cinco meses en 2025 es negativo en US$ 2451 millones para Argentina, distinto a lo sucedido en ese período de 2024 cuando había resultado superavitario en US$ 142 millones.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de mayo (3,9%) correspondió principalmente al alza de vehículos para transporte de mercadería y usos especiales, aluminio, alcoholes y fenoles y motores de pistón y sus partes, mientras que el avance interanual de las importaciones argentinas (67,4%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón.

Argentina se posicionó en el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5480 millones), Estados Unidos (US$ 3625 millones) y Alemania (US$ 1272 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó en tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 9579 millones) y Estados Unidos (US$ 3606 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 0,1% en mayo de 2025 con respecto a 2024, al pasar de US$ 30.190 millones a US$ 30.156 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 4,7% con respecto a mayo de 2024, al pasar de US$ 21.888 millones a US$ 22.918 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en US$ 7239 millones, logrando que su comercio con el mundo mantenga el signo positivo por tercer mes consecutivo.

Fuente: noticias argentinas

La economía argentina avanza hacia un reordenamiento macroeconómico que trajo señales alentadoras: la inflación cede, el crédito bancario regresa y el sistema financiero empieza a mostrar dinamismo. Sin embargo, debajo de ese repunte, los balances empresariales muestran una fragilidad creciente en algunos sectores. Según un informe de First Capital Group, el crédito bancario al sector privado creció un 140% en dólares en el primer trimestre de 2025 —100% en términos reales—, pero esa recuperación está acompañada por un preocupante salto del apalancamiento y mayor riesgo de incumplimiento por parte de algunas compañías.

El relevamiento de First Capital sobre las 250 empresas más activas del sistema bancario argentino revela un deterioro generalizado en los ratios de cobertura, una caída de márgenes tanto en sectores exportadores como industriales y de consumo, y una concentración del endeudamiento en el corto plazo. En otras palabras: las compañías están más endeudadas, con menor capacidad para enfrentar sus compromisos.

“El financiamiento volvió, pero el contexto operativo es más frágil. Muchas compañías están tomando deuda para sostener el flujo más que para crecer, y eso requiere una administración muy precisa”, advierte Miguel Ángel Arrigoni, socio de First Capital Group.

El crédito crece, pero también el riesgo

En marzo, el crédito al sector privado alcanzó el 8,3% del PBI, el doble que su mínimo reciente, y el nivel más alto de los últimos años. Sin embargo, el impulso no alcanza para compensar el estrés financiero. Si bien la tasa de irregularidad de la cartera se mantiene baja (2%), los cargos por incobrabilidad aumentaron al 4,7% anual y los cheques rechazados superaron el promedio de 2024, una señal de alerta temprana en la cadena de pagos.

Las empresas enfrentan una combinación de factores adversos: menor productividad, costos crecientes en dólares, ingresos presionados y dificultades para trasladar precios. Los sectores exportadores, por su parte, operan con un tipo de cambio real más apreciado, lo que erosiona aún más sus márgenes.

Las empresas de sectores más afectados: agro, energía e industria

América en rojo: más defaults y reestructuraciones

La tendencia trasciende fronteras. En Estados Unidos, las presentaciones bajo Chapter 11 alcanzaron en 2023 su mayor nivel en ocho años, con un salto interanual del 50%. En Brasil, las solicitudes de recuperación judicial subieron 20% entre 2022 y 2023, afectando especialmente a las pymes industriales.

En Argentina, el número de concursos preventivos no creció en forma abrupta, pero los analistas advierten que crecen las reestructuraciones privadas: acuerdos discretos con bancos, proveedores y fondos, que buscan evitar las consecuencias reputacionales de un default público.

“Reestructurar deuda no es señal de debilidad, sino una estrategia para sostener la operación. El que llega tarde, pierde margen de maniobra y credibilidad”, resumió Arrigoni.

La gestión del pasivo, clave para sobrevivir

Según los especialistas, el timing en la administración de pasivos se volvió tan crucial como el capital mismo. Existen tres etapas claras:

• Reperfilamiento (hasta 1 año antes del vencimiento): permite acuerdos con mayor flexibilidad.
• Reestructuración (a seis meses del vencimiento): obliga a rediseñar sin margen para errores.
• Default (tras el incumplimiento): conlleva altos costos legales y reputacionales.

En este nuevo régimen, el financiamiento se volvió indispensable pero también más selectivo. La caída de las Leliqs habilitó un mayor flujo de préstamos bancarios, y crecieron instrumentos como cheques avalados, fideicomisos, pagarés bursátiles y préstamos sindicados. Sin embargo, el mal uso de algunos de ellos, como el pagaré bursátil, derivó en defaults que hoy limitan su despliegue.

El nuevo entorno financiero impone reglas distintas. La inflación ya no actúa como “licuadora” de deuda; cada punto de tasa real pesa. Las estructuras indexadas enfrentan descalces entre ingresos y pagos, y algunos créditos nacidos en un contexto de tasas artificialmente bajas hoy enfrentan un riesgo.

La demanda interna también se ajusta: con salarios reales golpeados y menor pass-through de precios, muchas empresas del consumo masivo no logran sostener sus precios frente a costos en dólares.

En paralelo, la volatilidad internacional impone mayores exigencias: los inversores y bancos evalúan con más rigurosidad, especialmente en créditos de corto plazo. “Las reestructuraciones exitosas combinan creatividad jurídica, músculo financiero y mucho timing. El que espera al último momento, suele pagar más caro”, concluye Arrigoni.

Fuente: ambito

Un informe que revela las principales cifras del consumo en 2025 afirma que la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos se vieron obligados a achicar sus gastos y recortar su capacidad de ahorro. Es que el ajuste alcanza a un 70% de la población regional, provocando una caída en el consumo de determinados productos.

Los indicadores también llegan a la Argentina, donde la mayoría de los consumidores eligen recortar en gastos que se dirigen a alimentos y ropa. En ese aspecto se observa que el 48% de los argentinos eligen bajar su consumo vinculado a la alimentación, y el 39% el relacionado a la vestimenta.

Asimismo, el 32% recorta sus gastos en restaurantes, el 28% en las entregas a domicilio, el 22% en productos de cuidado personal, el 21% en el alcohol y el 20% en el transporte. De esta forma, las categorías mencionadas se transforman en las principales palancas para reordenar las compras.

Recortes en compras y en ahorros

Por otra parte, el informe de Bain & Company exhibe que hay otras acciones llevadas adelante por los consumidores con el mismo fin de adaptarse al ajuste. Así, los latinoamericanos deciden cambiar a marcas más baratas, reducir el volumen de compra y hacer más cosas por sí mismos.

El 38% elige reducir el número de artículos que se adquieren, mientras que el 36% prefiere eliminar la compra de uno o más artículos por completo. A la vez, el 30% prefiere trasladar las actividades que se realizan fuera del hogar, al interior del mismo, sean recreativas o incluso obligatorias.

En cuanto a la búsqueda de mejores ofertas, el 43% de los encuestados empezó a realizar sus compras en marcas más económicas, en tanto el 31% opta por comprar marcas propias de supermercado. El 33% eligió reducir ampliamente su gasto en energía.

El informe de la consultora también refleja que únicamente el 9% de los consumidores latinos es capaz de ahorrar sin dejar de gastar en lo no esencial, mientras que otro 30% ahorra comprando sólo lo esencial. Esto se debe a que solo el 39% afirma que puede ahorrar dinero de un mes para otro, y entre los ingresos bajos, esa cifra se reduce al 19%.

A la par, el 47% asegura que les cuesta hacerse de los productos esenciales, o tienen la plata suficiente pero solamente para lo esencial. Número que aumenta en los consumidores con ingresos bajos, denotando que le ocurre al 63%.

El panorama para las ventas y las empresas

Alejandro Pérez, socio de Bain & Company y responsable por la oficina de Argentina, detalló durante la presentación del informe que la situación también impactó en los sectores de venta, ya que “las tiendas de barrio, de descuento, mayoristas y en línea fueron las que más crecieron, impulsadas por sus precios bajos y descuentos”.

Posteriormente detalló que la mayor parte de las empresas clientes de la consultora expresan un “moderado optimismo” respecto al desarrollo, las inversiones y los negocios en el país, “debido a las reglas claras que refleja la actual economía Argentina”.

En esa línea, Pérez remarcó: “esto proviene de un reordenamiento en la macroeconomía que permite inversiones sin intromisiones excesivas”, a pesar de que “mucha gente debió recortar sus gastos como se ve en las estadísticas”. La baja de aranceles a las importaciones y la quita de subsidios, son algunos de los causantes de estas perspectivas.

“La reducción de consumo y de la capacidad de ahorro se vincula a un aumento en precios relativos como los servicios, la energía, la nafta y el transporte, que impiden el consumo en otras cosas, generalmente vinculadas a productos no esenciales”, expresó en relación a la baja del dispendio.

Para considerar, en abril de 2025, el consumo masivo en el país mostró una leve recuperación, con una disminución del 0,1% respecto a marzo, luego de 15 meses consecutivos de contracción. No obstante, el acumulado del primer cuatrimestre del año registró una caída del 6,5%.

Para finalizar, Pérez señaló que desde las principales empresas “no creen que todo vuelva a ser como hace algunos años, con subsidios en todos los ámbitos y aspectos”, y que además “prevén menos aumentos”. No obstante, la caída del consumo y de la cantidad de consumidores generan cierta preocupación.

La mayoría de los consumidores padecen los aumentos

El informe realizado por Bain & Company expone que el 90% de los latinoamericanos cree que el precio de los productos y servicios aumentaron en los últimos tres meses. A la vez, el 87% manifiesta que los productos que compra subieron en ese mismo período.

Según se refleja un 84% de los encuestados, los productos que más aumentaron son los alimentos, mientras que en la consideración de un 44% figura el transporte como otro de los sectores que más elevó sus valores, ambas con altos niveles de preocupación en los consumidores que se expresaron. El 43%, por su parte, mostró inquietud por las subas en electricidad, el 38% por los aumentos en productos de cuidado personal, y el 33% en restaurantes y cafeterías.

Estos porcentajes exhiben valores muy similares a los recogidos en el año 2023, año en que la categoría de consumidor reprimido englobaba a la mayoría de los compradores, mientras que ahora lo hace la categoría de consumidor equilibrado.

Es decir, actualmente, en 2025, se observa un consumidor que ajusta su gasto para mantener estabilidad y bienestar, gestionando preocupaciones como el costo de vida y la salud. No obstante, esto no se traduce en que el ajuste de los gastos sea producto pleno de una elección.

Fuente: ambito

Como parte de los ajustes que se están realizando desde los diferentes organismos del Estado para acompañar la decisión del Gobierno de impulsar el uso de los “dólares del colchón”, la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este miércoles una nueva resolución que introduce modificaciones relevantes en el sistema normativo vigente para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las reformas impactan sobre registros públicos, entidades financieras y escribanos, y se relacionan directamente con la gestión de operaciones con dinero en efectivo.

La decisión se enmarca dentro de la política económica del Gobierno nacional para estimular el uso de divisas por fuera del sistema financiero formal. En ese contexto, se busca reducir las barreras para que los dólares físicos se vuelquen al consumo, la inversión o la adquisición de activos, sin vulnerar los controles antilavado.

Entre los fundamentos de la norma, la UIF destacó la necesidad de ajustar los umbrales para reportes de operaciones conforme al aumento generalizado de precios y a la evolución de los sectores involucrados. También se refirió a la conveniencia de adecuar los procedimientos a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que propone un enfoque basado en riesgo.

La medida tuvo origen en el Decreto 353/2025, que encomendó a la UIF revisar su normativa en un plazo de 30 días. En consecuencia, el organismo redactó una resolución que modifica artículos clave de las Resoluciones UIF Nros. 70/2011, 127/2012, 14/2023 y 242/2023, entre otras.

La norma modificó el artículo 12 de la Resolución UIF N° 70/2011, que regula los reportes de los Registros de la Propiedad Inmueble. En su nueva versión, elevó el umbral para reportar inscripciones de compraventa de inmuebles de 200 a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Este ajuste busca alinear la normativa con los valores actuales del mercado inmobiliario y reducir la carga informativa sobre operaciones de bajo riesgo. La obligación se mantiene para los casos en que el monto supere ese umbral, lo que implica una depuración del universo de transacciones sujetas a control sistemático.

La Resolución también introdujo modificaciones en los procedimientos de los registros seccionales del automotor, bajo la órbita de la Resolución UIF N° 127/2012.

En primer lugar, reformuló el artículo 16, que ahora fija un nuevo umbral para la elaboración del Perfil del Cliente: $115.000.000 anuales en operaciones de compraventa de automotores. A partir de ese monto, los sujetos obligados deben recolectar documentación que justifique el origen de los fondos utilizados. La norma especificó que no se aceptan declaraciones juradas impositivas como parte del respaldo documental.

Además, eliminó el requerimiento de contar con una certificación contable. En su lugar, se admite una variedad de documentos que incluyen escrituras, resúmenes bancarios, comprobantes de ventas de bienes y declaraciones de origen y licitud de fondos.

El artículo también contempló casos en los que no será necesario elaborar el perfil del cliente. Esas excepciones incluyen operaciones realizadas mediante transferencias bancarias o cheques personales provenientes de cuentas del titular, así como aquellas financiadas por créditos otorgados por entidades supervisadas por la Ley 21.526.

Por otro lado, la UIF suspendió por única vez la actualización automática de los umbrales previstos en los artículos 16 y 26 de la misma resolución. Esta suspensión regirá hasta enero de 2026, momento en el cual volverá a aplicarse el ajuste semestral basado en el Índice de Precios del Sector Automotor publicado por ACARA.

En relación con las operaciones de alto monto, la UIF modificó el artículo 26, estableciendo un nuevo umbral para el reporte de adquisiciones de automotores: $50.000.000.

La nueva resolución ajustó varias disposiciones de la Resolución UIF N° 14/2023, que aplica sobre entidades financieras reguladas por la Ley N° 21.526.

El artículo 42, que regula los depósitos en efectivo, ahora obliga a realizar un seguimiento reforzado cuando los montos igualen o superen 40 SMVM. En tales casos, la entidad debe identificar a la persona que realiza el depósito, y en caso de actuar en nombre de un tercero, registrar también los datos de esa persona.

Las operaciones realizadas con tarjetas o en cuentas recaudadoras quedan exceptuadas de esta exigencia, aunque igualmente deben documentarse con el titular de la cuenta.

Además, el artículo 44 estableció que todas las transacciones en efectivo por montos iguales o superiores a 40 SMVM deben informarse de manera sistemática. Esto se aplica tanto a operaciones generales como a compraventa de moneda extranjera, bajo las categorías RTE (Reporte de Transacciones en Efectivo) y RTEOC (Reporte de Transacciones en Efectivo en Operaciones de Cambio).

La resolución también actualizó el artículo 37 sobre Perfil Transaccional. El texto indica que los perfiles deben elaborarse con información prospectiva y documentación económica o patrimonial, sin que se exijan declaraciones juradas impositivas.

En cuanto a los escribanos, la resolución modificó los artículos 24 y 28 de la Resolución UIF N° 242/2023. El nuevo texto reforzó el concepto de Perfil del Cliente, que debe basarse en documentación vinculada con el origen de los fondos y con las actividades específicas desarrolladas.

En paralelo, aumentó el umbral para reportar transferencias de dominio de inmuebles en efectivo de 700 a 750 SMVM, siempre que el escribano intervenga en nombre o por cuenta del cliente.

Según indicó la entidad a cargo de Santiago Bausili, la cadena de pagos de Argentina, tanto en personas como empresas, significaron un golpe al crédito.

En tarjetas de crédito, la morosidad aumentó un 2,8%. De esta manera, en marzo tocó su pico máximo en tres años.

En cuanto a los préstamos personales, la morosidad creció por encima del 4%, marcando su punto máximo en 9 meses.

La cantidad de cheques rechazados aumentó casi al 3%, y así representó el mayor nivel en 5 años.

En términos absolutos, superaron los 64.000 en total, con una tasa de rechazo del 1,3% respecto al total de cheques compensados.

Según el BCRA, en marzo de este año los cheques rechazados habían escalado un 91,7% interanual y un 11,2% mensual, mientras que los rechazados sin fondos aumentaron un 221,9% anual.

Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, advirtió sobre una “luz amarilla” y sostuvo que el cobro de créditos se está volviendo “más difícil”.

De esta manera, debido a la falta de crédito, las empresas medianas del país comienzan a ver “cerrado” el mercado de capitales de ámbito local e internacional.

Fuente: noticias argentinas