Argentina ingresó en tiempo de descuento para cumplir con la difícil meta de acumular reservas incluida en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La primera revisión de ese programa se hará con datos del próximo mes y, si Argentina cumple con los compromisos acordados, el organismo le girará u$s2.000 millones al Banco Central. Para ese momento, según la meta comprometida ante el FMI, las reservas netas del BCRA deben estar en un nivel negativo de unos u$s2.500 millones.

Actualmente, de acuerdo a cálculos diversos de consultores privados, las reservas netas del Central son negativas por entre u$s7.600 y u$s8.400 millones, por lo que Argentina tiene unas pocas semanas para sumar reservas por entre u$s5.000 y u$s5.900 millones.

“La incógnita sigue siendo cómo se acumularán reservas. Faltan apenas quince días hábiles para el 13 de junio, cuando se cumplirá el ‘deadline’ (fecha límite) de la meta de reservas netas del segundo trimestre del año”, observó este lunes la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.

Las tres alternativas que tiene el Gobierno para acumular reservas

Para lograr el objetivo, Argentina cuenta con diversas alternativas. Una posibilidad es que el Banco Central compre dólares en el mercado de cambios

Sin embargo, de acuerdo al nuevo esquema de política cambiaria puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a mediados de abril, el Banco Central se comprometió a no comprar dólares mientras que el dólar cotice por encima de los $1.000.

“Si el Gobierno mantiene la política de no adquirir reservas interviniendo en el mercado cambiario dentro de las bandas del esquema dispuesto a mediados de abril, la acumulación vía compras en el mercado libre de cambios continuará siendo nula”, señaló la consultora LCG en un informe.

Otra alternativa es concretar en lo inmediato la operación ‘repo’ que el Banco Central anunció en abril que hará y por la que prevé colocar activos financieros entre bancos internacionales para obtener u$s2.000 millones. Argentina también podría conseguir unos u$s1.600 millones de los desembolsos comprometidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hasta junio.

Con todo, tanto los ingresos por el ‘repo’ como aquellos provenientes de organismos multilaterales tienen un límite impuesto por el FMI en el cálculo de las reservas que Argentina debe acumular para cumplir con la meta.

En ese tren, el Gobierno también recurrirá a la emisión de un título de deuda en pesos que podrá ser adquirido con dólares: se trata del Bonte 2030, exclusivo para fondos extranjeros, que se colocará este miércoles.

En una medida que allanó el camino para esta operación, la semana pasada el Banco Central habilitó a no residentes a participar de licitaciones del Tesoro en el mercado doméstico directamente con dólares, en vez de tener que venderlos en el mercado de cambios para comprar los títulos de deuda con pesos argentinos. Esto abrió el camino al lanzamiento del Bonte 2030, que anunció la Secretaría de Finanzas.

“Nuestra expectativa es que la meta no se cumplirá, pero de todos modos el FMI otorgará un ‘waiver’ (dispensa) y desembolsará los u$s2.000 millones correspondientes a la primera revisión”, sostuvo LCG.

El acuerdo con el FMI incluye préstamos totales por u$s20.000 millones, de los cuales el organismo ya desembolsó 12.000 millones.

Fuente: ambito

Los comercios dejarán de identificar a sus clientes por consumos de hasta $10 millones en efectivo y reportarlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del jueves, según la norma del organismo que oficializa uno de los puntos del paquete de medidas que lanzó la semana pasada el gobierno de Javier Milei para que los argentinos ingresen al sistema formal sus ahorros sin declarar.

Actualmente, el monto base para identificar a consumidores finales es de $250.000 en efectivo y $400.000 con otros medios de pago. ARCA dispuso la elevación del monto mediante la Resolución General 5700/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Actualmente el monto base para identificar a consumidores finales es de $250.000 en efectivo y $400.000 con otros medios de pago

De esta manera, el organismo continúa oficializando los cambios normativos en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, con el que esperan estimular la circulación de los dólares del colchón anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional.

• Identificación obligatoria del consumidor final en comprobantes:
  • Nuevo umbral unificado: $10.000.000
  • Antes: $250.000 para pagos en efectivo y $400.000 para otros medios.
• Facturación simplificada (“Facturador”) para monotributistas:
  • Nuevo límite de operación permitida: $500.000
  • Antes: el tope era más bajo (no especificado en esta resolución, pero implicaba menor flexibilidad).
• Exclusión para monotributistas sociales (efectores de economía social):
  • No pueden emitir facturas “Facturador” si la operación supera $250.000 (la mitad del nuevo tope general).

En este caso, las modificaciones instrumentadas abarcan la actualización del umbral a partir del cual es obligatorio identificar al consumidor final en los comprobantes y la ampliación del importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización del “Facturador” para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

La normativa fijó que desde el jueves 29 de mayo se incrementa a $10.000.000 el importe a partir del cual corresponde identificar en los comprobantes al adquirente, locatario o prestatario cuando revista el carácter de consumidor final. Hasta el momento, el monto era $250.000 para compras en efectivo y $400.000 para compras con otros medios de pago.

Con la actualización implementada, se unificaron ambos umbrales determinando que una vez alcanzado se deberá consignar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI), o documento/cédula de identidad/pasaporte para extranjeros.

Al mismo tiempo, se amplió a $500.000 el importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización de la herramienta de facturación denominada “Facturador” para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Asimismo, se aclaró que los monotributistas sociales, inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, no podrán emitir comprobantes a través del “Facturador” cuando el importe de la operación sea mayor a la mitad del nuevo importe, es decir, $250.000.

La medida está amparada en el Decreto 353, que “dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

En la citada norma, se encomendó a ARCA que “simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo”, partiendo de que “es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”.

Los montos no representan prohibiciones de movimientos, pero sí un umbral por el cual el organismo recibe de manera automática un alerta de parte desupermercados, comercios, bancos, sociedades de bolsa, y puede pedir a partir de esa información que el contribuyente demuestre el origen de los fondos, con el fin de asegurarse de que provengan de actividades legítimas y declaradas.

En otras palabras, por debajo de esos niveles, los movimientos financieros no suelen entrar en el radar del fisco. En algunos casos también se eliminó directamente el régimen de información: compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales, operaciones notariales, compra-venta de vehículos, pago de expensas, transferencias de inmuebles y consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.

Esto no quiere decir que los movimientos por montos inusuales o muy elevados no puedan ser motivo de investigación de otras unidades, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Es el caso del Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT), una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo.

De esta manera, el organismo continúa oficializando los cambios normativos en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, con el que esperan estimular la circulación de los dólares del colchón anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional.

• Identificación obligatoria del consumidor final en comprobantes:
  • Nuevo umbral unificado: $10.000.000
  • Antes: $250.000 para pagos en efectivo y $400.000 para otros medios.
• Facturación simplificada (“Facturador”) para monotributistas:
  • Nuevo límite de operación permitida: $500.000
  • Antes: el tope era más bajo (no especificado en esta resolución, pero implicaba menor flexibilidad).
• Exclusión para monotributistas sociales (efectores de economía social):
  • No pueden emitir facturas “Facturador” si la operación supera $250.000 (la mitad del nuevo tope general).

En este caso, las modificaciones instrumentadas abarcan la actualización del umbral a partir del cual es obligatorio identificar al consumidor final en los comprobantes y la ampliación del importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización del “Facturador” para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

La normativa fijó que desde el jueves 29 de mayo se incrementa a $10.000.000 el importe a partir del cual corresponde identificar en los comprobantes al adquirente, locatario o prestatario cuando revista el carácter de consumidor final. Hasta el momento, el monto era $250.000 para compras en efectivo y $400.000 para compras con otros medios de pago.

Con la actualización implementada, se unificaron ambos umbrales determinando que una vez alcanzado se deberá consignar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI), o documento/cédula de identidad/pasaporte para extranjeros.

Al mismo tiempo, se amplió a $500.000 el importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante la utilización de la herramienta de facturación denominada “Facturador” para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Asimismo, se aclaró que los monotributistas sociales, inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, no podrán emitir comprobantes a través del “Facturador” cuando el importe de la operación sea mayor a la mitad del nuevo importe, es decir, $250.000.

La medida está amparada en el Decreto 353, que “dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

En la citada norma, se encomendó a ARCA que “simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo”, partiendo de que “es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”.

Los montos no representan prohibiciones de movimientos, pero sí un umbral por el cual el organismo recibe de manera automática un alerta de parte desupermercados, comercios, bancos, sociedades de bolsa, y puede pedir a partir de esa información que el contribuyente demuestre el origen de los fondos, con el fin de asegurarse de que provengan de actividades legítimas y declaradas.

En otras palabras, por debajo de esos niveles, los movimientos financieros no suelen entrar en el radar del fisco. En algunos casos también se eliminó directamente el régimen de información: compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales, operaciones notariales, compra-venta de vehículos, pago de expensas, transferencias de inmuebles y consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.

Esto no quiere decir que los movimientos por montos inusuales o muy elevados no puedan ser motivo de investigación de otras unidades, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Es el caso del Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT), una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo.

Fuente: iprofesional

En abril, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) creció 0,8% mensual, tras anotar una baja del 1,1% en marzo. En cuanto al crecimiento interanual, registró un incremento del 4,5%. Según la entidad, la moderación inflacionaria de abril significó un alivio para los consumidores, aunque se mantuvo en un valor relativamente elevado.

“En lo que va de 2025, todos los meses muestran subas interanuales, destacándose especialmente abril, que tuvo la tasa de variación más elevada. Sumado a ello, el índice desestacionalizado retornó el crecimiento intermensual, marcando un avance para el cuarto mes del año”, afirmaron desde la CAC.

Esto sucedió en un escenario económico en el que la inflación se desaceleró en abril al ubicarse en el 2,8%, con una interanual de 47,3% y una acumulada anual de 11,6%.

En paralelo, remarcaron desde la entidad, que las primeras repercusiones post salida parcial del cepo cambiario fueron alentadoras.

“El tipo de cambio mayorista no experimentó un crecimiento sostenido en las primeras cinco semanas del nuevo esquema monetario cambiario, a la par de mantener una volatilidad relativamente baja. Si bien en un principio las tasas de interés sufrieron un rally alcista, retornaron a niveles previos al cambio en la política”, destacaron.

En suma, destacaron que las condiciones macroeconómicas no comprometieron significativamente el proceso de recomposición del consumo, tanto para durables como para el resto de los bienes y servicios.

Para la CAC, el desempeño de la economía argentina y el consumo presentan un comportamiento similar, lo cual se expresa en tasas de variación interanual que, usualmente, se incrementan o reducen en la misma línea. En gran parte del 2024, las variaciones interanuales tanto del IC como del EMAE presentaron un comportamiento negativo.

En marzo de 2025, el EMAE registró un avance interanual del 5,6%, y marcó el cuarto avance consecutivo. “Este incremento en el indicador de actividad estuvo alineado con lo ocurrido con el IC durante el mismo mes, donde las variaciones interanuales experimentadas mostraron un valor positivo en los primeros tres meses del año. En ambas series, la baja base de comparación contribuye a la performance positiva de los indicadores”

Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, desde la entidad se observó una dinámica generalizada de crecimiento interanual respecto a los valores de abril de 2024, teniendo en cuenta el bajo punto de comparación.

Rubro por rubro: cómo les fue a cada uno en abril

El rubro de indumentaria y calzado mostró en el cuarto mes del año un crecimiento de 7% interanual, con una contribución positiva del 0,4% al avance de 4,5% interanual del IC. El valor se explicó principalmente por “el bajo nivel de comparación en el mismo mes de 2024. El rubro aún se encuentra 22% por debajo de los niveles de prepandemia”.

Por otro lado, transporte y vehículos mostró un crecimiento del 6,6% interanual en abril, y contribuyó positivamente en un 0,9% a la variación interanual del IC. El rubro estuvo traccionado por el avance del patentamiento de automóviles, que arrojó una variación interanual de 68%.

Recreación y cultura mostró en abril un crecimiento de 27,2% i.a. (con una contribución positiva de 1,5 puntos porcentuales (p.p.) al IC). El gran avance se funda en una bajísima base de comparación: el índice en abril de 2024 había sufrido una contracción interanual de 36%, dejando un valor muy bajo para dicho mes.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un decrecimiento de 0,6% i.a. en abril. La contracción estuvo principalmente explicada por una caída en la demanda eléctrica, debido a una temperatura promedio mayor a la del año pasado.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron un avance estimado de 3,1% i.a. en abril (y una incidencia de 1,8 p.p.), posicionándose en niveles 1,8% por encima de los niveles prepandemia.

En abril, los bienes de consumo masivo (FMCG o fast-moving consumer goods, es decir, los bienes de alta rotación y vida útil muy corta) retornaron al terreno positivo en sus variaciones interanuales, marcando un avance de 0,1%.

En línea con ello, “se proyecta que el consumo masivo repunte durante este año y recupere parte del terreno perdido, de la mano del proceso desinflacionario”.

Desde la CAC, también explicaron que el crédito en términos reales “logró crecer sostenidamente durante todos los meses restantes del año y continuó el proceso a inicios del 2025”. Si bien hubo una leve desaceleración en su crecimiento mes a mes, el crédito continúa muestra una pendiente positiva y apunta a los aún lejanos máximos históricos.

La deuda en tarjetas de crédito y los créditos personales y prendarios lograron superar los niveles de abril de 2023, posibilitando el consumo de electrodomésticos y autos. “El patentamiento de automóviles sigue marcando crecimientos interanuales significativos, empujado, principalmente, por la compra de importados”, detallaron.

En cuanto al crédito hipotecario también continúa “un proceso de recomposición que se traduce en una mayor escrituración, aunque aún le falta mucho terreno por recorrer”. En paralelo, el incremento de las tasas en todas las líneas de crédito luego de la salida del cepo fue transitorio y ya volvió a los niveles previos.

En resumen, destacaron que “el consumo masivo continúa su proceso de recuperación, mientras que el consumo de bienes durables atravesaría una moderación, pero mantendría una pendiente positiva. Sin embargo, el cambio en la estructura de consumos del hogar persiste, orientándose más a bienes durables facilitados por el crédito que a bienes de consumo diario”.

Fuente: ambito

Bancos públicos y privados lanzaron líneas para atender esta demanda.

Cámaras de comercio e industria de distintas provincias iniciaron gestiones ante los distintos bancos públicos para tratar de que liberen fondos destinados a otorgar esos préstamos.

Los representantes del empresariado manifestaron en distintas provincias que existe una caída de ventas que complica la situación financiera de las empresas.

La Cámara de Comercio e Industria de La Pampa presentó un panorama económico provincial que arroja retracción en el consumo de los sectores comercial y de servicios, que rondan el 10 por ciento.

El sector empresarial de distintas provincias sostiene que hay una caída sostenida en las ventas, por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento en los costos
operativos que afectan directamente a los negocios locales.

Frente a este escenario, se planteó la necesidad de implementar instrumentos financieros específicos para brindar alivio a corto plazo y fomentar el sostenimiento de la actividad económica en el territorio provincial.

En este escenario, el Banco de La Pampa lanzó una línea de crédito para el pago de aguinaldos, dirigida a empresas y empleadores locales, y tiene como fin
facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de mitad de año, ofreciendo liquidez inmediata en condiciones accesibles.

La medida fue anunciada en el marco de una reunión conjunta entre las autoridades de la entidad, cuyo directorio preside Alexis Iviglia, y sus pares de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia, Graciela Bejar, Mario Martínez y Roberto Nevares.

Además de los préstamos para aguinaldo, los funcionarios se quedaron con una carpeta con medidas propuestas por el sector productivo, cuya factibilidad e implementación se comprometieron a evaluar. Entre ellas, otra línea de crédito con tasa bonificada para inversiones en infraestructura, orientada a fomentar mejoras edilicias, tecnológicas y logísticas en los establecimientos comerciales y de servicios.

Desde el sector privado, el Banco Galicia lanzó créditos orientados a que las pymes puedan afrontar el pago de sueldos y aguinaldos, al tiempo que ofrece beneficios concretos para los trabajadores que cobren sus haberes en la entidad.

La caída del consumo en el último año -que recién mostró leves signos de recuperación en abril último- complicó el escenario comercial en el interior del país.

En la Patagonia, La Anónima, una de las principales cadenas de supermercados del país, reportó un balance anual con una caída del 4% en sus ingresos totales.

Durante el período se realizaron 51,9 millones de operaciones de compra en las sucursales, frente a las 56,7 millones del mismo período del año anterior.

Los clientes pasaron menos veces por la caja, con una caída del 8,5% en la cantidad de tickets, un fuerte descenso en el volumen de ventas.

Este dato revela que, más allá del número de sucursales, la frecuencia de compra se redujo, golpeando directamente el volumen de ventas.

En el gobierno nacional se esperanza en que la tendencia se empieza a revertir, aunque admiten que a un ritmo lento.

Según datos de la consultora Scentia, hubo una suba del consumo masivo promedio de apenas 0,1% interanual en abril.

Así, por primera vez en 16 meses el consumo masivo no cayó, aunque las ventas en los supermercados bajaron 3%.

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que si bien las ventas minoristas de las pymes exhibieron otra mejora en abril, al crecer 3,7% interanual, retrocedieron 1,8% frente a marzo.

Fuente: noticias argentinas

ARCA anunció que eleva los montos que disparan la investigación de las transferencias, extracciones de efectivo y plazos fijos. Los nuevos valores establecidos por la ex AFIP rigen desde junio próximo.

ARCA, ex AFIP: los nuevos valores que disparan las investigaciones sobre transferencias

A continuación, el detalle de los nuevos valores que rigen desde junio 2025 para no ser investigados por ARCA, la ex AFIP:

• Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $50 millones para personas físicas y de $30 millones para personas jurídicas
• Extracciones en efectivo: el umbral será de $10 millones para personas físicas y de $10 millones para jurídicas
• Los saldos bancarios se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
• Plazos fijos: se elevan a $100 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
• Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
• Tenencias en sociedades de bolsa: sube a $100 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
• Compras de consumidor final: se eleva a $10 millones para ambos rubros
• Se podrán hacer compras de hasta $10 millones sin que nadie requiera información adicional

Nuevos montos que disparan investigaciones de ARCA, ex AFIP,  en junio 2025

ARCA: los errores en las transferencias que disparan investigaciones

Estos son los errores más comunes que se deben evitar para no ser investigados por ARCA:

• Transferir montos que excedan el tope permitido: Es fundamental conocer los montos permitidos, ya sea por el banco o por billeteras virtuales.
• Exceder el monto máximo sin declarar: Las transferencias hechas con billeteras virtuales no deben superar los montos límite sin respaldos en los ingresos previamente declarados.
• No poder justificar los fondos de las cuentas bancarias o billeteras virtuales: Las operaciones siempre deben estar respaldadas, aunque sean transferencias entre cuentas propias. En caso de no contar con justificación, el banco deberá informar las operaciones y ARCA podrá solicitar documentación que pruebe el origen legal de los fondos.
• No responder a las solicitudes del banco o empresa de billetera virtual: si se exige la documentación para justificar el origen de los fondos, es importante no tener demoras para evitar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIA).

Transferencias: qué documentación puede solicitar ARCA

En caso de cometer errores en las transferencias, ARCA comenzará una investigación en la que podrá solicitar los siguientes datos:

• Boletas de compra y venta
• Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa
• Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios
• Facturación de los últimos meses
• Constancia del monotributo
• Certificado de fondos emitido por un contador público.

Tanto los bancos como las billeteras virtuales están obligados a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). En caso de recibir grandes sumas de dinero, ARCA, la ex AFIP, puede solicitar justificativos del origen de los fondos.

En caso de no poder justificar de dónde provienen dichos fondos, es posible que se rechacen transferencias, se congelen saldos y se bloquean cuentas. Por otra parte, ARCA, la ex AFIP puede iniciar una intimación para declarar el origen de los fondos.

Fuente: iprofesional

Luego de anunciar y poner en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno instó a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información con el objetivo de “garantizar las condiciones” establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

Sin embargo, advirtió que en caso de no adherir, la provincia “perderá el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado donde aclara que a partir de esta acción se preservará la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos en todas las jurisdicciones del país.

El Gobierno destacó que a partir de estas medidas “avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran” y reiteró la convocatoria a los gobernadores provinciales “a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

En qué consiste el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias

El sistema simplificado para el impuesto a las Ganancias, anunciado por Juan Pazo la semana pasada, apunta a facilitar los trámites y reducir las obligaciones para quienes ya operan dentro del circuito formal de la economía.

La iniciativa propone una transformación en la forma en que se determina y liquida el tributo. El nuevo modelo deja de exigir datos sobre el patrimonio y los consumos personales de los contribuyentes y se enfoca exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles.

“No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial.

A partir de junio, las personas alcanzadas podrán elegir esta modalidad, que regirá para el período fiscal 2025, el cual comienza en esa misma fecha y finaliza a mediados del año siguiente. Según explicaron desde el organismo, en el vencimiento previsto para mayo de 2026, cada usuario podrá ingresar a su perfil en el sitio web de ARCA, verificar el monto que el sistema haya calculado, y decidir si lo acepta, lo abona o lo modifica, según los datos que tenga disponibles.

Qué dijeron las provincias sobre las medidas del Gobierno

Si bien todavía las provincias no definieron oficialmente si se adherirán al nuevo sistema impulsado por el Gobierno, algunas adelantaron su posición al respecto.

La administración de Santa Fe celebró el nuevo blanqueo de dólares, pero anunció medidas locales para evitar el lavado de activos provenientes del delito. “Desde la provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública”, afirmaron.

Los ministros santafesinos de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, dieron a conocer un paquete de iniciativas con el objetivo de reforzar la seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico y para evitar que las bandas usufructúan la flamante medida nacional.

En tanto, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) salieron a cuestionar la propuesta del Poder Ejecutivo. Su director ejecutivo, Cristian Girard, calificó la iniciativa como un “blanqueo encubierto” y aseguró que la provincia continuará fiscalizando a los contribuyentes.

“Se presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a los ahorros acumulados, sino a permitir que no se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo. La normativa penal tributaria y de prevención del lavado sigue intacta”, explicó Girard en declaraciones a la prensa.

Desde ARBA remarcaron que las medidas nacionales no afectan las normativas tributarias provinciales ni las obligaciones de los contribuyentes bonaerenses. Además, dejaron en claro que los regímenes de información siguen vigentes y que la estrategia de fiscalización no sufrirá cambios sustanciales.

Fuente: ambito

La natalidad en la Argentina bajó un 40% en menos de diez años en la Argentina, según un estudio de la Universidad Austral. Entre las conclusiones, resalta que la “inestabilidad económica y deterioro del empleo” influyen en la decisión de postergar la tenencia de hijos. Especialistas lo ven como un fenómeno multicausal y que podría impactar en el futuro del sistema previsional.

El economista y director de la consultora Epyca, Martín Kalos, destacó, entre los puntos claves de la natalidad, que al país “se le está pasando el boom demográfico en los años más críticos de su historia”. “La Argentina está en una década de caída del PBI per cápita justo en la época en la que tenemos más población joven en edad de trabajar”, puntualizó.

Por su lado, la economista Candelaria Botto destacó a este medio que hay una “inversión” del triángulo demográfico, que explica que haya “más adultos mayores que personas jóvenes”. Esto impactaría, en principio, mediante la extensión de la edad jubilatoria.

El estudio “Estructuras familiares y cambios sociales. Una mirada de la realidad Argentina”, del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, arrojó que la natalidad cayó un 40% en el país entre 2014 y 2022.

Entre las conclusiones sobre esta baja, el estudio señaló que:

• Se presenta más en zonas urbanas que en las rurales;
• Se acentúa al aumentar el estrato social y el nivel educativo;
• Los ciclos económicos influyen significativamente en las decisiones procreativas: “En contextos de inestabilidad económica y deterioro del empleo, las familias tienden a postergar o reducir la decisión de tener hijos”.

En paralelo, resaltó datos sobre dos poblaciones puntuales de la pirámide demográfica: los más jóvenes y los más longevos. Ambos grupos, considerados “dependientes económicamente de personas en edad de trabajar”, sufrieron alteraciones.

Según cita el informe, entre el censo de 2010 y el de 2022, la población de 0 a 14 años se redujo de un 39% a 33% en la Argentina, mientras que el grupo de 65 años o más aumentó (15% a 18%). Tras la publicación de este estudio, esta semana el presidente Javier Milei relacionó esta baja natalidad con la existencia del aborto legal, durante la cumbre empresarial de AmCham.

La Argentina y su “envejecimiento poblacional”

Otro informe señala que la Argentina atraviesa un “proceso de envejecimiento poblacional” y lo vincula con dos fenómenos: “La disminución relativa de la población más joven y la reducción de la mortalidad”.

El estudio “El Futuro de los cuidados”, de la organización Fundar publicado en marzo de 2025, describe que estos dos factores del envejecimiento se deben a “la caída de la natalidad” y a “las mejoras en las condiciones de vida y de salud de la población”.

La llamada tasa global de fecundidad refiere a la “cantidad de nacimientos de hijos/as vivos por mujer”. Según la organización, su trayectoria aumentó un 2% entre 1950 y 2015 en el país, pero a partir de allí “esta tendencia se revirtió drásticamente”. “Para 2022, la fecundidad en nuestro país registró una caída del 34%”, sostiene el documento.

Kalos menciona en la actualidad una “falta de perspectiva de una mejora de los ingresos” y “una pauperización de la familia”. Así, aparece un “condicionante económico” que lleva a muchas personas a tener una escasa perspectiva de futuro y a que les cueste decidir si tener hijos.

Además, destacó que “el gran problema” con este panorama son las “crisis macroeconómicas, una estructura productiva a la cual le faltan políticas y coordinación entre el sector público y el sector privado para desarrollarse”.

En ese escenario, el director subrayó que “la discusión no puede pasar porque una parte importante de la población adulta mayor sea pobre, porque estamos condenandolos a trabajar cuando ya no está en condiciones y/o a depender de familiares”, y agregó que “de ahí a que veamos personas más ancianas viviendo en la calle, hay un paso”.

Para Kalos, la contracara de este proceso es la informalidad laboral, que “vuelve particularmente acuciante este problema”: “No se trata sólo de que hay más adultos mayores, sino de que los adultos jóvenes no aportan contribuciones sociales ni a través de otros impuestos en una economía cada vez más informal”.

Qué puede venir para el futuro

Al preguntarse sobre “qué nos espera ahora”, Kalos señaló que con más cantidad de personas que en las próximas décadas, “tendremos más población pasiva en relación a la que está en una situación laboralmente activa”.

Sobre cómo puede afectar esta baja a la economía, el economista adelantó que algunos de los fenómenos “que se vienen” son “más jubilaciones que pagar y más población en edad de jubilarse”. A la par de esto, “probablemente con cada vez menos proporción de personas habiendo cumplido los requisitos para jubilarse”.

Por su lado, Botto destacó que el triángulo demográfico se invirtió con “más adultos mayores que personas jóvenes” y que “eso es un problema para la presión que generan los sistemas previsionales”: “Hay una búsqueda del Gobierno en extender la edad jubilatoria que tiene que ver con eso”.

Pocos nacimientos: ¿por culpa del aborto?

Mientras hablaba sobre la importancia de la productividad repartida entre varias personas, el presidente Milei apuntó que “el rol de la población es fundamental para el crecimiento económico”. En esa línea, mencionó a la agenda 2030 y “del progreso”: “Ahora se están dando cuenta de que se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad”.

Y recalcó que un miedo actual es “que el mundo se quede sin gente” y que “si lo pensábamos antes nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”. Al ser consultada, la socióloga y directora del área de géneros de la organización Fundar María de las Nieves Puglia sostuvo a este medio que “los datos desarman rápidamente” a este tipo de afirmaciones.

“La natalidad cae profundamente a partir de 2014 y la ley se aprueba a fines de 2020. La caída es un indicador de modernidad, sucede en las sociedades más desarrolladas”, recordó. Además, explicó que el descenso se explica por diversas causas, entre ellas “el ingreso masivo y heterogéneo de las mujeres al mercado laboral, a la educación media y superior, a métodos de salud sexual y reproductiva y factores culturales”.

Por su lado, Botto apuntó que este tipo de pensamiento “no es una afirmación basada en evidencia ya que no aumentaron los abortos a medida que bajó la natalidad” sino que estos “pasaron a ser seguros” y agregó que “la tasa de natalidad viene en tendencia baja desde mucho antes” de que el aborto se volviera ley en nuestro país.

Las mujeres, entre el trabajo pago y no pago

A pesar de este aumento de la presencia femenina en ámbitos laborales y educativos, Puglia ubica que “seguimos teniendo una carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado”: “Las mujeres tenemos una doble y triple jornada de trabajo entre pago y no pago”.

“Sin esquemas que distribuyan más la responsabilidad, e infraestructuras que permitan descargar esas horas entre otros actores que podrían cuidar, no veo condiciones de crianza más amigables y compatibles con la vida contemporánea”, apuntó la socióloga en relación a los sistemas de licencias actuales.

Además, agregó que esto se agrava en el caso de aquellas entre los 30 y 50 años. Estas gestionan los cuidados “hacia arriba y hacia abajo: entre sus hijos y sus padres”: “Las mujeres en la transición demográfica somos verdaderas mujeres sándwich”.

Botto sostiene que “la asimétrica distribución de las tareas de cuidado hace que, a la hora de decidir ser o no ser madres, las mujeres tengan que tener en cuenta que con ello viene una jornada de trabajo extra que en muchos casos no va a estar ni paga ni reconocida”.

La economista subraya que si existiera un rol más activo “del Estado en la crianza” y del sector privado con “espacios materno-paternales para sus trabajadores”, entonces “sería una discusión más interesante para pensar cómo aumentar la natalidad”.

A estos espacios, también lo piensa junto a mayor presencia de los clubes barriales, jornadas escolares más amplias, espacios de deporte y formación extracurriculares, con el Estado asegurándose “para que no sea una penalidad en la carrera de las mujeres tomar la decisión de ser madres”.

Fuente: ambito

El BCRA avanza para habilitar pagos y cuotas con tarjeta de crédito en dólares como parte del esquema de competencia de monedas impulsado por Milei.

La apertura de las importaciones, combinada con costos de producción y salariales cada vez más altos, colocó en situación crítica a la industria textil nacional, que llega a esta altura del año con buena parte de su estructura paralizada y con el riesgo latente de que se pierdan miles de puestos de trabajo. Así lo advierten organizaciones como Fundación Protejer, La Red Textil, y múltiples empresarios del rubro. Relevamientos de esos actores arrojan que, por estos días, el 67% de las compras de ropa que se realizan en el país corresponden a prendas fabricadas en el exterior. La comercialización viene mostrando un incremento superior al 100% versus la primera mitad de 2024, pero con la particularidad de que las ventas no se concentran en el producto nacional sino todo lo contrario.

Un informe reciente de la Fundación Protejer afirma que las importaciones de ropa y textiles del hogar se dispararon en el primer trimestre del año marcando un récord histórico: crecieron un 86% y 109% interanual en volumen, respectivamente.

“Lo más preocupante es que, si bien las cantidades importadas prácticamente se duplicaron, los valores en dólares crecieron mucho menos. Esto indica que muchos de estos productos están ingresando al país a valores significativamente más bajos que en 2024 e incluso por debajo de los valores registrados en los últimos 11 años”, señala la entidad, alegando competencia desigual respecto de los productos hechos en el país.

“Una situación similar se observa en las importaciones de tejidos, que también muestran una tendencia creciente en volumen, pero a precios muy por debajo de los niveles históricos. El caso más alarmante es el de los tejidos de punto: durante el primer trimestre ingresaron más de 30.000 toneladas, un volumen que no se registraba desde hace más de una década. Esto representa un incremento del 155% en comparación con el mismo período de 2024 y supera en un 41% el récord anterior de 2022”, añade.

Textiles y una producción que se paraliza

Según la Fundación Protejer, el actual es un escenario de creciente vulnerabilidad para la producción local, que enfrenta una mayor exposición a la competencia desleal proveniente del exterior.

“… se comienza a traducir en el cierre de empresas, pérdida de empleo y de eslabones clave dentro de la cadena de valor y una racionalización forzada del sector que opera en condiciones desfavorables, mientras compite con productos importados favorecidos por la política económica…”, argumenta la organización en su informe.

Luciano Galfione, titular de la organización, declaró que por estos días existe una avalancha de productos importados por la política de desregular el mercado textil, con aranceles inclusive más bajos que Brasil, otro actor del mercado. “Hoy tenemos 6 de cada 10 máquinas paradas en Argentina, y eso tiene consecuencias en el empleo”, dijo.

“Hemos perdido 10.000 puestos de trabajo, es probable que se profundice en el mediano y largo plazo por estas medidas. Cuando se bajan aranceles a la importación se perjudica a quienes producen riqueza y complican la competencia”, agregó.

El mismo Galfione protagonizó en las últimas horas un intercambio en su espacio en la red social X con distintos usuarios que salieron a cuestionar los dichos del directivo respecto de la incidencia negativa de la importación desmesurada.

Textiles afirman que peligran miles de puestos de trabajo

“No lloramos, explicamos que el problema del precio no es la producción nacional y que el producto importado también se vende caro. El problema está en la cadena comercial y si no se soluciona ese problema vas a generar más desocupación y vas a seguir comprando ropa cara”, replicó en una de sus intervenciones.

“Que compres caro no es responsabilidad del industrial. En Argentina es caro todo, no sólo la ropa, un auto, una goma de borrar, un lápiz, una cubierta. Es caro un crédito, un Uber, un pasaje de avión. ¿No será que el problema es otro? ¿Impuestos, logística, alquileres, bancos?”, acotó en otro “tuit”.

Otra organización del rubro que también criticó fuertemente la entrada a mansalva de productos importados es la Red Textil. En ese sentido, Melen Vergniaud, titular de esa entidad afirmó que el sector sufre “una situación bastante compleja que viene de arrastre, pero que en este último año y medio y, sobre todo, desde el verano para acá, se profundizó notablemente”.

“Nosotros hoy competimos con dos cuestiones: la ropa que ingresa, cuando tiene precio más bajo, proviene de países donde la regulación laboral no está ni cerca de lo que tenemos acá. Contra ese tipo de producción es muy difícil poder competir. Por otro lado, hay una realidad que tiene que ver con que el sector ha quedado también atrasado tecnológicamente en toda su cadena. Producir acá termina siendo más costoso”, precisó.

En concreto, Vergniaud subrayó que el mal momento que padecen las empresas y pymes de la ropa es consecuencia, precisamente, de la apertura indiscriminada de importaciones y la baja de aranceles. Empresas y organizaciones sostienen que el ingreso irrestricto de prendas provenientes del exterior mantiene en riesgo la continuidad de al menos 150.000 empleos.

Fuente: iprofesional